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Buenos Aires, 26 de mayo de 2025 – Total News Agency-TNA–La Confederación General del Trabajo (CGT) recurrió a la Justicia laboral con una acción de amparo colectivo para frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que redefine los alcances del derecho a huelga y amplía las actividades consideradas como “servicios esenciales”. Foto: Capos de CGT rien, pero no se comprende porqué
La presentación judicial fue realizada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3, a cargo de la jueza Moira Fullana, y fue elaborada por un equipo legal conformado por Federico West Ocampo (Sanidad), Hugo Moyano (hijo) y Marta Pujadas (Uocra). En el escrito, los abogados calificaron el decreto como “inconstitucional” y denunciaron que constituye “un ataque directo” al derecho constitucional de huelga.
En el amparo, la central obrera solicitó una medida cautelar de no innovar que suspenda de forma inmediata la aplicación de los artículos 2° y 3° del DNU, por entender que los mismos restringen severamente la posibilidad de realizar medidas de fuerza al establecer un piso de prestación mínima del 75% para servicios esenciales y del 50% para los de “importancia trascendental”.
Entre los argumentos presentados, la CGT señaló que la norma viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tratados de derechos humanos y otros pactos internacionales que gozan de jerarquía constitucional. También argumentó que el Ejecutivo no justificó el uso del mecanismo de decreto de necesidad y urgencia, dado que el Congreso se encuentra en funcionamiento y no existe una situación excepcional que lo habilite.
“El decreto implica una gravísima regresividad normativa”, sostuvieron los abogados de la central, al considerar que la modificación al artículo 24 de la Ley 25.877 desnaturaliza el derecho a huelga, debilita la negociación colectiva y rompe el equilibrio en las relaciones laborales.
La CGT presentó la acción en representación de todos los trabajadores del país, invocando su carácter de entidad sindical de tercer grado con personería gremial. Además, anticiparon que otras centrales, como las dos vertientes de la CTA, podrían avanzar en acciones similares en los próximos días.
La medida se da en un contexto de tensión creciente entre el gobierno y el movimiento obrero, en medio de una política de reformas laborales impulsada por la administración Milei que ya había sido judicialmente cuestionada por la CGT con el DNU 70/2023, apenas iniciado su mandato.
