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Por Darío Rosatti
Buenos Aires, 12 de junio de 2025 – Total News Agency-TNA–En una maniobra que promete tensar aún más el vínculo entre la política y la Justicia, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se prepara para presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de revertir su condena e inhabilitación perpetua dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su apuesta, según pudo confirmar Total News Agency, busca lograr dos objetivos clave: recuperar su elegibilidad para cargos públicos y evitar la ejecución de la pena de prisión efectiva. El ejemplos Petro usado no aplicaría y la corte ya fallo en contra en otros procesos.
El anuncio fue confirmado por su abogado, Carlos Beraldi, aunque la estrategia judicial va más allá. Dos letrados pertenecientes a un importante estudio jurídico estadounidense ya habrían iniciado contactos con miembros de la CIDH en Washington, donde la presentación sería analizada con celeridad. El caso de Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, es el antecedente que los abogados de Fernández de Kirchner utilizarán como base de su reclamo.
Petro, cuando era alcalde de Bogotá, fue inhabilitado por decisión administrativa del Estado colombiano. La CIDH intervino entonces a su favor, dictando una medida cautelar que le permitió ser candidato, decisión que luego fue ratificada por la Corte Interamericana. Cristina Kirchner buscará replicar esa situación, aunque los contextos difieren de forma sustancial: mientras Petro no fue condenado penalmente, Fernández de Kirchner fue hallada culpable por corrupción en la causa Vialidad, tras un proceso que recorrió todas las instancias judiciales durante más de 17 años.
La defensa de la exmandataria argumentará que fue víctima de persecución política y que se violaron sus derechos fundamentales, especialmente su posibilidad de ser candidata en elecciones libres. Por eso, pedirá que se suspenda la ejecución del fallo de la Corte Suprema argentina, tanto en su condena penal como en la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La jugada apunta a ser resuelta antes del 7 de septiembre, fecha clave en el calendario electoral bonaerense, en la cual Cristina Kirchner —por ahora— está excluida. La urgencia también tiene una dimensión práctica: si la medida cautelar de la CIDH prospera, no solo podría postularse, sino que debería quedar en libertad para hacer campaña.
Sin embargo, el escenario legal no le es favorable. La Corte Suprema ya ha dejado claro su postura ante fallos internacionales que intentan revertir sentencias firmes de la Justicia argentina. En el caso Fontevecchia, rechazó por mayoría el pedido de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería para dejar sin efecto un fallo confirmado por el máximo tribunal. En ese pronunciamiento, los jueces Lorenzetti, Highton, Rosenkrantz y Rosatti coincidieron en que la Corte Interamericana no puede actuar como una “cuarta instancia” ni ordenar la revocación de decisiones judiciales firmes, amparándose en el artículo 108 de la Constitución Nacional.
Este precedente deja claro que, incluso si la CIDH le concede una medida cautelar, el Estado argentino no está obligado a acatarla, ni modificar un fallo dictado con fuerza de cosa juzgada. Es decir, el intento de Cristina Kirchner podría tener impacto solo ante sus militantes políticos, pero escasa viabilidad jurídica en el plano nacional.
Aún así, la expresidenta no se resigna. Con el tiempo en su contra, juega su última carta en un tablero en el que ya ha sido condenada. El recurso en la CIDH también puede fracasar, y no solo quedará fuera de la contienda electoral, sino que también quedara demostrado que no hubo ningún complot en su contra sino que fue su violación al código penal quien la condeno y deberá enfrentar sin chistar la ejecución de la sentencia y la posibilidad concreta de cumplir prisión efectiva. En caso que internacionalmente se la justificara por algún artilugio político o compra de voluntades, la corte no cambiaría su posición invalidando sus fallos anteriores y permanecerá 6 años detenida si es que en ese tiempo se producen mas condenas en otras causas y la apelación de los fiscales pidiendo 12 años de prisión en Vialidad es tomada en cuenta.
TNA
