Buenos Aires, 16 de junio de 2025 – Total News Agency-TNA –El Tribunal Oral Federal N.º 2 resolvió este martes que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena de seis años por administración fraudulenta en la causa Vialidad bajo la modalidad de prisión domiciliaria, aunque con una medida adicional: deberá portar una tobillera electrónica durante toda la pena.
La decisión, rubricada por el juez Jorge Gorini, establece que la exmandataria cumplirá su detención en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. La medida de monitoreo estará a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, a través del Servicio Penitenciario Federal, que ya comenzó las tareas para instalar el sistema de control en la vivienda.
Según consta en la resolución judicial, dos fueron los motivos centrales para imponer la utilización del dispositivo. En primer lugar, la Ley 24.660, que regula la ejecución de penas privativas de libertad, prohíbe expresamente que una persona detenida quede bajo custodia de fuerzas policiales o de seguridad. En segundo lugar, el tribunal sostuvo que la función de la División Custodia de expresidentes se limita exclusivamente a garantizar la integridad física de Cristina Kirchner, pero no a fiscalizar el cumplimiento de una condena penal.
“El objetivo de la custodia es neutralizar riesgos, no verificar la ejecución de una pena judicial”, argumentó el juez Gorini. Por ello, la Justicia descartó la posibilidad de que sus custodios pudieran asumir un doble rol como garantes del cumplimiento del arresto.
El sistema de monitoreo incluirá la instalación de un perímetro virtual que restringirá el movimiento de Kirchner dentro del inmueble. Cualquier violación a los límites fijados activará una alerta inmediata. Asimismo, deberá abstenerse de realizar actos que alteren la tranquilidad pública, como saludar a los manifestantes desde el balcón, una conducta que ha sido reiterada en los últimos días frente al acampe militante que se sostiene bajo su domicilio desde que la Corte Suprema dejó firme su condena.
Además, la exmandataria tiene un plazo de 48 horas hábiles para presentar una lista de personas autorizadas a ingresar a su domicilio. En esa nómina deberán figurar familiares, custodios, abogados y médicos. Toda visita que no esté contemplada en esa lista requerirá de una autorización judicial previa.
El cumplimiento de estas condiciones será supervisado en su totalidad por el Servicio Penitenciario, que también proveerá la tobillera electrónica. Este dispositivo será suministrado por Surely S.A., empresa a cargo del sistema de monitoreo electrónico nacional.
La decisión judicial se da en un contexto político cargado: sectores del peronismo convocan a una movilización en respaldo a la expresidenta, mientras que la CGT ya anticipó que no participará institucionalmente de la protesta. La reacción del kirchnerismo y de los organismos de derechos humanos será seguida de cerca, tanto por la Justicia como por el Gobierno, en medio de un clima social sensible.
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