La OCDE señala a España por no haber tenido nunca un plan contra la corrupción

Las distintas formas de corrupción han atravesado a casi todos los gobiernos de la democracia y ninguno de ellos ha puesto en marcha un plan para evitarla en los términos que recomienda la OCDE. El informe de este año del Panorama de las Administraciones certifica que España es uno de los pocos países (junto con otros cuatro) que ni tienen en vigor ni han tenido todavía un plan que controle los riesgos y audite el sector público en su conjunto, incluidos los órganos legislativos, ejecutivos, administrativos, judiciales y sus funcionarios, así como empresas públicas y subcontratas.

En el mismo nivel que España se encuentran Islandia, Irlanda, Noruega y Canadá, aunque este último sí cuenta con medidas regionales dada su estructura federal. En contraste, los países con los compromisos más firmes tienen en vigor planes estratégicos de lucha contra la corrupción aprobados a través de leyes y sin una fecha final de cobertura. Es el caso de Alemania desde 2004; Japón desde 2006 o Australia en 2013, hasta completar un total de ocho naciones. Un tercer grupo de países, la mayoría, tienen o han tenido algún plan durante unos años. A fecha de 2024, del total de países analizados (38), 12 no tenían un plan en vigor.

El documento se ha elaborado a través de encuestas a los altos funcionarios de las administraciones nacionales, que en el caso de España han informado de que no se ha puesto en marcha la recomendación de la OCDE a pesar de haberse comprometido a ello. El informe resultante incide en la necesidad de contar con planes legislativos específicos y que actúen sobre todo el sector público para evitar “el comportamiento poco ético de los cargos electos y los funcionarios” que den lugar a “recursos públicos desviados o malgastados”.

El informe se publica en un momento complicado para la imagen internacional de España. Las nuevas ramificaciones del Caso Koldo implican presuntamente en el cobro de comisiones ilegales tanto a José Luis Ábalos, exministro de Fomento y exsecretario de organización del PSOE, como a Santos Cerdán, último secretario de organización del principal partido del Ejecutivo. El Gobierno no ha anunciado por el momento ninguna medida específica contra la corrupción en el sector público, más allá de una auditoría interna adicional del PSOE prometida por Pedro Sánchez.

“Una estrategia anticorrupción y de integridad puede ser una expresión de voluntad política, pero solo las adoptadas por un Consejo de Ministros o equivalente pueden considerarse un enfoque de todo el Gobierno susceptible de fomentar un amplio apoyo político”, advierte la OCDE. El organismo reconoce que España tiene varias instituciones con el mandato de mitigar los riesgos de corrupción en determinados ámbitos (por ejemplo, la Oficina de Conflictos de Intereses, la Oficina de Datos, el Consejo para la Transparencia, la IGAE y el Tribunal de Cuentas), pero afea que, hasta la fecha, no exista “un organismo central responsable” con una visión más integral y una medición objetiva de sus logros.

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El informe constata que tener los planes no es sinónimo de eficacia, sino solo un primer paso. A través de una serie de criterios objetivos, evalúa el grado de cumplimiento de los planes en los distintos países y concluye que, en la media de las economías desarrolladas con planes, solo se implementaron en 2024 el 50% de las medidas. Destacan Estonia y Chile por tener los marcos más fuertes, con un cumplimiento superior al 80%. Según señala el informe, las razones de la falta de aplicación varían, pero suelen estar motivadas por “la escasez de recursos” de los organismos competentes, “los cambios de compromiso político o la inadecuación de las estructuras de aplicación”.

Regulaciones que no se terminan de cumplir

Más allá de los planes específicos, la OCDE evalúa las medidas que tiene cada país en sus administraciones públicas para gestionar el riesgo de corrupción y para auditar internamente según los indicadores de “integridad pública” de la organización. España aparece como uno de los países más avanzados en regulación en ambos parámetros, con un 100% y un 78%, respectivamente, pero las ratios de cumplimiento práctico de las medidas reguladas son muy inferiores, del 37% y del 33%. La regulación es fuerte, pero el cumplimiento no, también en la media de la OCDE.

A pesar del atraso de España en las regulaciones contra la corrupción en el sector público, la confianza de los españoles en las instituciones no es tan mala como la de otros países, aunque la encuesta referida en el informe es algo antigua, de 2023. Sí se constata un patrón común en todos los estados y es que la mayor parte de los ciudadanos desconfía más de los cargos políticos que de los funcionarios.

El 41% de los encuestados cree que es probable que un alto cargo político de España acepte un puesto bien pagado en el sector privado a cambio de favores políticos previos, lo que se conoce como puertas giratorias, frente al 38% que opina que es probable que no suceda. La ratio cae cuando se pregunta si es probable que un funcionario acepte un soborno, el 37% cree que es más factible que suceda frente al 39% que opina lo contrario.

Fuente El Confidencial