Argentina
España
USA
Israel
Por Claudio Rosso
La urgencia de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria que decida con justicia en salud
Cada día, el sistema de salud se enfrenta a una paradoja: el avance tecnológico promete curas impeensadas hace apenas una década, pero su costo crece a un ritmo imposible de sostener. Medicamentos biotecnológicos de millones de pesos, terapias génicas para enfermedades raras, dispositivos digitales, robots quirúrgicos, diagnósticos moleculares… Las posibilidades se multiplican. Pero el presupuesto —público y privado— no alcanza para todo.
En este escenario, la pregunta ya no es si vamos a tener que priorizar, sino cómo y con qué criterios lo vamos a hacer. Y aquí es donde se vuelve indispensable una herramienta que muchos países ya han desarrollado, pero que Argentina aún no ha institucionalizado con la fuerza y transparencia necesarias: una Agencia Nacional de Evaluación y Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ENFTS).
Elegir sin reglas: el riesgo de decidir por presión
Hoy, muchas decisiones sobre qué medicamentos financiar y cuáles no, no se toman con base en evidencia científica, sino en un limbo difuso entre la urgencia del paciente, el lobby de la industria, la sensibilidad mediática y la arbitrariedad judicial. Esto genera un sistema en el que no siempre acceden primero quienes más lo necesitan, sino quienes tienen más poder, visibilidad o capacidad de judicialización.
La creación de una agencia evaluadora no busca negar tratamientos, como algunos temas, sino garantizar que las decisiones se tomen con criterios justos, equitativos y basados en evidencia. No podemos seguir eligiendo qué cubrir en función de quién grita más fuerte.
No se puede financiar todo, y eso también es una verdad ética
Reconocer que los recursos son finitos no es una rendición, es una muestra de madurez política. El gasto sanitario no deja de crecer: nuevos medicamentos, envejecimiento poblacional, enfermedades crónicas, judicialización… La ecuación no cierra. Y si no se regula con inteligencia, se vuelve insostenible.
Como advierte el bioeticista Norman Daniels, priorizar con criterios explícitos y públicos es preferible dejar que los sistemas colapsen bajo el peso de decisiones ocultas, arbitrarias o desiguales. No decidir también es decidir, y en salud eso suele traducirse en desigualdad.
¿Qué haría una agencia de evaluación?
Una agencia nacional bien diseñada tendría cinco funciones claves:
- Evaluar tecnologías médicas (medicamentos, dispositivos, procedimientos) en términos de efectividad, costo-efectividad y valor social.
- Recomendar qué debe ser financiado por el sistema público, y bajo qué condiciones.
- Negociar precios con la industria farmacéutica, en base a evidencia, no a presión comercial.
- Generar información pública y transparente, para que pacientes, médicos y tomadores puedan confiar en el sistema.
- Promover la equidad, estableciendo prioridades sanitarias claras, no dictadas por el mercado.
No se trata de imponer un modelo tecnocrático, sino de tomar decisiones técnicas con sensibilidad social, abriendo el juego a comités bioéticos, profesionales de la salud y asociaciones de pacientes.
Lo que se gana (y lo que se pierde si no se hace)
Tener una agencia nacional permitiría evitar múltiples formas de ineficiencia:
- Evitar la incorporación de tratamientos que no aportan beneficios reales.
- Detectar tecnologías costosas que podrían reemplazarse por alternativas más accesibles.
- Asegurar el acceso equitativo, evitando que solo los más ricos o judicializados accedan a innovaciones.
- Reducir conflictos judiciales y costos evitables.
No tenerla, en cambio, implica seguir operando en un modelo reactivo, descoordinado y desigual, donde el azar, el poder o la visibilidad pesan más que la necesidad o la evidencia.
Modelos que funcionan: ejemplos concretos
Varios países ya lo hacen:
- En el Reino Unido, el NICE decide qué tecnologías financieras el sistema público, combinando análisis técnico y participación ciudadana.
- En Canadá, el CADTH evalúa todas las tecnologías nuevas antes de que lleguen a las provincias.
- En Brasil, la CONITEC asesora al Ministerio de Salud en la incorporación de medicamentos al SUS.
Incluso países de América Latina como Colombia y México han avanzado recomendaciones en agencias que emiten técnicas para guiar el gasto público en salud.
Argentina propuso en 2018 la creación de la AGNET (Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud), pero su implementación fue parcial, sin fuerza normativa ni estructura autónoma. Hace falta una institucionalización real, con respaldo político y social.
La salud no es solo ciencia: también es política y justicia
En tiempos donde las tecnologías se desarrollan más rápido que las leyes, la ética sanitaria exige estructuras que permitan decidir con criterios transparentes y públicos. No se trata de decidir quién vive o quién muere, sino de cómo construir un sistema que cuide mejor a más personas con los recursos disponibles.
Como dijo Amartya Sen, “la justicia no se trata solo de maximizar el beneficio, sino de atender a los más vulnerables con reglas claras y razonables”.
La creación de una agencia nacional de evaluación no es solo una necesidad técnica: es una deuda ética con el derecho a la salud, entendida no como promesa abstracta, sino como garantía efectiva, equitativa y sostenible.
