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Por Claudio Rosso
La salud mental se ha convertido en uno de los frentes más vulnerables del sistema sanitario argentino. A la ya crónica falta de inversión se suma un contexto económico y social que potencia el malestar psíquico. Según el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, el 86% de los argentinos reconoce que los problemas económicos afectan gravemente su bienestar emocional , con especial impacto en mujeres, jóvenes y personas con menor nivel educativo.
El acceso a la atención es desigual y limitado. Solo el 26% de quienes necesitan tratamiento psicológico lo reciben, mientras que más del 55% afirma que no puede acceder por motivos económicos o falta de cobertura. En el sistema público, los turnos pueden demorar meses, y en muchas provincias no hay profesionales suficientes. En Santa Fe, por ejemplo, se estima que uno de cada tres afiliados a IAPOS presenta algún padecimiento subjetivo diagnosticable , pero la inversión en salud mental no supera el 1,8% del presupuesto total.
El riesgo de suicidio es especialmente alarmante entre jóvenes menores de 30 años, donde se triplicaron las tasas en las últimas tres décadas. A esto se suma el aumento del consumo problemático de sustancias, el insomnio, la ansiedad y la depresión, que afectan la vida cotidiana, el rendimiento laboral y los vínculos sociales.
La Ley Nacional de Salud Mental (26.657) establece que al menos el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a este campo. Sin embargo, en 2025 la inversión real ronda apenas el 0,2% del total , según datos recientes. Esta brecha entre norma y realidad deja a millones de personas sin atención adecuada, especialmente en zonas rurales o marginadas.
En este escenario, crecen los reclamos por declarar la emergencia nacional en salud mental , fortalecer los dispositivos comunitarios y garantizar el cumplimiento efectivo de la ley. Porque más allá de los diagnósticos clínicos, lo que está en juego es el derecho a una vida digna, con apoyo, escucha y contención.
La idea de declarar una emergencia nacional en salud mental en Argentina no es solo una consigna simbólica: es una herramienta legal y política que busca movilizar recursos, acelerar decisiones y visibilizar una crisis estructural que ya no puede esperar.
¿Qué implica declarar la emergencia?
Un proyecto de ley presentado en el Congreso en mayo de 2025 propone declarar la emergencia en salud mental hasta el 31 de diciembre de 2027. Durante ese período, el Estado estaría obligado a:
- Asignar progresivamente al menos el 10% del presupuesto total de salud a salud mental , como establece la Ley 26.657 pero que nunca se cumplió (en 2024 fue apenas del 1,82%).
- Implementar un Plan Federal de Emergencia , coordinado con las 24 jurisdicciones, para abrir y fortalecer dispositivos de atención en todo el país.
- Capacitar profesionales con enfoque comunitario y de derechos humanos , especialmente en salud infanto-juvenil, donde hoy una sola persona puede estar a cargo de más de 10 centros en algunas provincias.
- Lanzar campañas masivas de prevención del suicidio y sensibilización , con foco en jóvenes, que son el grupo más afectado: el 41% de los argentinos de entre 18 y 34 años se encuentra en estado de angustia o lucha emocional, según el Global Mind Project.
¿Por qué ahora?
Porque los indicadores son alarmantes: más de 14 millones de personas en el país padecen algún trastorno mental, pero el sistema no da abasto. La pandemia dejó secuelas profundas, y la crisis económica pasada agravan el malestar psíquico. La falta de acceso, la escasez de profesionales y la centralización de los servicios hacen que miles de personas queden sin atención o lleguen tarde.
¿Qué cambiaría?
La emergencia permitiría acelerar contrataciones, reasignar partidas presupuestarias, crear dispositivos móviles y comunitarios , y articular políticas entre salud, educación, justicia y desarrollo social. También daría respaldo legal a medidas urgentes, como la reapertura de centros cerrados o la creación de líneas de atención 24 horas.
Pero fundamentalmente debería debatirse y reformar la Ley de Salud Mental
La Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, sancionada en 2010, fue un hito al establecer un enfoque de derechos humanos, comunitario e interdisciplinario. Sin embargo, en 2025 se discuten varias modificaciones para corregir tensiones entre el espíritu de la ley y su aplicación práctica. Estas son algunas de las reformas más debatidas:
1. Internacional involuntaria y urgencias psiquiátricas
- Situación actual: La ley limita fuertemente las internaciones involuntarias, exigiendo evaluaciones interdisciplinarias y judicialización en plazos breves.
- Propuesta de modificación: Flexibilizar el art 20 de la ley para que familiares puedan intervenir en brotes psicóticos o adicciones graves sin trabas medidas judiciales Permitir que un juez adopte urgentes (como una internación) y que la evaluación interdisciplinaria se realice posteriormente. Esto busca agilizar la atención en crisis graves.
2. Hospitales especializados
- Situación actual: La ley desalinea la existencia de neuropsiquiátricos y promueve su reemplazo por dispositivos comunitarios.
- Propuesta de modificación: Habilitar nuevamente la creación o mantenimiento de hospitales especializados, con estándares de derechos humanos, para casos complejos que no pueden ser abordados en hospitales generales.
3. Modificación del Órgano de Revisión
- Situación actual: Está compuesto mayoritariamente por representantes de derechos humanos y usuarios, con escasa presencia técnica.
- Propuesta de modificación: Integrarlo con un equipo multidisciplinario que incluya psiquiatras, psicólogos, especialistas en adicciones y niñez, y abogados con formación específica.
4. Financiamiento real
- Situación actual: La ley exige que el 10% del presupuesto de salud se destine a salud mental, pero en 2023 solo se asignó el 4,1%, y apenas el 0,4% a salud mental adolescente.
- Propuesta de modificación: Establecer mecanismos de cumplimiento obligatorio y progresivo del financiamiento mínimo, con auditorías públicas.
5. Enfoque infanto-juvenil
- Situación actual: Hay una grave falta de dispositivos y profesionales para atender a niños y adolescentes.
- Propuesta de modificación: Crear una política específica de salud mental infanto-juvenil, con equipos territoriales, formación especializada y líneas de atención diferenciadas.
En conclusión, lo que comenzó como una serie de datos fragmentados sobre turnos postergados, presupuestos recortados y leyes dormidas revela, al conectarse, una verdad más honda: la salud mental no es un apéndice del sistema sanitario, sino su pulso más íntimo . Ignorarla no solo es ineficiente: es inhumano.
Hoy, mientras se debate entre declarar una emergencia nacional o modificar una ley que nunca se aplicó del todo, la sociedad argentina carga con el peso de lo no dicho.
A veces, las políticas públicas fallan no por falta de ideas, sino por falta de escucha. Escuchar—de verdad—podría ser el primer acto reparador.
La salud mental no se cura sola, ni con slogans, ni con parches presupuestarios. Requiere tiempo, compromiso y sobre todo, una voluntad política que se atreva a mirar lo invisible . Porque lo que no se ve, también duele.
