Denuncia penal contra funcionaria de La Matanza: Andrea Karina Vázquez instigó a su hijo a realizar una falsa denuncia de abuso contra su exmarido

Buenos Aires, 25 de julio de 2025 – Total News Agency-TNA-Un escándalo judicial de alto impacto conmociona al ámbito político y académico. La médica Andrea Karina Vázquez, actual subdirectora de Acceso a la Justicia de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades del municipio de La Matanza, fue formalmente denunciada por el fiscal Jorge Bettini Sansoni, acusada de haber instigado a dos de sus hijos a denunciar falsamente por abuso sexual a su exmarido, el médico Pablo Ghisoni. La causa se reactivó luego de la publicación de un video testimonial de Tomás Ghisoni, hijo de la pareja, en el que afirmó haber sostenido durante más de una década una denuncia falsa, inducido por su madre.

Una carrera con fuerte impronta militante y académica

Vázquez, médica ginecóloga y mastóloga, egresada de la UBA, con estudios de posgrado en universidades públicas de Córdoba, La Plata y José C. Paz, construyó una imagen pública como referente en salud pública y en la militancia por los derechos de mujeres y niños víctimas de violencia sexual. Publicó numerosos artículos en revistas académicas como TraHs – Trayectorias Humanas Transcontinentales, abordando temas como la alienación parental, el abuso infantil y la supuesta “madrectomía” institucional en los procesos judiciales de familia.

Además de su rol en el municipio, participó en congresos, foros internacionales y debates sobre violencia de género, en algunos de los cuales compartió panel con referentes como Thelma Fardin, Estela de Carlotto y organizaciones como Amnistía Internacional.

El video que disparó la denuncia

El 18 de julio, Tomás Ghisoni, de 23 años, estudiante de Derecho, difundió un video en redes sociales en el que admitió públicamente haber acusado falsamente a su padre de abuso sexual. “Sostuve una mentira por más de diez años. Fue una historia impuesta por mi madre”, afirmó. El testimonio derivó en una denuncia formal contra Vázquez por instigación al falso testimonio calificado y asociación ilícita.

Según el fiscal Bettini, no sólo Tomás habría sido inducido a mentir, sino que la médica formaría parte de una red de personas —entre ellas profesionales, psicólogos y representantes de ONG— dedicada a facilitar denuncias falsas en conflictos judiciales por tenencia. En la causa se investiga la existencia de una estructura organizada para generar acusaciones sin sustento, con pericias y testimonios direccionados.

La causa contra Pablo Ghisoni: prisión sin condena

El médico Pablo Ghisoni fue denunciado por sus hijos menores en 2016. En 2020, fue detenido y pasó más de dos años internado en una institución psiquiátrica, seguido de seis meses de prisión domiciliaria. El proceso culminó en 2023 con su absolución, aunque el fallo aún no quedó firme debido a la apelación presentada por la defensa de Vázquez ante la Cámara de Casación de La Plata.

Ghisoni, en declaraciones públicas, afirmó haber sido víctima de una operación judicial que lo privó del contacto con dos de sus hijos. Relató que fue acusado luego de que se resolviera la restitución del régimen de visitas y denunció que los menores quedaron desescolarizados durante seis meses por las restricciones impuestas a su madre en el entorno escolar.

El silencio de Vázquez y la continuidad institucional

Hasta el momento, Andrea Karina Vázquez no realizó declaraciones públicas tras la difusión del video ni frente a la apertura de la causa. En sus redes sociales tampoco se ha referido a los hechos. Su última publicación, anterior a la denuncia, fue una promoción de un artículo académico donde hablaba de la figura de la “madrectomía” como expresión de violencia institucional hacia las mujeres.

La funcionaria continúa en su cargo dentro de la administración de La Matanza, lo que generó críticas desde distintos sectores que exigen su apartamiento preventivo mientras se desarrolla la investigación judicial.

La denuncia ha reavivado el debate en torno al uso de acusaciones de abuso en conflictos familiares, la credibilidad del sistema de justicia y la necesidad de salvaguardar tanto los derechos de las víctimas reales como la presunción de inocencia en procesos altamente sensibles.

El expediente quedó radicado en Lomas de Zamora, y su evolución será seguida con especial atención, no solo por el peso institucional de la acusada, sino también por las implicancias que puede tener en la revisión de otros casos similares.