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IsraelEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el lunes que, este año sí que sí, presentará el proyecto de presupuestos del año 2026. Se repite la historia de los dos últimos años, en los que el Ejecutivo también aseguró que presentaría el proyecto. Pero esta vez hay una diferencia clave: el Ministerio de Hacienda ni siquiera ha activado ninguna de las obligaciones legales que tiene el ciclo presupuestario. Este bloqueo no solo afecta a la Administración Central, sino que también está provocando el caos en las comunidades autónomas. Los gobiernos regionales tienen que preparar ya sus presupuestos, pero no tienen los cimientos necesarios que tiene que aportar el Ejecutivo.
Todo son incógnitas. Las comunidades no saben con qué recursos contarán porque el Ministerio de Hacienda no ha comunicado cuáles serán las entregas a cuenta del próximo año. Es más, acaba de aprobar las de 2025 con medio año de retraso. Tampoco conocen cuál es el límite presupuestario que tienen que respetar porque Hacienda no les ha comunicado el cálculo de la regla de gasto. Y tampoco conocen cuáles son los objetivos de déficit y deuda que tienen que cumplir.
Por si fuera poco, las trece comunidades autónomas que incumplieron los objetivos de estabilidad de 2023 tampoco saben si Hacienda les aprobará el plan económico-financiero que les obligó a presentar.
Todo esto provoca que la elaboración de los presupuestos de 2026 sea un caos que cada comunidad está abordando desde una perspectiva diferente. Aunque no lo reconocen públicamente, los gobiernos autonómicos consultados por este periódico explican que el trabajo que están haciendo podría quedarse en papel mojado cuando Hacienda publique los niveles que deben respetar.
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Javier Jorrín
“Hay un apagón total en el Ministerio de Hacienda. Sencillamente, no nos responden”, lamenta una fuente de un gobierno autonómico del Partido Popular. En general, hay una sensación compartida de que tendrán que ajustar sus presupuestos cuando el Gobierno haga frente a sus responsabilidades.
Según la ley de estabilidad, las comunidades autónomas tienen que conocer la cuantía de las entregas a cuenta, la regla de gasto y los objetivos de déficit y deuda antes de finalizar el mes de junio. Además, Hacienda tendría que haber convocado a las autonomías al Consejo de Política Fiscal y Financiera para comunicar y votar todos estos niveles. En concreto, la ley orgánica (2/2012) mandata a hacerlo “en el primer semestre del año”.
Hasta ahora, la decisión del Gobierno de no presentar el proyecto de presupuestos solo afectaba a la Administración Central, pero ahora impacta de lleno sobre las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y la ley lo deja claro: presentar los objetivos no es una decisión discrecional del ministro de Hacienda de turno, sino que es una obligación normativa, ya que tiene profundas implicaciones para el resto de administraciones.
Para las comunidades autónomas sí corre el calendario y el Ministerio de Hacienda es implacable. Aunque en 2024 no había objetivos de estabilidad legalmente fijados, exigió a las comunidades que incumplieron la regla de gasto presentar un plan de reequilibrio. Además, a fecha 1 de agosto, las CCAA tienen que enviar al Gobierno su límite de gasto para 2026, aunque no dispongan de los datos clave para determinarlo.
“El Gobierno sigue sin darnos los datos básicos para hacer nuestros presupuestos”
La consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, denunció el lunes esta situación: “El Gobierno central sigue sin darnos los datos fundamentales para hacer los presupuestos”.
Andalucía es una de las pocas comunidades que ha comunicado qué referencias está utilizando para elaborar sus presupuestos. Lo hizo la semana pasada, y la consejera del ramo, Carolina España, denunció que las CCAA “estamos en ascuas”. Lo que está haciendo es calcular cuál será la magnitud de las entregas a cuenta y de la liquidación del año 2024. A partir de ahí, ha fijado un límite de gasto “coherente con las reglas fiscales aplicables el próximo año”. El problema es que no se sabe cuáles son esas reglas fiscales.
Algunas autonomías explican a este periódico que están utilizando como referencia el superávit del 0,1% del PIB que aprobó el año pasado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero que finalmente fue rechazado por la mayoría del Congreso. Otras comunidades han optado por ceñirse al equilibrio presupuestario en ausencia de un objetivo legalmente vinculante. Esto es, déficit cero, que es lo máximo que Hacienda podría reclamar.
Por si fuera poco, el Ministerio de Hacienda ha exigido a 13 comunidades autónomas presentar un plan económico-financiero por exceder los objetivos de estabilidad en 2023. Estos planes incluyen las medidas de ajuste de los territorios para volver a una senda de equilibrio. Una vez presentados, tienen que ser valorados y votados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero como el Ejecutivo se niega a convocarlo, estos planes también están bloqueados.
Las CCAA lamentan que Hacienda no ofrece soluciones cuando le plantean estos problemas. “La respuesta es el silencio”, lamentan desde la consejería de Hacienda de una comunidad. Y creen que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería hacer menos anuncios sobre los Presupuestos Generales del Estado y cumplir el mandato legal que permite desbloquear los presupuestos autonómicos.
Fuente El Confidencial
