Madrid, 8 de agosto de 2025 – Total News Agency – TNA —El régimen chino ha intensificado su influencia en España a través de inversiones estratégicas en sectores clave como las telecomunicaciones y los medios de comunicación, generando crecientes sospechas sobre posibles favores políticos a cambio de contratos y acuerdos comerciales. Empresas como Huawei y Mediapro, respaldadas por capital chino, han sido señaladas como instrumentos de Pekín para consolidar su presencia en el país, en un contexto de tensiones geopolíticas y preocupaciones de seguridad expresadas por aliados de la OTAN y la Unión Europea.
Un contrato reciente de 12,3 millones de euros adjudicado por el Ministerio del Interior español a Huawei para gestionar el almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales ha desatado controversia. Según información publicada por The Objective, el acuerdo implica el uso del sistema OceanStor 6800 V5 de Huawei para custodiar comunicaciones interceptadas por orden judicial, un servicio que cumple con las normativas del Esquema Nacional de Seguridad y las guías del Centro Criptológico Nacional. Sin embargo, la decisión ha generado alarma en Bruselas y Washington, donde se considera a Huawei un riesgo para la seguridad nacional debido a sus vínculos con el Partido Comunista Chino (PCCh). La Comisión Europea advirtió que la compañía representa “riesgos materialmente más altos”, mientras que congresistas estadounidenses, como Tom Cotton y Rick Crawford, han solicitado revisar los acuerdos de intercambio de inteligencia con España, temiendo que datos sensibles puedan caer en manos de Pekín.
El Gobierno español sostiene que el sistema es “estanco” y sin conexión externa, minimizando riesgos de filtraciones. No obstante, la adjudicación ha sido criticada por el Partido Popular, con el diputado Rafael Hernando calificándola de “sospechosa y negligente”, especialmente tras la inversión de 2.300 millones de euros en Telefónica por motivos de seguridad nacional. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había advertido previamente que España es un “objetivo prioritario” del espionaje chino, lo que intensifica las dudas sobre la conveniencia de confiar datos sensibles a Huawei.
La relación entre Huawei y el Gobierno chino está documentada por leyes como la de Inteligencia Nacional de 2017, que obliga a las empresas chinas a colaborar con las autoridades, y por el historial de apoyo financiero estatal a la compañía. Según The Wall Street Journal, Huawei ha recibido hasta 75.000 millones de dólares en exenciones fiscales, préstamos y subsidios, incluyendo 25.000 millones en ahorros fiscales entre 2008 y 2018, 1.600 millones en subvenciones y 2.000 millones en descuentos por terrenos. Estas ayudas han permitido a Huawei ofrecer precios hasta un 30% más bajos que sus competidores, consolidando su dominio en el mercado global de telecomunicaciones. Huawei, por su parte, niega un trato preferencial y asegura que sus subsidios son comparables a los de otras empresas tecnológicas.
En el ámbito mediático, la adquisición en 2018 de una participación mayoritaria en Mediapro por el fondo chino Orient Hontai, a través de vehículos financieros en Hong Kong (Kunshan Limited y Southwind Media), es otro ejemplo de la estrategia de Pekín. Mediapro, con una deuda cercana a los 450 millones de euros en ese momento, era una inversión arriesgada debido a su situación financiera y su carácter contestatario, con fundadores como Jaume Roures y Tatxo Benet, abiertamente críticos del establishment español. La operación, que no generó suficiente escrutinio en su momento, permitió a China influir en un sector estratégico como los medios, potencialmente moldeando narrativas a su favor.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido señalado como un actor clave en el fortalecimiento de los lazos entre España y China. Su think tank, Gate Center, está financiado parcialmente por el empresario chino Fangyong Du, investigado por el CNI por posibles vínculos con los servicios de inteligencia de Pekín. Además, Huawei España contrató a la consultora Acento, vinculada a exdirigentes del PSOE como José Blanco y Antonio Hernando, para representar sus intereses en la UE, y hasta 2023 contó con Therese Jamaa, pareja del ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, como vicepresidenta. Fuentes oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores han aclarado que ni Albares ni su pareja tienen relación actual con Huawei, aunque reconocen el paso de Jamaa por la compañía antes de su designación como consejera de Hispasat en 2023.
Las sospechas de favores políticos también se extienden a operaciones de lobby. Víctor de Aldama, implicado en el caso Koldo, actuó como intermediario para Huawei España, gestionando contactos con el exministro José Luis Ábalos. Estas conexiones han alimentado la percepción de que el Gobierno de Pedro Sánchez, al priorizar acuerdos con Huawei, podría estar desoyendo advertencias de seguridad en favor de beneficios económicos o políticos. Mientras países como Reino Unido, Francia y Alemania han restringido o vetado a Huawei en sus redes 5G, España mantiene una postura ambigua, lo que ha generado críticas de aliados occidentales.
La influencia china en España, a través de Huawei y Mediapro, plantea interrogantes sobre los verdaderos objetivos de Pekín. Más allá de acuerdos comerciales legítimos, la estrategia parece buscar desgastar las alianzas tradicionales de España con Occidente, aprovechando un contexto de polarización política y necesidades económicas. Mientras el régimen chino proyecta una imagen de modernidad, su control sobre la libertad de expresión y su historial de persecución a minorías, como los uigures, subrayan las tensiones entre sus intereses y los valores democráticos que España comparte con sus aliados.
