Buenos Aires, 8 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-Andrés Edgardo Vázquez, titular de la Dirección General Impositiva (DGI), quedó en el centro de un nuevo escándalo tras la difusión de documentos oficiales del condado de Miami-Dade que lo muestran pagando con cheques electrónicos a su nombre los impuestos inmobiliarios de tres condominios en Florida entre 2014 y 2018, inmuebles que no figurarían en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. Las unidades están ubicadas en los edificios Icon Brickell (avenidas Brickell 495 y 1060) y en Chateau Beach Residences de Sunny Isles (Collins 17.475), con valuaciones que superan en conjunto los dos millones de dólares.
La investigación periodística que reavivó el caso fue publicada por Hugo Alconada Mon, quien acreditó el rastro de pagos a nombre de Vázquez y reconstruyó la estructura societaria utilizada para administrar esas propiedades. Según esos registros, el esquema se sostiene desde hace más de una década con firmas offshore: en la cúspide, sociedades de Islas Vírgenes Británicas —Panchy Ventures Limited y Galanthus Capital Limited—, que controlaron vehículos en Panamá —Alcorta Corp y Pompeya Group Corp—, a través de los cuales se adquirieron y gestionaron los departamentos. Parte de esas compañías continúan activas y, en algunos períodos, los tributos fueron cancelados directamente por Vázquez con e-checks identificados con su nombre completo.
En el terreno judicial, el expediente quedó inicialmente a cargo del juez federal Daniel Rafecas y del fiscal Carlos Rívolo; luego pasó al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuán, en coordinación con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Las hipótesis en análisis incluyen omisión maliciosa, evasión tributaria y lavado de activos, mientras se cursan exhortos a Estados Unidos y a jurisdicciones offshore para verificar la titularidad efectiva y el flujo de fondos.
El caso tiene especial sensibilidad institucional por el lugar que Vázquez ocupa desde octubre de 2024, cuando fue designado para encabezar la DGI con el mandato de combatir la evasión y fortalecer la recaudación. Al asumir, ubicó en posiciones clave a su pareja y a funcionarios de confianza del área de fiscalización, varios con antecedentes polémicos en investigaciones sobre grandes contribuyentes. En su última declaración patrimonial conocida, Vázquez informó cuentas en Estados Unidos por montos menores y bienes en la Argentina, pero no consignó las propiedades de Miami ni el andamiaje societario relacionado.
Más allá del frente judicial, la historia personal y profesional aporta aristas que incrementan la “pelicula”. Vázquez mantuvo durante años vínculos con la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y con Antonio Stiuso “investigando” empresarios y narcos. Fuentes de Total News Agency refieren encuentros habituales en la zona de La Pampa y Figueroa Alcorta, en cercanías del edificio de Libertador y Sucre cuya construcción —se asegura— contó con participación de Stiuso. Esta dupla habria reeditado la colaboracion via terceros en la SIDE actual. Ese entramado de relaciones alimenta sospechas sobre posibles circuitos de información privilegiada y de protección, hoy bajo la lupa.
La defensa política de Vázquez dentro del Gobierno alternó momentos de respaldo y de silencio. Voceros oficiales buscaron, en otras etapas, restarle gravedad al señalar que existían causas cerradas o sin prueba concluyente; sin embargo, la nueva documentación tributaria reactualizó el expediente y abrió un capítulo que tensiona el discurso de “tolerancia cero” frente a la evasión. Para el organismo recaudador, el desafío es doble: preservar la credibilidad ante los contribuyentes y garantizar que el proceso avance con plena cooperación institucional y sin interferencias.
En términos de transparencia, la ley de ética pública —vigente desde 1999— exige a los funcionarios declarar todos sus bienes, los de su cónyuge y participaciones societarias, dentro y fuera del país. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas y penales. El desenlace dependerá del cruce de registros en Miami-Dade, de la trazabilidad de los pagos y de la determinación sobre el beneficiario final de las sociedades. En el plano político, el caso ya impacta: erosiona la imagen de la jefatura impositiva y coloca al Poder Ejecutivo ante la disyuntiva de sostener al funcionario o promover un recambio que descomprima la presión pública mientras avanza la investigación.
