El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha mantenido este miércoles la tercera reunión con los sindicatos para tratar de frenar la huelga con la que amenazan a finales de año si no se iniciaban las negociaciones relativas a las nuevas subidas salariales para los trabajadores públicos, pero las posiciones continúan muy alejadas.
La novedad de este encuentro, centrado en las retribuciones, ha sido la propuesta del ministerio a UGT, CCOO y CSIF de un acuerdo salarial plurianual con incrementos fijos más una parte variable ligada a la evolución económica, pero que como máximo podría suponer un aumento de las retribuciones de un 10% en el periodo 2025-2028. Para los sindicatos, este planteamiento es insuficiente porque empieza con una pérdida de poder adquisitivo que se suma a la acumulada en los últimos años.
Según han señalado a la salida de la reunión los representantes sindicales, este 10% global estaría además condicionado a un máximo de un 4% en 2025 y 2026 para no incumplir la regla de gasto. No se han llegado a negociar cifras concretas porque ningún sindicato ha estado de acuerdo en iniciar el pacto con una subida tentativa del 2% en 2025, cuando la inflación prevista para este año es ya del 2,6%.
Por ahora, las negociaciones están bloqueadas, de manera que Función Pública se reunirá esta tarde con el Ministerio de Hacienda para tratar de encontrar la manera de ofrecer a los sindicatos incrementos superiores. Seguidamente, el ministerio de Óscar López se volverá a reunir este jueves por la mañana con los sindicatos para trasladar el escenario.
“Soy funcionario y me voy a otra comunidad porque el sueldo no me da para vivir aquí”
Héctor García Barnés
Aunque todos los sindicatos rechazan la propuesta que hay encima de la mesa, hay grados de descontento. El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucho Palazzo, ha advertido que “no salimos muy optimistas”, por lo que “esta cifra nos lleva a una huelga general en diciembre”. Tacha la subida de “inaceptable” porque implica pérdida de poder adquisitivo.
Desde UGT, la secretaria general de Servicios Públicos, Isabel Araque, ha señalado que no van a firmar un acuerdo que implique “pérdida de oportunidades ni de dinero”, aunque prefiere no hablar todavía de movilizaciones porque la mesa de negociación no está rota.
Francisco Lama, secretario Nacional de Acción Sindical de CSIF, confía en que la reunión de esta tarde con Hacienda dé frutos y asegura que “en ningún caso” su organización firmará incrementos inferiores al IPC. No obstante, ha destacado como punto positivo la intención de Función Pública de realizar una revisión y actualización de las cuantías de los complementos de residencia y por razón de servicio.
Propuesta similar a la de 2022
La senda propuesta por función pública es similar a la pactada en el acuerdo marco de 2022. En aquel año, UGT y CCOO firmaron incrementos anuales fijos para el periodo 2022-2024, a los que se sumaba una parte variable ligada a la evolución de la inflación y del crecimiento del PIB. Esta medida logró reducir la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, pero no la frenó, debido sobre todo a las elevadas subidas de precios de 2022 (con una variación anual del IPC del 8,4%).
En concreto, en aquel marco las subidas fueron, por la parte fija, un 3,5% para 2022, un 2,5% para 2023 y un 2% para 2024. Como el IPC y el PIB crecieron por encima de los límites contemplados en el acuerdo, el Gobierno ha aprobado todos los años subidas adicionales, la última en julio de 2025, aunque correspondía al año anterior. Si se suman los porcentajes subidos por este acuerdo, ascienden a un 9,5% acumulado en tres años.
Además de los salarios, los sindicatos negocian con el ministerio medidas relacionadas con el empleo. Entre las preocupaciones se encuentran la necesidad de acortar los plazos de acceso a la administración, que UGT quiere reducir al entorno de un año o año y medio. Otro aspecto es la promoción interna y la eliminación de la tasa de reposición, aspecto demandado históricamente por los sindicatos y al que el anterior ministro del ramo, José Luis Escrivá, se comprometió, aunque posteriormente el ministerio ha ido cambiando de postura.
Fuente El Confidencial
