Los técnicos del Ministerio de Hacienda, agrupados en el sindicato Gestha, han decidido convocar una huelga y una concentración en Madrid el próximo 26 de noviembre. La movilización pretende presionar para que se active el acuerdo de Carrera profesional previsto en el EBEP, un compromiso que, según el colectivo, resulta esencial para evitar la pérdida de recursos y reforzar la capacidad del Estado en la lucha contra el fraude y el control del gasto público.
Gestha explica que esta protesta nace del bloqueo que sufre su carrera administrativa, marcado por una movilidad casi inexistente, una valoración insuficiente de sus funciones y una complejidad creciente en sus tareas. Aseguran que este escenario está frenando la eficacia de la Administración. Como ejemplo, destacan un dato especialmente significativo: las denuncias por delitos fiscales han caído un 82% desde 2011, lo que para ellos refleja un debilitamiento del control sobre los grandes evasores mientras se intensifican las revisiones a particulares, autónomos y pymes.
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J. M. R.
La falta de movilidad geográfica y funcional es otro de los motivos centrales de la huelga. El sindicato denuncia que la Agencia Tributaria utiliza criterios que dificultan los traslados a destinos con vínculos familiares. Calculan que unos 1.200 técnicos querrían cambiar de ubicación, pero se topan con limitaciones derivadas de la asignación de plazas, que prioriza a quienes acceden por promoción interna. Esta situación provoca, según Gestha, plantillas desmotivadas y vacantes sin cubrir en territorios donde la economía sumergida tiene mayor peso.
Además, Gestha insiste en que existe una “deuda histórica” con los Técnicos de Hacienda, pendiente desde la Ley de prevención del fraude fiscal de 2006, que instaba a desarrollar su carrera administrativa reconociendo la complejidad de su labor. Por ello, reclaman una reorganización que permita contar con estructuras más eficaces. A su juicio, la movilización del 26 de noviembre debe servir como llamada de atención: el bloqueo actual no solo afecta a los profesionales, sino también a los contribuyentes y servicios públicos que dependen de un control adecuado de los recursos del Estado.
Fuente El Confidencial
