Por Daniel Romero
La victoria de Alternativa para Alemania en Sajonia-Anhalt volvió a poner en escena una paradoja que se repite en distintas democracias occidentales: cuando triunfa electoralmente una fuerza identificada con la derecha, rápidamente aparecen movilizaciones que no protestan contra un fraude ni contra una ruptura institucional, sino contra el resultado mismo y contra el partido elegido por una porción significativa de la ciudadanía. El fenómeno merece observarse con cuidado porque el derecho a manifestarse es tan democrático como el derecho a votar, pero algo empieza a chirriar cuando la voluntad popular sólo parece legítima si produce determinados resultados.
Buenos Aires – 12 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- Alemania acaba de ofrecer una fotografía muy clara de una contradicción que se extiende por buena parte de Occidente. Alternativa para Alemania (AfD) ganó las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt con cerca del 44% de los votos, más que duplicó el resultado de la gobernante CDU y quedó al borde de alcanzar por sí sola la mayoría absoluta del Parlamento regional. No se trató de un golpe de Estado ni de una elección clandestina, sino de millones de ciudadanos depositando libremente su voto dentro de una democracia consolidada.
La reacción fue inmediata. Miles de personas salieron a las calles. En Düsseldorf se contabilizaron alrededor de 20.000 manifestantes; en Hamburgo los convocantes hablaron de unas 25.000 personas y en Berlín se organizaron numerosas columnas para protestar contra AfD y exigir que se mantenga un cordón sanitario absoluto alrededor del partido.
Nada hay de objetable en que ciudadanos se manifiesten contra una fuerza política. La libertad de expresión incluye naturalmente la posibilidad de repudiar a quien acaba de ganar una elección. Tampoco puede ignorarse que AfD contiene dirigentes y corrientes con posiciones radicales sobre inmigración, identidad nacional y otros asuntos que generan legítima preocupación en una sociedad marcada para siempre por la tragedia del nazismo.
La cuestión es otra.
¿Por qué cuando el resultado electoral favorece a determinadas fuerzas de derecha la discusión abandona casi inmediatamente el terreno político y comienza a instalarse la idea de que el vencedor debe ser aislado, neutralizado o incluso jurídicamente impedido de gobernar?
Después del triunfo de AfD ya no se debate solamente cómo derrotarla políticamente en la próxima elección. Se discute cómo mantener el llamado Brandmauer, el muro que impide cualquier cooperación con el partido, e incluso dirigentes alemanes volvieron a plantear la posibilidad de estudiar mecanismos constitucionales para ilegalizarlo.
Puede argumentarse, con fundamentos históricos poderosos, que Alemania posee razones especiales para establecer límites severísimos frente al extremismo. Ochenta años después del nazismo, esa sensibilidad es comprensible. Pero precisamente por ello resulta indispensable distinguir entre una organización que intenta destruir mediante la violencia el orden constitucional y otra que obtiene millones de votos bajo las reglas que el propio sistema establece.
Una democracia no puede transformarse en un mecanismo por el cual el ciudadano es soberano hasta el instante en que elige aquello que parte de las élites políticas, culturales o mediáticas considera inadmisible.
Y aquí aparece una contradicción particularmente alemana que merece ser incorporada al análisis.
Durante 16 años, entre 2005 y 2021, Alemania estuvo gobernada por Angela Merkel. Formalmente provenía de la CDU, un partido históricamente situado en la centroderecha, pero sería simplista utilizar esa etiqueta para describir su gobierno. Merkel construyó buena parte de su poder desplazando a su partido hacia posiciones centristas, gobernando durante largos períodos en grandes coaliciones con los socialdemócratas y adoptando decisiones económicas, sociales, migratorias y energéticas que difícilmente puedan identificarse con lo que hoy muchos europeos califican despectivamente como “la derecha”.
Y fue precisamente durante aquellos gobiernos cuando Alemania profundizó una de las decisiones estratégicas más costosas de su historia reciente: la dependencia energética de Rusia.
Al abandonar Merkel la Cancillería, en 2021, alrededor del 55% del gas importado por Alemania provenía de Rusia. Berlín había construido durante años un modelo industrial apoyado en energía rusa abundante y relativamente barata que permitía alimentar su formidable maquinaria manufacturera, desde la industria química hasta el automóvil, mientras Moscú obtenía miles de millones de euros y una influencia estratégica creciente sobre el corazón económico europeo.
El símbolo de aquella política fue Nord Stream.
Merkel continuó respaldando Nord Stream 2, el segundo gasoducto directo entre Rusia y Alemania a través del Báltico, incluso después de que Vladimir Putin anexara Crimea en 2014. Ucrania, Polonia, los países bálticos y Estados Unidos advirtieron reiteradamente que el proyecto aumentaba peligrosamente la dependencia europea de Moscú y permitía a Rusia reducir la importancia estratégica del tránsito de gas ucraniano.
Merkel conocía perfectamente el problema. En 2018 reconoció públicamente que Nord Stream 2 tenía una dimensión estratégica y sostuvo que Ucrania debía conservar su función como país de tránsito. Sin embargo, el proyecto continuó avanzando.
Paralelamente, luego del desastre de Fukushima, su gobierno resolvió acelerar el abandono de la energía nuclear alemana. Aquella decisión podía defenderse desde una determinada concepción ambiental, pero combinada con el creciente consumo de gas ruso terminó profundizando una vulnerabilidad que sólo se hizo completamente visible cuando Putin invadió Ucrania en febrero de 2022.
Entonces ocurrió lo que durante años había sido advertido.
Alemania descubrió que una parte esencial de su industria dependía energéticamente de un país que acababa de atacar militarmente a otro Estado europeo.
Las importaciones rusas debieron reducirse precipitadamente, los precios de la energía se dispararon, Berlín tuvo que construir terminales para recibir gas natural licuado a una velocidad extraordinaria y las empresas alemanas comenzaron a enfrentar costos energéticos mucho mayores que sus competidoras de Estados Unidos, China y otras economías industriales.
Merkel, ya fuera del poder, rechazó arrepentirse de aquella política energética y sostuvo que sus decisiones debían analizarse dentro del contexto de aquel momento. Pero eso no elimina sus consecuencias., un estadista no mira sólo el presente, sino que prevee el futuro.
La Alemania que emergió de ese modelo dejó de ser la locomotora indiscutible de Europa.
A los shocks de la pandemia y de la invasión rusa se sumaron problemas estructurales que llevaban años acumulándose: energía cara, infraestructura envejecida, exceso de burocracia, retrasos en digitalización, falta de inversión, una industria automotriz amenazada por China y un problema demográfico cada vez más difícil de ignorar.
El propio Gobierno alemán reconoció en su informe económico de 2025 que el país atravesaba una “prolongada fase de estancamiento económico” y que junto con los shocks externos existían “problemas estructurales” que venían desarrollándose desde hacía tiempo.
El problema sigue lejos de estar resuelto. En julio de 2026, la producción industrial alemana volvió a caer 1,1% mensual, contrariando las expectativas de recuperación. El gobierno de Friedrich Merz intenta ahora revertir años de insuficiente inversión mediante un gigantesco fondo de infraestructura de €500.000 millones, mayor gasto en defensa y reformas económicas que todavía no consiguieron devolver plenamente la confianza a la población.
Y ahí aparece una pregunta que quienes marchan contra AfD deberían quizá formularse antes de concluir que casi la mitad de los habitantes de Sajonia-Anhalt enloquecieron repentinamente.
¿No será posible que una parte de esos ciudadanos esté votando también contra las consecuencias de decisiones que durante años fueron presentadas como moderadas, razonables y responsables?
¿No será que la dependencia rusa, la energía cara, la pérdida de competitividad, la inmigración, el deterioro industrial y la percepción de que las élites políticas no escuchan están produciendo respuestas electorales que luego esas mismas élites califican de extremistas?
Esto no exonera a AfD de sus propias posiciones ni transforma automáticamente en correcta cada propuesta que formula.
Pero una democracia madura debería interesarse tanto por las causas del voto como por condenar sus consecuencias.
La paradoja se vuelve todavía más evidente cuando se observa el comportamiento de una parte de las organizaciones políticas y sindicales que hoy movilizan decenas de miles de personas contra AfD.
Esas mismas estructuras no exhibieron históricamente semejante capacidad de movilización frente a regímenes autoritarios que se identificaron con la izquierda.
La Unión Europea y el Parlamento Europeo condenó a Nicolás Maduro y al régimen cubano y lo hicieron repetidamente. Europa denunció la represión venezolana, cuestionó elecciones carentes de garantías, reclamó la liberación de opositores y condenó también violaciones sistemáticas de derechos humanos en Cuba.
Pero esa no es la comparación interesante.
La pregunta es dónde estuvieron las gigantescas manifestaciones de muchas de las agrupaciones que hoy marchan bajo la consigna “todos contra el fascismo” cuando Venezuela encarcelaba opositores, anulaba las competencias de su Parlamento y provocaba un éxodo de millones de ciudadanos. Chavez ganó sus primeras elecciones dentro del marco democrático, pero luego lo destruyo y se apodero del poder.
¿Dónde estuvieron cuando en Cuba manifestarse contra el régimen podía terminar en prisión?
En Alemania, organizaciones vinculadas a la izquierda, agrupaciones sindicales y movimientos políticos incluso realizaron en distintos momentos actos de solidaridad con Cuba y protestas contra las sanciones estadounidenses. Rechazar el embargo norteamericano es absolutamente legítimo. Mucho más difícil resulta explicar por qué no se exhibió siempre el mismo entusiasmo para exigir pluralismo político, elecciones libres y liberación de presos de conciencia en la isla.
La paradoja democrática consiste entonces en que un partido cuestionado gana limpiamente una elección en Alemania y decenas de miles marchan inmediatamente contra su normalización, mientras regímenes que directamente impiden la alternancia democrática jamás provocaron una reacción equivalente entre muchos de esos mismos sectores.
Eso no convierte a AfD en una fuerza moderada ni obliga a compartir una sola de sus propuestas.
Tampoco significa que todo aquello denominado “derecha” sea democrático. La extrema derecha existe. También existe la extrema izquierda. Ambas pueden destruir instituciones.
El problema aparece cuando las etiquetas reemplazan el análisis.
En la política contemporánea, “ultraderecha” se convirtió muchas veces en una categoría extraordinariamente elástica. Puede definir a movimientos genuinamente extremistas, pero también se utiliza para partidos conservadores, nacionalistas, contrarios a la inmigración masiva o simplemente alejados del consenso político vigente.
Curiosamente, rara vez se aplica la misma severidad terminológica cuando el autoritarismo llega desde la izquierda.
Allí aparecen expresiones mucho más indulgentes: “proceso popular”, “socialismo”, “revolución”, “gobierno nacional” o “antiimperialismo”. Argentina es un claro ejemplo de ello.
Las palabras importan porque construyen el marco dentro del cual una sociedad interpreta los hechos.
Un partido de derecha que propone endurecer la política migratoria puede convertirse inmediatamente en una “amenaza a la democracia”.
Un régimen que encarcela adversarios puede permanecer durante años descripto como una experiencia política “compleja”.
Ese doble estándar termina alimentando justamente aquello que pretende combatir.
El triunfo de AfD tampoco nació espontáneamente. Sajonia-Anhalt pertenece a la antigua Alemania Oriental y arrastra problemas demográficos, pérdida de población, frustración económica y una persistente sensación de abandono respecto de las élites políticas del oeste. En las elecciones de este mes, 87% de los votantes consultados expresó insatisfacción con el gobierno federal de Merz, mientras el costo de vida, las pensiones y la inseguridad económica figuraron entre las principales preocupaciones.
Puede ser más confortable explicar el 44% de AfD diciendo que millones de alemanes se hicieron extremistas.
Mucho más incómodo es preguntarse por qué dejaron de votar a los partidos tradicionales.
Pero ésa debería ser precisamente la primera pregunta de una democracia inteligente.
No: “¿Cómo impedimos que gobiernen?”
Sino: “¿Por qué nos dejaron de votar?”
Y esto no ocurre solamente en Alemania.
Se repite, con diferentes características, en Francia, Italia, Austria, Países Bajos, Estados Unidos, Brasil, Argentina y otros países. Cuando una fuerza identificada con la derecha aumenta electoralmente, rápidamente aparecen movilizaciones advirtiendo sobre el retorno del fascismo.
Si cada victoria conservadora se presenta como una amenaza existencial, la palabra fascismo termina perdiendo contenido y deja de servir precisamente para identificar a quienes realmente lo son.
La democracia exige aceptar una realidad incómoda: el ciudadano tiene derecho a votar mal según nuestros propios parámetros.
Puede elegir a quien detestamos.
Puede respaldar políticas que consideramos equivocadas.
Puede incluso elegir opciones que objetivamente terminen perjudicándolo.
Lo que resulta difícil de sostener es reivindicar la soberanía popular cuando coincide con nuestras preferencias y comenzar a desconfiar de ella cuando elige otra cosa.
Los manifestantes alemanes tienen todo el derecho de marchar contra AfD. AfD tiene derecho a participar mientras actúe dentro del orden constitucional.
Los restantes partidos tienen derecho a negarse a formar gobierno con ella.
Pero los millones de alemanes que la votaron también tienen derecho a preguntar qué significa exactamente democracia cuando, apenas terminan de contarse sus votos, una parte del sistema comienza a discutir cómo neutralizar políticamente aquello que eligieron.
Quizás la verdadera discusión no sea entre izquierda y derecha. Tal vez sea mucho más profunda.
Consiste en decidir si defendemos las reglas únicamente cuando producen los resultados que esperamos o si estamos realmente dispuestos a respetarlas cuando gana alguien a quien nunca votaríamos.
Esa segunda situación —y no la primera— es la verdadera prueba de una democracia.
Fuentes consultadas: Reuters; Associated Press; Deutsche Welle; Die Zeit; Financial Times; Ministerio Federal de Economía de Alemania; Unión Europea; antecedentes del Gobierno de Angela Merkel; estadísticas energéticas alemanas y europeas; registros públicos de las manifestaciones contra AfD.
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