BUENOS AIRES, 6 de diciembre de 2025 – Total News Agency-TNA-El Gobierno nacional confirmó que desde el 10 y hasta el 30 de diciembre el Congreso será convocado a sesiones extraordinarias para tratar un paquete legislativo que la Casa Rosada considera estratégico para consolidar la segunda etapa del mandato de Javier Milei. La decisión, anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, será formalizada este viernes mediante decreto presidencial y abre una ventana de apenas doce días hábiles para debatir seis iniciativas de alto impacto institucional, fiscal y laboral.
El temario incluye el Presupuesto 2026, el denominado plan de Inocencia Fiscal, el Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, la reforma laboral, la reforma del Código Penal y la adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar. Con estos proyectos, el Ejecutivo busca establecer un andamiaje normativo que —según sus propios argumentos— permita sostener la recuperación económica, garantizar previsibilidad y fortalecer el rumbo político tras las elecciones legislativas que consolidaron a La Libertad Avanza como primera minoría en Diputados.
El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, encabezó en las últimas horas una ronda de conversaciones con jefes de bloques opositores para ordenar el temario y asegurar un piso de acuerdos que permita sesionar sin sobresaltos. Aunque el Presupuesto ya cuenta con dictamen en comisión, el resto de las iniciativas circula todavía en versiones preliminares que generaron inquietud tanto en el sindicalismo como en sectores académicos del derecho penal.
La reforma laboral es, por estas horas, el punto más conflictivo. El borrador elaborado por la Secretaría de Legal y Técnica prevé que los convenios colectivos sean renegociados para actualizar marcos que, en muchos sectores, se mantienen vigentes desde la década del ‘70. También impulsa la posibilidad de acuerdos por empresa en lugar de convenios por rama, incorpora la figura de “aportes solidarios”, redefine parámetros del empleo autónomo y establece nuevos mecanismos de conflictividad laboral. Para los gremios, estos cambios representan un retroceso estructural en la capacidad de negociación y en el poder de representación de los trabajadores. No por casualidad, ATE convocó a un paro nacional para el martes 9, describiendo el proyecto como “una reforma laboral pro mercado cuyo único objetivo es disciplinar a la fuerza de trabajo”, según expresó su titular, Rodolfo Aguiar.
En paralelo, la reforma del Código Penal avanza en la revisión de figuras delictivas, endurecimiento de penas y nuevas categorías vinculadas al orden público y delitos contra la administración del Estado. Aunque el Gobierno asegura que se trata de una actualización necesaria para adecuar la normativa al escenario criminal contemporáneo, distintos juristas alertan sobre la posibilidad de ampliaciones punitivas que, a su juicio, requieren mayor debate técnico.
El Ejecutivo, sin embargo, insiste en que el país no puede postergar más la modernización del sistema legal y fiscal. Adorni, en su anuncio, sostuvo que “el avance hacia la prosperidad es irrefrenable”, frase que sintetiza la premisa política del oficialismo para esta última etapa del año: mostrar determinación legislativa, sostener la señal de gobernabilidad hacia los mercados y proyectar un 2026 con un presupuesto aprobado que refuerce la consolidación fiscal.
Fuentes de Casa Rosada reconocen que esta es apenas la primera fase. El Gobierno prevé una segunda convocatoria a extraordinarias entre fines de enero y mediados de febrero para completar el tratamiento de proyectos pendientes y encarar nuevas reformas aún en preparación. La estrategia general apunta a aprovechar el reordenamiento del mapa parlamentario tras la renovación de la Cámara de Diputados y la pérdida de peso del bloque kirchnerista, escenario que, según evalúan en el oficialismo, abre márgenes de negociación antes impensados.
A contrarreloj y con tensiones políticas que comienzan a escalar, el Congreso se prepara para cerrar el año en medio de un debate decisivo que pondrá a prueba la capacidad del Gobierno de traducir su agenda en leyes y la flexibilidad de la oposición para negociar en un contexto económico todavía frágil.
