BUENOS AIRES, 12 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-En un hito sin precedentes para la diplomacia internacional y la política interna de Colombia, el Gobierno de ese país y la mayor organización criminal del Estado, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, alcanzaron importantes acuerdos en negociaciones celebradas en Doha, Qatar, con el objetivo de avanzar en un proceso de paz y desescalamiento del conflicto armado que ha marcado la historia reciente de la nación suramericana. Las conversaciones, facilitadas por la diplomacia qatarí y una coalición de países acompañantes, reflejan el compromiso de Bogotá y del grupo criminal para encontrar salidas políticas ante décadas de violencia estructural y narcotráfico que superan las respuestas estrictamente militares.
Tras varias rondas de diálogo en la capital qatarí, el gobierno del presidente Gustavo Petro y delegados del Clan del Golfo firmaron una declaración conjunta que ha sido denominada “Compromisos de Paz en Doha”, considerada por mediadores internacionales como un paso significativo en la instauración de un proceso con miras a la reintegración, desarme y transformación pacífica de la estructura criminal. La mediación qatarí, fortalecida por la presencia de países como Noruega, España y Suiza, apostó por generar un espacio seguro y neutral para que ambas partes pudieran sentarse frente a frente en un contexto que busca dejar atrás décadas de confrontación.
El Clan del Golfo, con estimaciones que lo ubican entre 7.000 y 7.500 integrantes, es identificado como la estructura narcoparamilitar más poderosa de Colombia después del acuerdo de paz con las ya desactivadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, ejerciendo influencia en regiones estratégicas para el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y el tráfico de migrantes. Su capacidad operativa y presencia territorial han sido históricamente retos para sucesivos gobiernos colombianos, que han impulsado grandes operaciones militares como la denominada Operación Agamenón para debilitar sus estructuras, con resultados parciales y avances intermitentes.
El acuerdo firmado en Doha prevé la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en los departamentos de Chocó y Córdoba, donde combatientes del Clan del Golfo podrán agruparse de manera controlada a partir del 1 de marzo de 2026, bajo supervisión de un mecanismo internacional de seguimiento. En estas zonas, se espera que los miembros del grupo criminal accedan de forma gradual a programas de reintegración social y desarrollo económico, con la suspensión de órdenes de captura y extradición como parte de las garantías humanitarias del proceso.
Paralelamente, las partes suscribieron protocolos detallados para monitoreo y verificación, que contemplan la creación de un sistema tripartito con participación estatal, el apoyo de organizaciones internacionales como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y la elaboración de informes periódicos sobre el avance de compromisos acordados en Doha. Estos mecanismos de transparencia y seguimiento buscan fortalecer la confianza y asegurar que los compromisos asumidos se cumplan de manera efectiva, con especial atención a los aspectos de seguridad, derechos humanos y el impacto social en las comunidades afectadas por décadas de violencia.
La declaración conjunta de la facilitación diplomática subraya que la materialización de estos avances requiere de disciplina, transparencia y confianza sostenida entre las partes, así como la cooperación de la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional. Los mediadores destacaron que, aun cuando el proceso enfrenta desafíos significativos, la negociación representa un cambio de enfoque en el tratamiento del conflicto interno, donde la vía dialogada busca complementar las operaciones de seguridad estatales tradicionales.
El proceso es observado con atención internacional por su carácter innovador: Qatar, un pequeño emirato con una trayectoria diplomática en mediaciones globales —desde el conflicto en Gaza hasta facilitar acuerdos entre Estados africanos—, ha consolidado su papel como plataforma neutral para el abordaje de crisis complejas, incluso con actores no estatales con estructuras armadas y motivaciones económicas ilícitas. Su intervención en Colombia refleja la expansión de esa vocación diplomática más allá de sus fronteras regionales tradicionales.
Sin embargo, el camino hacia la paz completa aún es largo y enfrenta resistencias políticas internas dentro de Colombia, así como interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar la implementación de los acuerdos sin reconfiguraciones de poder criminal o nuevas violencias en territorios rurales. El proceso también ocurre en un contexto político clave, con elecciones previstas para 2026 que podrían reconfigurar prioridades gubernamentales y compromisos de largo plazo.
La negociación entre el Gobierno colombiano y el Clan del Golfo, facilitada por Qatar, abre una nueva etapa en los esfuerzos por abordar una de las heridas más profundas de la violencia en Colombia, con un enfoque que combina diplomacia internacional, mecanismos de verificación y compromisos humanitarios en un momento de alta expectativa política y social.
