Washington, 29 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país destruyó “hace dos noches” una “gran planta o una gran instalación” vinculada a la salida de embarcaciones utilizadas —según Washington— por una red de narcotráfico asociada al régimen de Nicolás Maduro. El mandatario realizó la declaración el viernes 26 de diciembre en una entrevista para un pódcast de radio, y el tema escaló este lunes en la agenda política y de seguridad estadounidense, en medio de una campaña antidrogas que hasta ahora se había desplegado principalmente en aguas internacionales del Caribe.
“Acabamos de destruir (…) una gran planta o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro”, sostuvo Trump, sin precisar la naturaleza exacta del objetivo, su ubicación ni qué organismo ejecutó la acción. La Casa Blanca, el Pentágono y la CIA evitaron pronunciarse oficialmente sobre el contenido de sus dichos, y hasta el momento no hubo confirmación pública independiente por parte de autoridades venezolanas.
Sin embargo, el alcance político de la frase es inmediato: de confirmarse que el ataque ocurrió dentro del territorio venezolano, se trataría del primer golpe en tierra reconocido por el propio Trump en el marco de la ofensiva antidrogas que su administración viene presentando como una respuesta directa al “narcoterrorismo” y a un esquema criminal “dirigido” o amparado por Caracas. En los últimos meses, la operación se tradujo en interdicciones y ataques a embarcaciones señaladas como narcolanchas, además de un incremento de activos militares en la región y una presión sostenida sobre la economía venezolana, incluyendo medidas para bloquear o interceptar cargamentos y buques vinculados a la industria petrolera del país.
En su relato, Trump ubicó la acción como un golpe “muy duro” a un punto de salida marítima, dando a entender que se trató de una instalación costera o un área de carga. Informes periodísticos en Estados Unidos describieron el objetivo como un muelle o zona de embarque desde donde se cargarían lanchas rápidas con estupefacientes. La falta de detalles operativos alimenta especulaciones: desde un ataque militar abierto hasta un accionar encubierto, en una administración que viene combinando mensajes de máxima dureza con opacidad sobre reglas de intervención, umbrales de evidencia y cadena de decisiones.
La eventual confirmación de un ataque en territorio venezolano también profundiza el choque con el régimen de Maduro, que desde hace años niega acusaciones estadounidenses sobre connivencia estatal con redes de narcotráfico. Para Washington, el problema excede lo criminal: se trata de una disputa estratégica donde el chavismo es presentado como un actor que mezcla finanzas ilícitas, corrupción, control territorial y exportación de violencia. Para Caracas, en cambio, la ofensiva se inscribe en una política de asfixia y presión con objetivo de cambio de régimen, y suele denunciar “piratería” o agresiones encubiertas cuando se producen incidentes con buques o infraestructura.
En paralelo, el frente interno estadounidense suma interrogantes legales y políticos. Especialistas y legisladores vienen cuestionando el marco jurídico de ataques letales contra sospechosos de narcotráfico, sobre todo cuando ocurren fuera de un teatro de guerra reconocido y sin transparencia suficiente. El gobierno ha buscado encuadrar la campaña como un conflicto contra organizaciones criminales tratadas como amenazas equiparables al terrorismo, una definición que amplía márgenes de acción pero eleva el riesgo de choques diplomáticos, reclamos ante foros internacionales y costos políticos si se registran víctimas civiles o daños a infraestructura no vinculada de manera verificable al narcotráfico.
El episodio adquiere especial sensibilidad por el contexto regional: Venezuela atraviesa una crisis económica y social prolongada, y el Caribe es un corredor tradicional de tráfico ilícito donde operan grupos transnacionales, redes logísticas y actores armados. En ese escenario, un salto hacia acciones terrestres —si efectivamente ocurrió— implica un cambio de reglas con consecuencias impredecibles: desde represalias indirectas, escaladas en el mar, mayor militarización, hasta impactos sobre rutas comerciales y energéticas.
Por ahora, el dato duro es político: Trump decidió poner su sello personal sobre una acción que, aun sin confirmación oficial, instala un mensaje inequívoco de escalamiento. Con la administración aún sin brindar precisiones, la región queda ante una señal de endurecimiento que, en los hechos, aumenta la incertidumbre y tensiona aún más la relación con un régimen señalado por múltiples denuncias de corrupción y criminalidad estatal, pero que sigue atrincherado en el poder y dispuesto a utilizar el conflicto externo como herramienta de control interno.
Fuentes consultadas: Reuters (29/12/2025); The Associated Press (29/12/2025); The Washington Post (29/12/2025); Financial Times (29/12/2025); Council on Foreign Relations – “Operation Southern Spear” (22/12/2025); Euronews en español (24/12/2025).
