Por Nicolás J. Portino González
Dictaduras buenas, dictaduras malas. Soberanías aceptables, soberanías inaceptables. Derecho internacional aplica, derecho internacional no aplica. Épica boba revolucionaria. Ni más, ni menos.
El epitafio de la izquierda latinoamericana no se escribirá con tinta, sino con la sangre de las víctimas que decidieron ignorar. Comienza otra era tras la eterna, decadente e interminable era pseudo progresista, que se inmoló durante algo más de 20 años, ética y moralmente, junto con todos los inútiles e inservibles organismos internacionales como la CIDH y la ONU. Organismos que, entre cócteles y comunicados tibios, permitieron la consolidación de una maquinaria de muerte.
La tragedia venezolana no ocurrió en el vacío; fue financiada, aplaudida y encubierta por una liga de mandatarios que, bajo la bandera de la “Patria Grande”, convirtieron la soberanía en una coartada para el crimen. No fue solidaridad ideológica; fue complicidad transaccional.
La lista de los arquitectos de esta impunidad tiene nombres y apellidos. Néstor Kirchner, quien inauguró la era de los “maletines” y la diplomacia paralela, cimentó el saqueo mutuo entre PDVSA y Argentina. A su lado, Lula da Silva y Dilma Rousseff utilizaron la estructura de Odebrecht y el BNDES para oxigenar al chavismo, vendiendo la narrativa de un “Brasil potencia” mientras financiaban la destrucción de la democracia vecina.
El coro de la ignominia continuó con Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, vasallos incondicionales del ALBA que replicaron el modelo autoritario y defendieron a Chávez y Maduro en cada foro internacional, bloqueando cualquier intento de condena en la OEA. Incluso figuras vendidas al mundo como “sabios humanistas”, como Pepe Mujica, optaron por el cinismo, relativizando la represión (“no se pongan delante de las tanquetas”) mientras la democracia se desangraba.
La hipocresía alcanza su clímax con Michelle Bachelet. Como Alta Comisionada de la ONU, y expresidenta socialista, sus informes llegaron tarde y, aunque reconocieron torturas, su gestión política previa y su lentitud validaron años cruciales de horror. Hoy, líderes como Gabriel Boric, atrapados en la contradicción de sus propias coaliciones (donde el Partido Comunista chileno aplaude a Maduro), muestran que la izquierda sigue atada a sus viejos demonios, incapaz de llamar dictador al dictador sin añadir un “pero”. En Chile crearon Derechos Humanos sin Fronteras de la mano de Zapatero, guardan silencio.
En Cuba y el eje del mal detrás de los testaferros locales, están los dueños del modelo. Fidel y Raúl Castro, y ahora su burócrata Miguel Díaz-Canel, no son aliados; son los ocupantes. La inteligencia cubana diseñó la reingeniería de las Fuerzas Armadas venezolanas para convertirlas en una guardia pretoriana invulnerable a golpes de estado, importando los métodos de represión que han asfixiado a la isla por 60 años.
A esta fiesta macabra se sumaron actores extrarregionales: Rusia, China e Irán. Vladimir Putin envió armas y mercenarios del Grupo Wagner; Xi Jinping aportó el salvavidas financiero a cambio de recursos naturales hipotecados; y el régimen de los Ayatolás utilizó a Venezuela como base logística para operaciones opacas en el hemisferio occidental. Para ellos, Venezuela no es un país, es un activo geopolítico.
Mientras estos líderes brindaban en cumbres regionales, en Caracas se ejecutaba un plan de exterminio sistemático. Las cifras son un grito que ensordece la historia: cerca de 40.000 ejecuciones extrajudiciales (según ONGs como OVV y reportes de resistencia) perpetradas por las FAES y otros cuerpos de seguridad bajo la excusa de “operativos de seguridad”.
En el corazón de la capital, El Helicoide se erige como el monumento moderno a la tortura. Allí, cientos de presos políticos se pudren sin proceso judicial, sin derecho a la defensa, sometidos a descargas eléctricas, asfixias y violencia sexual. No son “políticos presos”, son rehenes de una banda criminal.
El resultado de esta gestión conjunta entre la dictadura y sus aliados internacionales es el éxodo bíblico más grande de la historia del hemisferio: casi 8 millones de exiliados. No son migrantes buscando el sueño americano; son sobrevivientes huyendo de la pesadilla socialista.
La prueba definitiva de que la soberanía es una farsa para estos regímenes es el caso del Teniente Ronald Ojeda. Secuestrado en suelo chileno, extraído de su departamento en calzoncillos por agentes que operaron con precisión militar, y posteriormente hallado asesinado y enterrado bajo cemento.
El crimen de Ojeda no es solo un asesinato; es una declaración de guerra asimétrica. Demuestra que la dictadura de Maduro, envalentonada por la debilidad de gobiernos como el de Boric y la pasividad regional, se siente con la impunidad de violar fronteras para cazar a sus disidentes. ¿Dónde quedó la “sacrosanta soberanía” que tanto defiende la izquierda cuando agentes extranjeros operan en Santiago de Chile?
La izquierda global ha quedado desnuda. Su retórica de derechos humanos colapsó ante la realidad de los calabozos de Maduro. Han demostrado una esquizofrenia moral imperdonable: lloran por las dictaduras del pasado (siempre que sean de derecha), pero financian, protegen y validan a las tiranías del presente.
La historia no recordará a Chávez y Maduro como revolucionarios, sino como capos. Y a Kirchner, Lula, Correa, Mujica y los Castro, no los recordará como estadistas, sino como los delincuentes que fueron y cómplices necesarios de una carnicería humana sin precedentes.
