Buenos Aires, 29 de abril-Total News Agency-TNA- En la antesala de su exposición ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envió un extenso informe con 2.151 respuestas a los bloques parlamentarios, en el que abordó las principales denuncias sobre su patrimonio, viajes y vínculos profesionales. Sin embargo, lejos de disipar dudas, varias de sus definiciones —entre ellas que su patrimonio es “confidencial”— abren nuevos interrogantes en un contexto político cada vez más tenso.
Según pudo saber Total News Agency (TNA), cuatro ejes concentran el núcleo de las explicaciones del funcionario: la evolución patrimonial, el viaje a Punta del Este, los gastos de las comitivas oficiales y la relación con el empresario Marcelo Grandio.
En relación con su patrimonio, la respuesta oficial remite a la declaración jurada pública correspondiente a 2024 y señala que los bienes de su cónyuge se encuentran en un anexo reservado de carácter confidencial. Ese punto se transformó en uno de los más sensibles, ya que el propio Adorni evitó brindar detalles adicionales, amparándose en el carácter reservado de parte de la información y en la existencia de una causa judicial en trámite.
La cuestión patrimonial cobra relevancia porque en la declaración pública no figuran propiedades adquiridas posteriormente, como un departamento en Caballito ni una vivienda en el country Indio Cuá, esta última registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. La actualización correspondiente al nuevo cargo aún no fue presentada, lo que extiende la falta de información detallada hasta el vencimiento del plazo legal previsto para mediados de año.
Otro de los puntos críticos es el viaje a Punta del Este. El informe sostiene que no existía obligación de registrarlo en el sistema de viajes financiados por terceros, al considerar que no encuadraba en las actividades previstas por la normativa vigente. Sin embargo, la respuesta no aclara quién financió el traslado ni si existían vínculos contractuales entre los organizadores y el Estado, un aspecto que también forma parte de la investigación judicial en curso bajo la figura de presuntas dádivas.
En cuanto a la relación con Marcelo Grandio, el Gobierno afirmó que el empresario no fue contratado de manera directa por RTA S.A.U., aunque sí se reconocen acuerdos firmados con su productora, lo que introduce una diferencia técnica que no logra disipar las sospechas sobre posibles conflictos de interés. La causa judicial analiza además transferencias realizadas antes de la asunción del actual Gobierno, cuyo concepto aún no fue esclarecido.
El informe también incluye el detalle de 13 viajes internacionales del presidente Javier Milei, con un gasto total superior a los $425 millones. Entre ellos, se destaca la participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial de Davos, así como una gira por Miami, Nueva York y Santiago de Chile. En uno de esos desplazamientos, la esposa de Adorni figura como “invitada” en la comitiva oficial, sin que se especifique el costo asociado a su participación.
En paralelo, el documento admite que el Estado nacional no lleva registro de los viajes personales de los funcionarios, lo que limita la trazabilidad de gastos y movimientos en ese ámbito. Esa falta de información aparece como otro de los puntos cuestionados por la oposición.
El escenario político que rodea la presentación es de máxima tensión. Mientras el oficialismo prepara un fuerte respaldo institucional para sostener al jefe de Gabinete en el recinto, sectores opositores intentan instalar el caso como un símbolo de inconsistencias en el discurso anticasta del Gobierno.
En ese contexto, las respuestas anticipadas por TNA permiten delinear la estrategia defensiva del oficialismo: apoyarse en formalismos legales, diferenciar entre información pública y reservada, y evitar definiciones que puedan comprometer la situación judicial del funcionario. Sin embargo, la frase que sintetiza el eje del problema —“mi patrimonio es confidencial”— deja en evidencia el punto central de la controversia: la distancia entre lo que se declara, lo que se investiga y lo que aún permanece sin explicación pública.
