Washington, 7 de enero de 2026-Total News Agency-TNA- Estados Unidos incautó un petrolero vinculado a la red de exportación de crudo asociada a Venezuela luego de rastrearlo durante semanas a través del Atlántico, en una operación que Washington difundió públicamente en redes sociales y que marca una nueva escalada en la aplicación extraterritorial de sanciones contra lo que define como una “flota fantasma” dedicada al transporte ilícito de petróleo.
El buque, identificado originalmente como Bella 1, había sido sancionado por Estados Unidos en 2024 por operar dentro de circuitos opacos de transporte marítimo utilizados para eludir controles, disimular la procedencia de los cargamentos y sostener financieramente estructuras sancionadas. En los días previos a su captura, el barco intentó reforzar su impunidad con cambios de identidad y bandera, en una maniobra típica de este tipo de redes: reportes internacionales indicaron que el petrolero pasó a denominarse Marinera y llegó a navegar bajo pabellón ruso, mientras seguía su derrota por aguas internacionales. La incautación se concretó en el Atlántico Norte, cerca de Islandia, de acuerdo con reportes de agencias y medios estadounidenses.
La operación, según versiones coincidentes, fue liderada por la Guardia Costera de Estados Unidos con apoyo de activos militares y coordinación con aliados, en el marco de una estrategia más amplia para frenar el flujo de crudo asociado al aparato estatal venezolano y a intermediarios que triangulan ventas hacia terceros mercados. La persecución, siempre según esas reconstrucciones, se extendió por más de dos semanas desde el Caribe hasta latitudes del Atlántico Norte, luego de que el barco lograra evadir un cerco parcial en cercanías de Venezuela y frustrara —al menos inicialmente— un intento de abordaje.
La Casa Blanca y agencias federales han presentado este tipo de acciones como parte de un esfuerzo por “hacer cumplir” sanciones y combatir esquemas que combinan empresas pantalla, registros marítimos cambiantes y apagado deliberado de sistemas de rastreo para operar fuera del radar. En ese esquema, el Bella 1 encaja como un caso testigo: un buque señalado por Estados Unidos por su historial de navegación y por el papel que habría cumplido en rutas de abastecimiento que se benefician de la falta de transparencia en el comercio marítimo.
La dimensión geopolítica del episodio se potenció por el componente ruso. Reportes recientes situaron unidades navales rusas en la zona durante el tramo final del operativo, incluida la mención de un submarino en las cercanías, aunque sin un choque directo con fuerzas estadounidenses al momento del abordaje. Para Washington, la señal es doble: la capacidad de proyectar poder y ejecutar órdenes judiciales aun lejos de su costa, y la voluntad de sostener el costo político de fricciones con Moscú en un teatro marítimo sensible.
En términos legales, la incautación fue presentada como una acción respaldada por un procedimiento judicial estadounidense que habilitó el abordaje y la toma de control del buque por presuntas violaciones al régimen de sanciones. La difusión oficial en redes —replicada por mandos militares estadounidenses— buscó instalar una narrativa de “cumplimiento” y disuasión: no se trataría solo de un caso puntual, sino de un mensaje al resto de embarcaciones que integran las redes de evasión.
Para el entramado venezolano, el golpe apunta al corazón logístico de la exportación bajo sanciones: el transporte. Desde que se endurecieron restricciones y se estrechó el escrutinio sobre intermediarios, el negocio se desplazó hacia flotas viejas, compañías de papel, cambios de bandera y transferencias de barco a barco para ocultar origen y destino. La captura del Bella 1 expone, además, la vulnerabilidad de ese sistema cuando Estados Unidos decide intervenir de manera activa y sostenida, en lugar de limitarse a sancionar en el plano administrativo.
El episodio también reaviva un debate internacional: hasta dónde puede llegar un Estado al perseguir buques en alta mar por presuntas violaciones a sus sanciones, y qué respuesta generan esas prácticas cuando terceros países —en este caso Rusia— quedan involucrados por bandera, escolta o protección diplomática. Para Washington, la justificación es que la “flota fantasma” no solo busca violar sanciones, sino también enmascarar operaciones que alimentan economías paralelas y apuntalan regímenes cuestionados, como el venezolano. Para sus críticos, la escena consolida una lógica de policía global con alto potencial de escalada.
Mientras tanto, la incautación del Bella 1 se suma a otras interdicciones recientes de buques asociados a Venezuela, según medios internacionales, y anticipa una fase de mayor presión sobre las rutas marítimas del crudo. La lectura dominante en Washington es que atacar el transporte —el eslabón indispensable entre pozo y mercado— puede ser más eficaz que perseguir compradores finales, especialmente cuando los cargamentos se diluyen en cadenas de reventa y mezclas de origen.
Fuentes consultadas: Reuters; Associated Press; The Washington Post; ABC News; Al Jazeera; Euronews; Clarín.
