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Buenos Aires, 19 de enero de 2026-Total News Agency-TNA-El Gobierno nacional tiene listo para la firma un decreto que redefiniría por completo la estructura de la obra social de las Fuerzas Armadas, en medio de una profunda crisis financiera y prestacional. La iniciativa contempla cambios de fondo en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que arrastra un déficit millonario, y abre un debate sensible: la posibilidad de aumentar los aportes que realizan los militares, incluso sobre adicionales salariales por especialidad o destino.
La medida se analiza en un contexto crítico para la quinta obra social más grande del país, que brinda cobertura a más de 550.000 afiliados. Según datos oficiales, la deuda total del IOSFA ronda actualmente los 300.000 millones de pesos, mientras que el déficit operativo mensual se ubica entre los 10.000 y los 15.000 millones. A este rojo estructural se suma un marcado deterioro de las prestaciones médicas, con servicios suspendidos o severamente restringidos en distintas provincias.
El decreto en estudio prevé la disolución formal del IOSFA y la creación de una nueva entidad, que pasaría a denominarse Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). Esta nueva estructura estaría destinada exclusivamente al personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, tanto en actividad como en retiro, junto con sus grupos familiares. En paralelo, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval quedarían fuera del sistema y regresarían a la órbita del Ministerio de Seguridad, con la posibilidad de acceder a cobertura médica mediante convenios con empresas de medicina prepaga.
Fuentes oficiales indicaron que el proyecto se encuentra bajo análisis de la Secretaría de Legal y Técnica, y que su redacción final incluye un rediseño institucional, un nuevo esquema de administración y un entendimiento con el Ministerio de Economía para afrontar la pesada herencia financiera acumulada. En los despachos del Edificio Libertador reconocen que la continuidad del actual modelo es inviable sin una reforma profunda.
Uno de los aspectos más controvertidos del plan es la discusión sobre el financiamiento futuro de la nueva obra social. Actualmente, los afiliados aportan el 6% de sus haberes, mientras que el Estado contribuye con un 8%. La propuesta que genera mayor resistencia dentro de la “familia militar” es la de incrementar el aporte de los uniformados e incluir dentro de la base de cálculo los suplementos salariales, como los adicionales por zona inhóspita o funciones específicas.
Desde el ámbito castrense recuerdan que la posibilidad de descontar aportes sobre los suplementos ya estaba contemplada en el decreto de creación de la obra social, en 2013, pero nunca se aplicó debido a los bajos niveles salariales del personal militar. Esa situación, aseguran, se agravó en los últimos años, especialmente tras la decisión del actual Gobierno de dejar sin efecto las dos últimas cuotas del proceso de equiparación salarial con las fuerzas de seguridad iniciado en 2023.
“La única forma real de financiar la obra social es aumentando los sueldos, no los descuentos”, sostuvo un alto jefe militar consultado, que se mostró escéptico respecto de la viabilidad política y operativa de un aumento de aportes. Otra fuente castrense admitió que no hay margen fiscal para recomponer salarios en el corto plazo, mientras crece el malestar interno por la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de la cobertura médica.
La discusión también genera tensiones con la agenda general del Gobierno, que impulsa una reforma laboral orientada a reducir las contribuciones al sistema de salud. En ese marco, una suba de aportes para el personal militar aparece como una señal contradictoria y potencialmente explosiva en términos políticos.
De avanzar la reestructuración, quedaría un ente residual encargado de administrar el padrón actual del IOSFA y gestionar la transición hacia la nueva obra social. También permanece abierta la definición sobre la conducción de la futura OSFA, donde no se descarta la continuidad del actual gerente, el general retirado Sergio Maldonado.
Mientras el decreto avanza por los circuitos administrativos, las quejas por la falta de prestaciones, demoras en reintegros y suspensión de servicios médicos continúan acumulándose. La reforma, lejos de cerrar la crisis, amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y el personal militar en actividad y retiro.
Fuentes consultadas: Ministerio de Defensa; fuentes oficiales; fuentes castrenses; medios especializados en defensa y seguridad.
