Paraná, 22 de enero de 2026-Total News Agency-TNA-El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció este miércoles el hallazgo de dispositivos de espionaje ilegal ocultos en su despacho oficial y en dependencias de la Secretaría General de la Gobernación, un hecho que calificó como de extrema gravedad institucional y que ya fue puesto en conocimiento de la Justicia mediante una denuncia penal.
Según confirmó el propio mandatario provincial, se detectaron al menos tres artefactos de escucha y registro instalados de manera clandestina en áreas sensibles del Ejecutivo entrerriano. El descubrimiento motivó no solo la presentación judicial correspondiente, sino también la apertura de investigaciones administrativas internas con el objetivo de determinar responsabilidades y establecer cómo, cuándo y por quiénes fueron colocados los dispositivos.
“Hoy encontramos dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría General de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes”, señaló Frigerio en un mensaje público, en el que vinculó el episodio con prácticas ilegales que remiten a etapas oscuras de la vida política argentina.
El gobernador sostuvo que este tipo de maniobras constituyen un ataque directo contra la institucionalidad democrática y contra el normal funcionamiento del Estado. En ese sentido, afirmó que su gestión no permitirá retrocesos ni condicionamientos encubiertos frente a los cambios que impulsa desde su asunción, en diciembre de 2023. “En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”, remarcó.
De acuerdo con información aportada por funcionarios del gabinete provincial, algunos de los dispositivos hallados estaban activos y conectados a internet, lo que abre la hipótesis de un sistema de escucha remota con capacidad de transmisión de información en tiempo real. Esta característica técnica incrementa la gravedad del caso y refuerza la presunción de una operación organizada, más allá de un hecho aislado.
Desde el entorno del gobernador indicaron que el hallazgo se produjo tras detectar filtraciones reiteradas de información sensible que solo había sido tratada en ámbitos reservados del Poder Ejecutivo. A partir de esas sospechas, se ordenaron inspecciones que permitieron localizar los micrófonos ocultos en oficinas clave de la Casa de Gobierno.
La denuncia de Frigerio generó una inmediata reacción política. El PRO, fuerza a la que pertenece el mandatario entrerriano, expresó su total respaldo y calificó los hechos como “gravísimos”. En un comunicado, el partido sostuvo que en democracia no hay lugar para operaciones clandestinas, aprietes ni mecanismos de espionaje ilegal, y reclamó que la Justicia actúe con celeridad para identificar y sancionar a los responsables.
“El espionaje ilegal es una de las peores prácticas contra la convivencia democrática. Nuestro respaldo absoluto al gobernador por denunciarlo y avanzar con las investigaciones”, señaló la conducción partidaria, que también advirtió sobre la necesidad de garantizar la seguridad institucional de los gobernadores y funcionarios públicos.
El episodio provocó además preocupación en otros sectores del arco político provincial, que comenzaron a reclamar explicaciones y mayores controles sobre los sistemas de seguridad en edificios oficiales. Si bien por el momento no se difundieron hipótesis formales sobre los posibles autores o beneficiarios del espionaje, fuentes judiciales señalaron que se analizará tanto la posible participación de actores internos como externos al Estado provincial.
Pese al impacto político del caso, desde el gobierno entrerriano aseguraron que la agenda institucional no se verá alterada y que Frigerio continuará con sus actividades previstas, al tiempo que colabora con la Justicia para el esclarecimiento total de los hechos.
El avance de la investigación judicial y administrativa será clave para determinar el alcance real del espionaje, el tiempo durante el cual los dispositivos permanecieron activos y el destino de la información eventualmente recolectada, en un caso que ya se perfila como uno de los escándalos institucionales más serios en Entre Ríos de los últimos años.
