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Buenos Aires, 5 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA-. La reciente controversia política y técnica en torno a la postergación de la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la Argentina escaló esta semana con la difusión de duras declaraciones de un ex alto funcionario del Gobierno económico y una respuesta tajante del actual ministro del área. La discusión, además, se da en el marco de la renuncia de Marco Lavagna al directorio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y reaviva el debate sobre la transparencia y credibilidad de las estadísticas oficiales.
El economista Joaquín Cottani, ex viceministro de Economía durante la gestión de Luis Caputo y secretario de Política Económica hasta junio de 2024, afirmó públicamente que el nuevo cálculo del IPC “estaba listo” para su aplicación en 2024 y que la postergación acordada en su momento con el titular del INDEC se extendió en exceso, sin justificación técnica. La declaración fue realizada en el programa Ahora Play y en una entrevista radial, donde Cottani aseguró que la metodología revisada ya estaba concluida desde mediados de 2024 y que, si bien se había aceptado posponer su lanzamiento hasta septiembre de ese año, no existían razones contundentes para demorarla más allá de ese período.
En su relato, Cottani explicó que la decisión de postergar la puesta en marcha de la nueva fórmula respondió originalmente a que la inflación se encontraba en una fase de descenso desde niveles elevados y que existía cierto temor de “generar ruido” en las expectativas. Sin embargo, sostuvo que una vez consolidada esa etapa de desaceleración, no tenía sentido técnico continuar demorando la actualización del indicador. En ese contexto, señaló que el nuevo IPC incorpora mayores ponderaciones para servicios, incluidos los servicios públicos, que han experimentado fuertes aumentos, y que dicha modificación había sido acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aportó asistencia técnica al proceso.
El ex funcionario también vinculó la controversia con otras variables macroeconómicas, indicando que las políticas de control cambiario y apertura comercial afectan la dinámica de precios relativos, aunque consideró que el efecto marginal de la actualización del IPC sobre la inflación sería acotado en el contexto actual. Más allá de los aspectos metodológicos, Cottani cuestionó al Gobierno por no avanzar con un “sinceramiento cambiario” que, según su visión, debería acompañar el proceso de desinflación para evitar tensiones futuras en los precios.
La respuesta oficial desde el Palacio de Hacienda no se hizo esperar y llegó con fuertes críticas públicas del propio Luis Caputo. En declaraciones a medios televisivos, el ministro relativizó las afirmaciones de su ex viceministro y lo calificó de intentar “desacreditar” la gestión económica. Caputo afirmó que la decisión de postergar la implementación del nuevo IPC se basó en una estrategia consensuada con el presidente Javier Milei para no introducir cambios en la metodología mientras el proceso de desinflación no estuviera “completamente consolidado”. Además, aseguró que la salida de Marco Lavagna del INDEC se produjo en buenos términos y vinculó la polémica con sectores opositores y partes del periodismo que, a su juicio, buscan “instalar temas” que perjudiquen al Gobierno.
Caputo también desestimó la influencia de Cottani en la discusión actual y señaló que el ex funcionario “nunca antes dio entrevistas” y ahora “se la pasa deambulando por medios” para cuestionar la gestión oficial. La crítica del ministro incluyó además una afirmación personal sobre la relación laboral con Cottani y la influencia que tuvo Domingo Cavallo en su nombramiento como viceministro, subrayando que la experiencia no funcionó como se esperaba.
La controversia se intensifica en un momento en que el INDEC, organismo responsable de medir la inflación y otras estadísticas clave, experimenta un cambio en su conducción tras la renuncia de Lavagna y el nombramiento de Pedro Lines como su reemplazo, según informes oficiales. La discusión por la medición de la inflación también ha generado ecos en sectores económicos y financieros, que siguen con atención la evolución de los indicadores y la credibilidad de los números oficiales.
Analistas económicos y sectores del mercado han observado que la discusión técnica sobre la actualización del IPC se superpone con la percepción pública sobre la gestión económica, impactando en la confianza de los agentes y en las expectativas de inflación futura. En ese sentido, la polémica no se limita a aspectos metodológicos, sino que adquiere un relieve político y estratégico dentro de la agenda económica nacional.
En definitiva, la disputa entre exfuncionarios y el Gobierno sobre la postergación de la nueva medición del IPC expone tensiones internas en el oficialismo, plantea interrogantes sobre la credibilidad de las estadísticas públicas y abre un espacio de debate sobre el rumbo de la política económica en un contexto de inflación persistente. Las repercusiones de estas declaraciones y decisiones pueden tener impacto en la percepción de los datos oficiales y en las expectativas de distintos sectores sociales y económicos.
