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Buenos Aires, 5 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA-La irrupción violenta de una veintena de delincuentes armados con cuchillos en un edificio judicial de San Martín volvió a encender todas las alarmas sobre el avance del narcotráfico en el conurbano bonaerense y la creciente sensación de impunidad con la que operan estas organizaciones. El blanco del ataque fue el Juzgado de Garantías N°5, a cargo del juez Nicolás Schiavo, quien quedó en la mira de una banda vinculada al narcomenudeo tras intervenir en una causa sensible con secuestro de armas y elementos de guerra.
El hecho ocurrió cerca del mediodía en el edificio ubicado en Pueyrredón y Cerrito, donde funcionan varios juzgados de Garantías. Según fuentes judiciales, no se trató de una protesta ni de un reclamo espontáneo, sino de una acción coordinada y deliberada: los agresores ingresaron a los gritos, exhibiendo armas blancas, coparon la mesa de entradas e intentaron avanzar hacia los despachos del primer piso con amenazas directas de muerte contra el magistrado. La escena fue de una ferocidad inusual incluso para estándares ya degradados de violencia institucional.
En ese momento había empleados judiciales atendiendo al público, entre ellos una mujer embarazada. Ante la ausencia de custodia suficiente, los trabajadores improvisaron una barricada con chapones para impedir el ascenso del grupo, que aun así logró romper una ventana en su intento por llegar hasta el juez. El edificio, según reconocieron fuentes del propio Poder Judicial, carece de cámaras de seguridad internas y externas, y la protección policial resulta claramente insuficiente frente a este tipo de ataques.
El propio Schiavo interpretó lo sucedido no como una amenaza personal, sino como un ataque directo a la Justicia como institución. Su primera preocupación, según allegados, fue preservar la integridad física de los empleados. La escena dejó una imagen elocuente: un tribunal sitiado por delincuentes que actúan a plena luz del día, convencidos de que pueden intimidar a un juez sin consecuencias inmediatas.
La amenaza no surgió de la nada. En los tribunales de San Martín se vincula a los agresores con una organización criminal a la que el pasado 22 de enero se le secuestraron una escopeta, una pistola calibre nueve milímetros, cargadores, municiones y chalecos antibalas durante un allanamiento de urgencia en Villa Maipú. En ese operativo fueron aprehendidos menores de edad —uno de 15 y dos de 16 años— y otros sospechosos de hasta 29 años, lo que derivó en una causa tramitada en el fuero penal juvenil.
Los investigadores sostienen que los detenidos responden a la estructura de Max Alí Alegre, alias Negro Alí o Alicho, un capo narco actualmente preso, que supo controlar buena parte de los búnkeres de droga del corredor noroeste del conurbano. La hipótesis es que el grupo buscaba reorganizar y retomar el control de los puntos de venta de estupefacientes en Villa Loyola, en medio de la histórica disputa con el clan liderado por Miguel Ángel Villalba, alias Mameluco, todavía con fuerte presencia en San Martín y Tres de Febrero.
Ese mismo clan quedó asociado a uno de los episodios más trágicos del narcotráfico reciente: la venta de cocaína adulterada con carfentanilo que en 2022 provocó decenas de muertes y decenas de internaciones. El trasfondo es claro para los investigadores: bandas cada vez más violentas, jóvenes armados, estructuras que se reciclan y un mensaje explícito hacia jueces y fiscales.
Desde sectores policiales se intentó relativizar el hecho, calificándolo como un reclamo de familiares de detenidos. Sin embargo, la modalidad, las armas exhibidas y las amenazas directas refuerzan la lectura judicial: los narcos se sienten cada día más poderosos en una Argentina donde la respuesta estatal aparece desarticulada y con escaso entusiasmo para enfrentar el problema de fondo.
El ataque generó un fuerte repudio del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, que habló de un problema estructural, de la vulnerabilidad extrema de los trabajadores judiciales y de la falta de recursos frente al impacto de la desfederalización del narcomenudeo. El comunicado exigió medidas urgentes de seguridad y protección efectiva para garantizar la independencia judicial.
La figura de Schiavo no es ajena a la polémica. Juez desde 2006, con una extensa trayectoria académica, debió enfrentar una denuncia por mal desempeño que derivó en un pedido de juicio político tras una resolución adoptada cuando subrogaba otro juzgado, otorgo una prision domiciliaria y el reo volvio a matar. Aquella causa, vinculada a la llamada “masacre de Cardales”, finalmente no prosperó: el magistrado zafó del jury por falta de acusación. Hoy, casi dos décadas después, vuelve a quedar en el centro de una escena límite, esta vez no por una decisión judicial, sino por la violencia descarnada del narcotráfico avanzando sobre los tribunales.
El mensaje del ataque es tan brutal como evidente: las organizaciones criminales ya no se conforman con disputar territorios, ahora buscan disciplinar a la Justicia.
