Ciudad de México, 10 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA-El magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado Grupo Salinas, lanzó una dura acusación contra el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al calificarlo como “el cártel criminal más poderoso de México”, afirmación que formuló en redes sociales en medio de un escándalo político y judicial que involucra a un alcalde de esa fuerza política detenido por presuntos vínculos con grupos delictivos y actos de corrupción. La denuncia pública del empresario se inscribe en un contexto de tensión entre sectores empresariales y el Gobierno federal, que enfrenta críticas por la infiltración del crimen organizado en cargos públicos.
Salinas Pliego sostuvo en su mensaje que no debe confundirse la situación: “no es que Morena esté infiltrado por el crimen organizado, Morena es hoy el cártel criminal más poderoso de México”, frase con la que vinculó de manera directa al partido del presidente Claudia Sheinbaum con prácticas delictivas y alianzas con estructuras criminales en el país. El empresario también señaló supuestos pactos entre miembros de la administración federal y grupos delictivos como parte de la estrategia política para consolidar su poder. Aunque no presentó pruebas formales que respalden sus afirmaciones sobre Morena como organización criminal, sus palabras alimentan una polarización creciente en el debate político mexicano.
La controversia se intensificó tras la difusión de un expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) que involucra al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, detenido por presuntos delitos de extorsión, corrupción, secuestro y tortura de precandidatos políticos, así como de mantener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas del país. Rivera Navarro, identificado como miembro de Morena, fue arrestado junto a funcionarios de su administración durante un operativo federal, acusado de liderar una red de corrupción municipal que exigía pagos ilegítimos a empresas e impuso multas abusivas a productores locales, entre ellos reconocidas destilerías.
La detención del alcalde provocó una reacción política inmediata. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la acción de las autoridades federales y afirmó que ninguna fuerza política puede ser una “paraguas para delinquir”, señalando que la investigación se originó en numerosas denuncias ciudadanas y empresariales. En sus declaraciones, Sheinbaum enfatizó que “ningún partido, y menos Morena, puede protejer a delincuentes” y defendió la separación entre el partido y las presuntas actividades delictivas del edil.
El caso de Rivera Navarro se convirtió en un ingrediente clave en la acusación de Salinas Pliego, aunque analistas políticos advierten que las declaraciones del empresario tienen un fuerte contenido estratégico y partidario, además de polarizar aún más el debate nacional sobre la seguridad y la corrupción en México. Si bien la FGR ha revelado documentos y testimonios que comprometen al exalcalde de Tequila en actos graves de extorsión, secuestro de precandidatos y tortura, no hay indicios que liguen directamente a todo el partido Morena como organización criminal estructurada al estilo de los cárteles de droga.
Las acusaciones contra Rivera Navarro abarcan una serie de delitos que incluyen la imposición de cobros ilegales a empresarios, la amenaza a industrias locales y la manipulación de recursos públicos. La Fiscalía ha señalado la vinculación del exalcalde y sus cómplices con el CJNG bajo una supuesta entrega de recursos anuales a la organización criminal. Además, el caso ha revelado un historial de investigaciones previas contra el edil por apología del delito y actos de violencia política.
El señalamiento de Salinas Pliego llega en un momento de creciente presión sobre el Gobierno mexicano por la violencia ligada al narcotráfico y la corrupción en cargos públicos. Expertos en seguridad y analistas políticos han cuestionado la judicialización de casos con perfiles políticos, al tiempo que subrayan que definir a un partido político como “cártel criminal” sin pruebas judiciales robustas puede tener implicaciones serias en la institucionalidad y la percepción internacional del país.
