Buenos Aires, 10 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA-La falta de pago del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) derivó este martes en la suspensión de prestaciones médicas para jubilados y pensionados en clínicas, sanatorios y hospitales privados de distintas provincias, que comenzaron a aplicar los cortes anunciados ante la ausencia de respuestas oficiales. La medida afecta principalmente a distritos de la Patagonia y La Pampa, y amenaza con extenderse a otras regiones del país.
Según informaron prestadores privados, desde hoy solo se garantiza la atención de urgencias, guardias y cirugías complejas, mientras quedaron suspendidos los consultorios, prácticas ambulatorias y cirugías programadas que puedan postergarse. En centros de salud de Santa Rosa, explicaron que “guardia abierta, consultorios cerrados” resume el alcance del recorte, y que cada institución evalúa caso por caso qué puede atenderse sin comprometer la seguridad del paciente.
Las clínicas y sanatorios habían advertido formalmente al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, que de no regularizarse la deuda y actualizarse los aranceles, los servicios serían interrumpidos a partir del 10 de febrero. A la fecha, señalaron, los pagos no se concretaron. Instituciones de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa confirmaron el inicio de los cortes y describieron una situación económico-financiera “sumamente crítica”.
El conflicto sumó pronunciamientos políticos. La senadora rionegrina Ana Marks reclamó al Gobierno nacional medidas urgentes para cancelar los montos adeudados y recomponer aranceles, y advirtió que la mora del PAMI representa “un riesgo cierto y real” para la atención de los adultos mayores y la sustentabilidad del sistema sanitario regional. El pedido formal fue dirigido al ministro de Salud, Mario Lugones, y al propio Leguízamo, con requerimientos de detalle de deuda, plazos y planes de contingencia ante la interrupción de servicios.
Desde Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo se sumó al reclamo y aseguró que el PAMI mantiene con su provincia una deuda cercana a los 45 mil millones de pesos, dentro de un pasivo nacional total que, afirmó, ronda los 200 mil millones. El mandatario exigió un cronograma concreto de pagos para sostener áreas esenciales y advirtió que la mora impacta en las finanzas provinciales y la obra pública.
Los prestadores explicaron que el PAMI representa, en promedio, el 40% de los ingresos de las clínicas privadas de la Patagonia, por lo que el atraso en los pagos compromete el cumplimiento de obligaciones laborales. Señalaron que los módulos de mayor complejidad (Niveles II y III) son clave para abonar salarios, y que la demora —sumada a un mes de atraso en prestaciones ambulatorias y a la licuación inflacionaria de los aranceles— genera “imposibilidad material” de pagar haberes en tiempo y forma.
La suspensión se instrumenta de manera progresiva para preservar la atención de urgencias, pero los prestadores advirtieron que, sin una solución inmediata, el conflicto puede escalar. En un comunicado conjunto, exigieron tres puntos: regularización inmediata de la deuda, reunión urgente para consensuar salidas y reactivación de una mesa técnica que adecúe aranceles a costos reales.
Mientras tanto, jubilados y pensionados quedan expuestos a interrupciones en su atención médica, en un escenario que combina atrasos de pago, aranceles desactualizados y reclamos provinciales que encienden alertas sobre un posible deterioro del sistema de salud y la seguridad social.
