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Buenos Aires-13 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA La causa por presunto enriquecimiento ilícito y posible lavado de activos que tiene como principal imputado al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quedó envuelta en una nueva controversia judicial luego de que la Fiscalía denunciara una maniobra que, según su planteo, podría beneficiar al ex funcionario. El foco del conflicto es el peritaje contable que comenzará el mes próximo: tras una audiencia en la que se acordaron más de 80 puntos de análisis patrimonial con aval de todas las partes, el juez federal subrogante Luis Armella habría recortado unilateralmente ítems clave vinculados a la ex esposa y a los hijos de Insaurralde, señalados por los fiscales como presuntos testaferros.
Según la reconstrucción presentada por los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco, en la audiencia realizada a comienzos de febrero se definió un temario amplio para que peritos oficiales de la Corte Suprema y expertos de parte examinen bienes, movimientos de fondos, viajes y operaciones societarias. En esa instancia, quedaron incorporados puntos específicos destinados a determinar capacidad económica y trazabilidad de ingresos de Carolina Álvarez —ex esposa de Insaurralde— y de sus hijos Martín y Rodrigo Insaurralde, entre otros involucrados. Sin embargo, al momento de notificar formalmente lo acordado, el magistrado habría eliminado del listado los ítems referidos a esos familiares y, además, dispuso desvincular a Álvarez del expediente.
Para la Fiscalía, se trató de “un cambio abrupto y arbitrario” que altera lo consensuado y limita el alcance del estudio patrimonial. En su presentación, los fiscales reclamaron que el juez revoque la decisión, reincorpore los puntos omitidos y mantenga bajo investigación a Álvarez, al considerar que su rol es central para entender la estructura de bienes que se analiza. En caso contrario, anticiparon que podrían acudir a la Cámara Federal de La Plata para que revise el criterio.
El expediente se abrió en octubre de 2023, tras la difusión del viaje de lujo de Insaurralde a Marbella junto a Sofía Clerici, en el yate “Bandido”, en plena campaña electoral. La exposición pública del episodio derivó en la renuncia del entonces jefe de Gabinete bonaerense del gobierno de Axel Kicillof y disparó denuncias por supuesta incompatibilidad entre el nivel de vida exhibido y los ingresos declarados. En la causa también aparece imputada la conductora Jésica Cirio, ex pareja de Insaurralde, bajo sospecha de operaciones vinculadas al lavado de dinero.
De acuerdo con la acusación fiscal, el ex intendente no logra justificar gastos y patrimonio con sus remuneraciones. Entre los elementos citados en el legajo se incluyeron consumos y viajes que, para los investigadores, no guardan relación con ingresos comprobables. Además, la Fiscalía sostuvo que habría un entramado de terceros utilizados como supuestos “vehículos” patrimoniales, entre ellos Álvarez, los hijos del ex intendente, su sobrino Gastón Barrachina y el contratista municipal Víctor Donadío, vinculado a la Municipalidad de Lomas de Zamora.
El punto más sensible del planteo fiscal gira en torno a Carolina Álvarez y una operación inmobiliaria de 2006: figura como compradora de dos lotes en un barrio privado donde luego se construyó una vivienda de gran porte en la que residiría Insaurralde. Los fiscales afirman que testigos indicaron que la adquisición habría sido gestionada por el propio ex funcionario y que la capacidad económica de Álvarez para afrontar la compra debe ser verificada. El magistrado, en cambio, habría sostenido que esa operación queda fuera del período investigado —que abarca del inicio de la gestión de Insaurralde como intendente en 2009 hasta 2023— y por ello dejó a la ex esposa fuera de la pesquisa. La Fiscalía replicó que ese inmueble integra la causa desde su origen y que, al momento de la compra, Insaurralde ya ocupaba cargos públicos en el municipio.
Además del apartamiento de Álvarez, se cuestionó la exclusión de puntos referidos a los hijos del ex intendente, en particular aquellos destinados a analizar empleos, ingresos y capacidad económica para adquirir acciones de sociedades privadas. Según los fiscales, esos ítems son relevantes para establecer el origen de los fondos con los que se habrían realizado operaciones societarias y cesiones de uso de propiedades, que forman parte del mapa patrimonial bajo estudio. También advirtieron que recortar variables puede afectar la posibilidad de arribar a conclusiones robustas sobre el circuito del dinero y su eventual vinculación con maniobras de ocultamiento.
El peritaje, con inicio previsto para el 3 de marzo, también abarcará viajes al exterior, propiedades y vehículos del ex intendente; el análisis de fondos secuestrados en el marco de la investigación; y la reconstrucción del patrimonio de Cirio y Clerici. Insaurralde, por su parte, negó haberse enriquecido ilícitamente y atribuyó su nivel de vida a ingresos de Cirio, incluyendo una donación que también será examinada por los peritos.
Mientras la UIF y la ONG Poder Ciudadano, en carácter de querellantes, evalúan nuevas presentaciones, el planteo fiscal elevó la presión institucional sobre el juzgado subrogante. La disputa por el alcance del peritaje no es menor: de sus conclusiones dependerá si la causa avanza hacia procesamientos, pedidos de elevación a juicio o eventuales desvinculaciones. En un expediente de alto impacto político, el señalamiento de “cambios” en lo acordado abrió un nuevo capítulo de sospechas y pulseadas que, de no resolverse en el juzgado, podría terminar en revisión de la Cámara.
