Buenos Aires-14 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA La tensión dentro del peronismo en la Cámara de Senadores entró en fase decisiva y podría derivar en una fractura formal del interbloque kirchnerista en los próximos días. El grupo de legisladores nucleado en Convicción Federal, alineado con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), se reunirá la semana próxima para definir si se aparta del bloque que hoy conducen el formoseño José Mayans, la senadora cristinista Juliana Di Tullio y la camporista Anabel Fernández Sagasti. La discusión se aceleró por diferencias políticas, por la disputa de espacios institucionales y por la proximidad de la sesión preparatoria del 24 de febrero, donde se renovarán autoridades y cargos clave del Senado.
El trasfondo inmediato es doble. Por un lado, el oficialismo busca aprovechar el “veranito legislativo” para avanzar con una agenda intensa en extraordinarias —con énfasis en la baja de la edad de imputabilidad y la ley de glaciares— y necesita un peronismo desordenado para negociar votos o, al menos, neutralizar una resistencia compacta. Por otro, el peronismo exhibe una interna que ya no se limita a matices: se discute estrategia parlamentaria, liderazgo y, sobre todo, la conveniencia de sostener una línea de confrontación total que, según el sector federal, terminó debilitando al propio bloque.
En Convicción Federal, que conduce el puntano Fernando Salino, cuestionan la decisión del bloque Justicialista de no integrar comisiones en señal de protesta por el reparto acordado entre el oficialismo y sectores dialoguistas. Esa táctica, argumentan en el espacio de los gobernadores, dejó al peronismo sin influencia en mesas donde se trataron asuntos centrales como el Presupuesto 2026 y, más recientemente, la reforma laboral que obtuvo media sanción en la Cámara alta. Para ese grupo, ausentarse de las comisiones implicó ceder poder real: menos información, menos capacidad de negociación y pérdida de posiciones institucionales que luego cuestan recuperar.
La crisis escaló con un episodio político-partidario que funcionó como catalizador: la intervención del PJ de Jujuy, a cargo de Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, dispuso sanciones internas que incluyeron la suspensión de la senadora Carolina Moisés. En el universo de Convicción Federal, esa decisión fue leída como una señal disciplinaria del kirchnerismo hacia quienes se mueven con autonomía y mantienen sintonía con gobernadores no alineados al núcleo duro. La relación quedó “al borde de la ruptura”, según admiten fuentes parlamentarias, cuando Moisés, la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada votaron a favor del presupuesto junto al oficialismo y bloques dialoguistas, profundizando la desconfianza interna.
Aunque el bloque federal ensayó luego una tregua coyuntural —y votó junto al resto del peronismo el rechazo a la reforma laboral— esa convergencia no cerró las heridas. Esta semana, Salino formalizó un pedido para que su sector tenga representación en comisiones estratégicas: Acuerdos y Relaciones Exteriores, dos ámbitos decisivos para el trámite del acuerdo Mercosur–Unión Europea y para el tratamiento del pliego del ex diputado Fernando Iglesias como representante diplomático ante ese bloque europeo. La jugada busca marcar una diferencia concreta con la conducción de Mayans, que hasta ahora sostuvo la decisión política de no ocupar esos espacios.
En la nota, Convicción Federal propuso a Sandra Mendoza para la comisión de Acuerdos y a Guillermo Andrada para Relaciones Exteriores. El gesto no es solo administrativo: constituye una declaración política de autonomía y un intento de recuperar centralidad institucional. En paralelo, los cinco senadores del espacio debatirán si se suman también a las comisiones constituidas en diciembre —Presupuesto, Trabajo, Justicia y Asuntos Penales y Minería— que se activaron en la primera etapa de extraordinarias. Para el sector, el aprendizaje es claro: sin comisiones, el bloque queda reducido a una lógica testimonial.
La sesión preparatoria del 24 de febrero funciona como reloj. Ese día se definen autoridades del Senado y se discuten secretarías y cargos con impacto operativo y político. Al peronismo, por tradición de acuerdos internos, le corresponde disputar la vicepresidencia del cuerpo y sostener lugares en la estructura administrativa. En el entorno de Convicción Federal temen que la conducción de Mayans opte por no cubrir cargos institucionales como forma de protesta por el reparto de poder, una estrategia que, según el ala federal, solo consolidaría “debilidad institucional y numérica”. El formoseño, en público, relativiza la inmediatez del conflicto y sostiene que aún hay tiempo para discutirlo; pero en los pasillos la lectura es que el tema ya está instalado y condiciona cada negociación.
En ese marco, el reordenamiento interno podría cristalizar después del feriado de Carnaval, aunque la decisión dependerá también de consultas políticas con Jalil, Jaldo y Sáenz, interesados en sostener una bancada con margen propio para negociar y evitar quedar encapsulados en la lógica del kirchnerismo. Si se concreta una división, el mapa legislativo cambiaría: el interbloque peronista podría reconfigurarse con 23 senadores distribuidos entre el bloque Justicialista y el Frente Cívico de Santiago del Estero, alineado con Gerardo Zamora, además del bloque federal.
En paralelo, y como telón de fondo del clima político que atraviesa al peronismo, la Justicia ratificó una decisión de alto impacto simbólico: la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá mantener la tobillera electrónica y las restricciones vinculadas a su prisión domiciliaria. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría los planteos de la defensa para retirar el dispositivo y flexibilizar condiciones, pese a las chicanas procesales en sentido contrario, y dejó vigente el esquema de control y supervisión, incluyendo límites sobre visitas.
