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Buenos Aires-17 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, avanzó con el alquiler de cuatro pisos y 24 cocheras en un edificio de la avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788 (Diagonal Norte) por un monto total de $720 millones durante 12 meses, una contratación que desató ruido político dentro y fuera del oficialismo por el contraste con el programa gubernamental “Alquiler Cero”, que busca reducir o eliminar erogaciones por locaciones privadas y priorizar relocalizaciones en inmuebles estatales.
Según la documentación administrativa conocida en las últimas horas, el contrato establece un canon mensual de $60 millones por los pisos 3°, 4°, 5° y 6°, equivalentes a $15 millones por piso, además de 24 cocheras en el mismo inmueble. En el expediente se tomó un valor de referencia para dimensionar el gasto que ubica el total del alquiler anual en torno a USD 480.000, con un pago mensual aproximado de USD 40.000 y un costo por piso cercano a USD 10.000. El inmueble, ubicado en una de las zonas más costosas de la Ciudad, fue tasado por el Tribunal de Tasación de la Nación, que determinó el canon locativo mensual. El informe de valuación trabajó sobre una superficie aproximada de 1.000 m² por planta, de acuerdo con el cálculo consignado en el propio trámite.
El procedimiento también alimentó cuestionamientos por su modalidad: la contratación se tramitó como contratación directa por adjudicación simple y, siempre según la documentación del expediente, se presentó una sola oferta, correspondiente a la firma OTOBA S.A., recomendada para la adjudicación por ser considerada “admisible y económicamente conveniente”. La orden de compra figura firmada por Sturzenegger el 30 de noviembre de 2025, con vigencia por doce meses, lo que implica que el Estado consolidó un compromiso anual en plena estrategia de ajuste y recorte sobre gastos de funcionamiento.
Uno de los puntos más sensibles es el costo real final. El pliego establece que la oferta económica “no deberá incluir” expensas ordinarias; y el contrato prevé que las expensas ordinarias, electricidad, gas y otros consumos estarán a cargo de la locataria, es decir, el Estado, mientras que las extraordinarias corresponden a la locadora. En términos prácticos, esto implica que el gasto público no se agota en el canon mensual: las expensas y servicios quedan por fuera del precio informado, elevando el costo total efectivo del funcionamiento de la sede operativa.
El caso cobra mayor relieve porque el propio expediente menciona una nota de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en la que se recuerda la necesidad de cumplir con el programa “Alquiler Cero”. La referencia interna deja al descubierto una tensión dentro del Gobierno: mientras algunas áreas reivindican la política de dejar inmuebles alquilados y relocalizar dependencias en edificios públicos, otra cartera consolida un contrato de alto monto en una ubicación premium del microcentro porteño.
Esa tensión ya venía siendo utilizada comunicacionalmente. En el último año, la Secretaría de Trabajo —bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello— difundió balances de ahorro en alquileres y cocheras, presentando el “Alquiler Cero” como un símbolo de reducción de gastos y reorganización de sedes. El alquiler firmado por Sturzenegger, en ese marco, se lee como un fuerte contraste: mientras un ministerio publicita la eliminación de erogaciones locativas, otro formaliza una nueva por una cifra significativa, con adicionales de expensas y servicios.
El “ruido” se amplificó por el momento político del propio Sturzenegger, que atraviesa una etapa de alta exposición pública por otras controversias vinculadas a contrataciones del Estado. En particular, en los últimos días se sumó el debate por la contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para capacitación en idioma inglés con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad conducida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro, un episodio que motivó defensas públicas del oficialismo y críticas de la oposición por potenciales conflictos de interés y por la necesidad de reforzar mecanismos de integridad. En paralelo, el Gobierno también enfrenta desgaste por la discusión del artículo sobre licencias médicas en la reforma laboral, un capítulo que forzó correcciones y dejó expuesta la fragilidad del apoyo aliado.
En la lectura política, el alquiler en Diagonal Norte plantea al menos tres preguntas incómodas para el relato de austeridad. La primera es de coherencia: si la administración promueve “Alquiler Cero” como política transversal, ¿por qué se habilita una contratación directa de alto monto sin priorizar alternativas en inmuebles estatales disponibles? La segunda es de procedimiento: ¿por qué el proceso recibió una sola oferta y se resolvió por contratación directa en un rubro especialmente sensible a precios y competencia? La tercera es de transparencia del costo: ¿cuánto termina pagando efectivamente el Estado una vez incorporadas expensas y servicios, y cuál es el impacto presupuestario mensual real de la sede?
En el oficialismo argumentan que la organización operativa de un ministerio requiere espacios adecuados y funcionales y que la tasación oficial respalda el valor de mercado del alquiler. Sin embargo, el caso instala un problema político mayor: cuando la bandera del recorte se convierte en consigna, cada excepción —real o percibida— erosiona credibilidad. Y en un contexto de ajuste sobre la sociedad y tensión sindical por reformas estructurales, un contrato de oficinas y cocheras en plena “city” porteña por cifras millonarias se vuelve un símbolo difícil de explicar, aun cuando esté encuadrado formalmente en la normativa vigente.
Fuentes consultadas: Agencia Noticias Argentinas; Boletín Oficial; Tribunal de Tasación de la Nación; AABE; La Nación; Tiempo Argentino; Diario Mendoza; Argentina.gob.ar.
