Buenos Aires-18 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA-. El paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el jueves 19 de febrero promete convertirse en una de las medidas de fuerza de mayor impacto en lo que va del año, en el marco del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación. La protesta cuenta con la adhesión de múltiples gremios del transporte y de distintos sectores estratégicos, lo que anticipa una fuerte afectación de la movilidad urbana, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque con alcance nacional.
La medida se extenderá durante toda la jornada del jueves, aunque en algunos servicios, como el ferrocarril Sarmiento, las interrupciones comenzarán desde la noche previa. El núcleo del impacto radica en la paralización casi total del transporte público terrestre, lo que compromete el traslado de millones de trabajadores que dependen de colectivos, trenes y subtes para asistir a sus lugares de trabajo.
En el caso de los colectivos, la adhesión confirmada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anticipa un servicio nulo o extremadamente reducido en gran parte del país, dependiendo de cada empresa y jurisdicción. En el AMBA, donde el transporte automotor es la columna vertebral de la movilidad diaria, la interrupción tendría efectos inmediatos sobre la actividad comercial, administrativa e industrial.
A ello se suma la paralización de los trenes metropolitanos. Los gremios ferroviarios, entre ellos La Fraternidad, confirmaron la adhesión, lo que implica la detención de todas las líneas que conectan el conurbano con la Ciudad de Buenos Aires: Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza. Esta combinación, junto con la suspensión total del servicio de subtes y Premetro anunciada por los Metrodelegados en la Ciudad de Buenos Aires, configura un escenario de virtual inmovilización del sistema de transporte masivo.
El impacto operativo es directo: una proporción significativa de empleados que depende del transporte público enfrentará serias dificultades para cumplir horarios laborales, con alta probabilidad de ausentismo o demoras prolongadas. En términos de continuidad operativa, la jornada presenta un riesgo elevado para cualquier organización con fuerte dependencia de presencialidad.
En el ámbito aéreo, también se prevén cancelaciones y reprogramaciones de vuelos en Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, producto de la adhesión de gremios aeronáuticos, pilotos y personal de tierra. Esto afectará tanto vuelos domésticos como internacionales, generando complicaciones logísticas adicionales para empresas con operaciones interjurisdiccionales.
La movilidad privada tampoco garantiza normalidad. Federaciones de taxistas y remiseros anunciaron acompañamiento a la medida, lo que anticipa una oferta reducida de servicios, mayores tiempos de espera y encarecimiento de traslados. Las aplicaciones de transporte podrían experimentar una fuerte demanda con disponibilidad limitada, dificultando aún más los desplazamientos en horario laboral.
En materia de seguridad y orden público, si bien no se proyecta un escenario de violencia generalizada, el clima social es de alta conflictividad. La tensión en torno al debate parlamentario de la reforma laboral eleva la probabilidad de concentraciones en las inmediaciones del Congreso y en centros urbanos estratégicos. No se descartan cortes parciales de calles y accesos en zonas neurálgicas como Congreso, Once, Constitución, Retiro y áreas administrativas.
Para las empresas con sedes en microcentro o cercanas a nodos de transporte, la exposición a demoras y bloqueos es significativa. Turnos nocturnos o de madrugada presentan vulnerabilidad adicional, tanto por la escasa disponibilidad de transporte alternativo como por la mayor percepción de inseguridad en contextos de aglomeración.
Desde la perspectiva de gestión de riesgo y continuidad de negocio, el diagnóstico es claro: la probabilidad de disrupción operativa presencial es alta en el AMBA y relevante en otras grandes ciudades del país. Aquellas áreas administrativas, comerciales, de soporte o backoffice que ya operan con herramientas digitales tienen la posibilidad de migrar a modalidad remota sin impacto crítico en su funcionamiento.
La medida de fuerza impulsada por la CGT, en el contexto de un debate legislativo sensible, no sólo constituye una señal política hacia el Gobierno nacional sino también un factor concreto de alteración de la actividad económica diaria. En este escenario, el teletrabajo masivo para tareas que lo permitan aparece como la alternativa más robusta para mitigar riesgos y garantizar continuidad operativa durante una jornada marcada por la paralización del transporte y la tensión social.
Fuentes consultadas: El Destape; Vía País.
