Buenos Aires-22 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- La reforma laboral que el oficialismo empuja hacia su aprobación final incorporó un capítulo que pasó casi inadvertido en el debate público, pero que abrió una alarma en el mundo judicial: el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados establece que los jueces que tramiten causas laborales deberán adecuar sus decisiones, de manera obligatoria, a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y advierte que el apartamiento “infundado” configurará causal de mal desempeño, con el riesgo de un proceso disciplinario y eventual remoción. La misma sección también avala el resistido traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un movimiento que altera el tablero institucional y anticipa una nueva pelea en tribunales.
El eje aparece en los artículos 89, 90 y 91 del texto. El 89 modifica el régimen de “fallos plenarios” y limita la posibilidad de que se fijen criterios de aplicación obligatoria o sugerida por instrumentos distintos de una sentencia plenaria. Pero el salto verdadero está en el artículo 90: allí se ordena que los jueces laborales adecúen sus decisiones a los precedentes del máximo tribunal y se introduce una advertencia de fuerte impacto: si un magistrado se aparta sin fundamento de esos criterios, ese gesto podrá interpretarse como mal desempeño. En la práctica, se trata de un mensaje con dos destinatarios: por un lado, jueces que históricamente aplicaron la jurisprudencia de la Corte Suprema caso por caso; por otro, el sistema disciplinario que, a través del Consejo de la Magistratura, puede abrir expedientes, impulsar sanciones y, en situaciones extremas, promover la remoción.
En el oficialismo y en sectores empresarios, la norma es presentada como un golpe contra la llamada “industria del juicio”, una etiqueta que el Gobierno repite para describir la litigiosidad laboral y los costos asociados a indemnizaciones, multas y honorarios. En el otro extremo, referentes judiciales y sindicales leen el artículo como una presión directa sobre la independencia de los jueces del trabajo y como un mecanismo para domesticar interpretaciones que, en los últimos años, fueron variando según el tribunal, el distrito y el tipo de reclamo. La discusión es delicada: nadie discute que la jurisprudencia de la Corte Suprema marca el rumbo del sistema, pero la reforma busca transformar esa influencia —que en la práctica es desigual— en una obligación legal acompañada de sanción potencial.
El capítulo judicial se completa con un cambio de peso político: el artículo 91 fija que la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia “hasta tanto” se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e incorpora la aprobación legislativa de ese convenio. Además, el artículo 91 bis encomienda al Poder Ejecutivo Nacional transferir a la Ciudad los recursos necesarios para poner en funcionamiento el nuevo fuero laboral local y garantizar, en paralelo, un funcionamiento transitorio del fuero nacional durante la transición.
Este traspaso ya venía tomando forma en el terreno normativo. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó en 2024 leyes que reorganizan su justicia del trabajo, incluyendo la creación de una Cámara de Apelaciones del Trabajo local integrada por seis jueces y la previsión de juzgados de primera instancia, además de un código procesal propio. En febrero, la arquitectura se aceleró con decretos y convenios para instrumentar la transferencia. En el gobierno porteño sostienen que el objetivo es ordenar competencia por lugar de prestación del empleo y agilizar procedimientos; desde el fuero nacional y asociaciones de magistrados se advierte, en cambio, sobre el riesgo de fragmentar criterios, sumar instancias de revisión y abrir un conflicto de competencias en un ámbito altamente sensible para trabajadores y empleadores.
Para el Gobierno de Javier Milei, el paquete busca reforzar previsibilidad: que un mismo tipo de conflicto no tenga respuestas judiciales divergentes y que los criterios del máximo tribunal se vuelvan un estándar práctico. Para los críticos, el método elegido no es neutro: la amenaza de “mal desempeño” introduce un factor disciplinador que puede enfriar la libertad de interpretación, sobre todo en un fuero que concentra decenas de miles de litigios anuales y donde cada precedente impacta en indemnizaciones, costos y derechos adquiridos. En los pasillos judiciales, la lectura es que la discusión ya no es solo laboral: es una disputa por el poder de definir reglas en el corazón del sistema y por quién tendrá la última palabra en el nuevo mapa judicial.
Mientras el proyecto se encamina a su tramo final en el Senado, crece una certeza compartida, aun entre quienes apoyan la reforma: el debate no terminará con la votación. Si estos artículos se convierten en ley, la próxima estación será inevitablemente judicial, con amparos, cautelares y planteos de constitucionalidad que pondrán a prueba —otra vez— el equilibrio entre reforma, autonomía institucional y garantías.
