Los cambios introducidos por el Poder Ejecutivo en el Presupuesto 2027 para modificar aspectos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad provocaron un inesperado cortocircuito dentro del propio oficialismo. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y una de las principales negociadoras parlamentarias del Gobierno, reconoció que desconocía las modificaciones, aseguró que nunca fueron tratadas en la Mesa Política y reclamó corregirlas. “No estaba enterada” y “esto resiente un poco las relaciones”, afirmó. El episodio adquiere mayor dimensión porque fuentes libertarias aseguran que Martín Menem tampoco conocía el capítulo y diputados oficialistas anticiparon que el texto, tal como llegó al Congreso, no será aprobado.
Buenos Aires – 17 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- El proyecto de Presupuesto 2027 abrió una inesperada crisis dentro del Gobierno de Javier Milei después de que Patricia Bullrich admitiera públicamente que desconocía los profundos cambios introducidos en materia de discapacidad y cuestionara que una decisión políticamente sensible hubiera llegado al Congreso sin pasar por la Mesa Política encargada precisamente de coordinar la estrategia legislativa oficial.
“No estaba enterada, tenemos que corregir eso”, afirmó Bullrich este jueves al referirse a las modificaciones incluidas en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. La declaración resultó especialmente significativa porque Bullrich no ocupa un lugar secundario dentro del dispositivo parlamentario libertario: preside el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado y tiene a su cargo negociaciones con gobernadores, radicales, sectores del PRO y legisladores provinciales que el Gobierno necesita para aprobar sus proyectos.
Su malestar fue todavía más explícito cuando confirmó que el asunto no había sido discutido dentro del máximo ámbito de coordinación política del oficialismo. “El tema no salió a la luz en la Mesa Política”, señaló, antes de advertir sobre una consecuencia que excede la cuestión administrativa: “Esto resiente un poco las relaciones”.
La frase apunta directamente a uno de los problemas que enfrenta la Casa Rosada para construir mayorías parlamentarias. Mientras Bullrich y otros operadores oficialistas negociaban con bloques aliados una alternativa consensuada para resolver la crisis del sistema de discapacidad, el proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo incorporó una reforma sustancial que alteró las condiciones sobre las cuales se desarrollaban esas conversaciones.
La sorpresa no habría quedado limitada a Bullrich. Fuentes parlamentarias de La Libertad Avanza reconocieron que numerosos diputados desconocían el contenido del capítulo y aseguraron que incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no habría estado informado previamente sobre el alcance de las modificaciones.
La situación provocó malestar entre legisladores que durante las últimas semanas habían transmitido a sus interlocutores del PRO, la UCR, Provincias Unidas y otros bloques dialoguistas que el oficialismo trabajaba sobre una propuesta “superadora” de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La aparición del nuevo articulado dejó esas conversaciones prácticamente en punto muerto y obligó a recomenzar la negociación.
“Así como está, no va a salir”, fue la contundente definición transmitida desde el propio bloque libertario sobre el capítulo incluido en el Presupuesto.
El conflicto resulta todavía más llamativo porque la Mesa Política había mantenido reuniones destinadas precisamente a coordinar la agenda parlamentaria antes de la presentación del Presupuesto. En ese ámbito participan figuras centrales del Gobierno y del oficialismo, mientras distintas áreas del Ejecutivo intervinieron en la confección del proyecto económico.
Las versiones internas comenzaron entonces a distribuir responsabilidades entre el Ministerio de Salud, el área económica y la Secretaría de Legal y Técnica. Una fuente libertaria describió lo ocurrido como una descoordinación entre Salud y Legal y Técnica, mientras otras explicaciones intentaron justificar el episodio señalando que el texto presupuestario había sido elaborado antes de que avanzaran las conversaciones parlamentarias con los aliados.
Esa última explicación tampoco despejó las dudas. Si el capítulo había sido redactado con anterioridad, el interrogante dentro del oficialismo es por qué permaneció sin modificaciones pese a que posteriormente comenzaron negociaciones políticas sobre exactamente la misma cuestión.
Los artículos 36 a 41 del proyecto de Presupuesto modifican aspectos sustanciales de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, sancionada por el Congreso en 2025, vetada posteriormente por Milei y finalmente ratificada legislativamente.
Uno de los principales cambios afecta el régimen de pensiones. El proyecto recupera el concepto de Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, y modifica criterios establecidos en la legislación vigente bajo el paradigma de derechos de las personas con discapacidad.
También cambia las condiciones de compatibilidad entre la pensión y el trabajo formal. El esquema proyectado establece restricciones mayores frente a la posibilidad de mantener el beneficio cuando existe empleo registrado o actividad tributaria, mientras el régimen actualmente vigente contempla determinados márgenes de compatibilidad.
Otro punto particularmente sensible aparece en el financiamiento de las prestaciones. La Ley 27.793 estableció un sistema de aranceles iguales para los obligados dentro del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, con mecanismos de actualización vinculados a la movilidad.
El proyecto presupuestario modifica ese esquema y elimina el principio del arancel único, abriendo la posibilidad de que distintos financiadores establezcan valores diferentes y trasladando parte de las definiciones hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo. Organizaciones del sector y legisladores opositores cuestionaron inmediatamente esos cambios.
El problema político para Bullrich es que el contenido apareció cuando ella y otros representantes del oficialismo necesitan reconstruir acuerdos con senadores y diputados dialoguistas para aprobar no solamente el Presupuesto, sino una extensa agenda que incluye reformas institucionales y electorales.
La jefa libertaria dejó trascender que su cuestionamiento no está dirigido contra el objetivo general de ordenar el sistema ni contra la necesidad de controlar irregularidades, sino contra el procedimiento utilizado y la ausencia de coordinación política antes de incorporar modificaciones capaces de afectar una negociación parlamentaria en curso.
Su advertencia acerca de que el episodio “resiente” las relaciones resulta especialmente significativa. Bullrich necesita convencer a los mismos aliados que habían participado de conversaciones sobre una solución consensuada y que ahora descubrieron que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso una propuesta diferente.
El episodio expone nuevamente las dificultades de coordinación entre las distintas terminales del Gobierno. Por un lado se encuentra el equipo económico, concentrado en preservar las metas fiscales; por otro, las áreas encargadas de elaborar técnicamente las reformas; y finalmente aparecen los operadores políticos que deben conseguir en el Congreso los votos necesarios para convertirlas en ley.
Cuando esas tres instancias no funcionan de manera sincronizada, el problema deja de ser exclusivamente administrativo. Los negociadores parlamentarios pueden quedar comprometidos frente a interlocutores a quienes habían transmitido posiciones que posteriormente el propio Ejecutivo modifica.
El dato más revelador es que Bullrich decidió hacer público su disgusto en lugar de procesarlo exclusivamente dentro del oficialismo. Que la presidenta del bloque del Gobierno en el Senado declare que desconocía una modificación incluida en el principal proyecto económico del Poder Ejecutivo y que además confirme que no fue discutida en la Mesa Política constituye una señal poco habitual de las diferencias internas.
El episodio también coloca bajo observación el funcionamiento de la conducción política de la Casa Rosada. Luis Caputo, responsable del Ministerio de Economía que elaboró el Presupuesto; las áreas de Salud vinculadas con discapacidad; Legal y Técnica; la Jefatura de Gabinete y los responsables parlamentarios forman parte, con distintos grados de intervención, de una cadena de decisiones cuyo resultado terminó sorprendiendo a quienes debían defender el proyecto ante el Congreso.
El malestar alcanzó también a Diputados. Allí, legisladores libertarios que venían participando de conversaciones sobre discapacidad debieron explicar a sus aliados por qué el proyecto presupuestario contenía disposiciones diferentes de las que estaban negociando. Menem mantuvo reuniones con integrantes del bloque para contener el disgusto y reorganizar la estrategia.
La conclusión preliminar dentro del oficialismo es que el capítulo deberá modificarse durante el tratamiento parlamentario. Bullrich fue explícita al reclamar una corrección y desde Diputados reconocieron que el articulado no reúne respaldo suficiente para ser aprobado en su versión actual.
El traspié llega además en un momento delicado para la estrategia legislativa de Milei. El Gobierno necesita acuerdos con gobernadores y bloques provinciales para aprobar el Presupuesto 2027, mientras simultáneamente intenta avanzar con la reforma electoral y otras iniciativas. Abrir un conflicto sobre discapacidad con esos mismos sectores obliga a gastar capital político precisamente cuando la Casa Rosada necesita ampliarlo.
El debate parlamentario permitirá determinar ahora quién termina imponiendo el criterio definitivo. Si el Gobierno modifica los artículos, habrá reconocido en los hechos la objeción planteada por sus propios legisladores; si insiste con la redacción enviada por Economía, Bullrich deberá negociar votos para un texto que públicamente afirmó desconocer y que considera necesario corregir.
La controversia dejó así una consecuencia política que difícilmente pueda eliminarse simplemente modificando algunos artículos. El Presupuesto 2027 debía convertirse en la principal herramienta para ordenar la estrategia económica y parlamentaria del último año completo del mandato de Milei, pero su primera gran discusión terminó revelando una falla en el circuito interno de decisiones: mientras funcionarios negociaban una salida con los aliados, otras áreas del mismo Gobierno enviaban al Congreso una solución diferente.
Las próximas reuniones entre Economía, Salud, los responsables parlamentarios y los bloques dialoguistas deberán reconstruir ahora el texto sobre discapacidad. Allí se conocerá también hasta dónde llega el reclamo de Bullrich, porque la senadora ya dejó establecido públicamente un límite que condicionará esa negociación: el capítulo que llegó dentro del Presupuesto no fue discutido con ella, no pasó por la Mesa Política y, en su criterio, debe ser corregido antes de pedirles a los aliados que lo conviertan en ley.
Fuentes consultadas: declaraciones de Patricia Bullrich; proyecto de Presupuesto Nacional 2027; Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad; Boletín Oficial de la República Argentina; Cámara de Diputados; Senado de la Nación; TN; La Nación; Infobae; Chequeado; Agencia Noticias Argentinas.
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