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Buenos aires-23 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNALa historia parecía, en su momento, una postal más del auge porteño: en 2009, en el corazón de Puerto Madero, se presentaba un local de “tienda de conveniencia” con aspiraciones de franquicia y una inversión inicial que se estimaba en US$2,5 millones. El proyecto se llamó Córner, mi lugar y se instaló en Pierina Dealessi al 200, en el Dique 4, envuelto en el lenguaje amable del retail moderno y el consumo rápido. Con el paso del tiempo, sin embargo, ese emprendimiento quedó asociado a un nombre que hoy resume el costado financiero del crimen organizado transnacional: Gerardo González Valencia, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”) y figura señalada como número dos de Los Cuinis, el brazo económico del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La reconstrucción del caso expone un patrón que inquieta a investigadores y especialistas: la capacidad de organizaciones narcocriminales para “camuflar” capitales en mercados dinámicos, con bienes raíces y negocios de fachada como puertas de entrada. En la Argentina, el aterrizaje de González Valencia se habría apoyado en sociedades registradas localmente, prestanombres y operadores que, según expedientes judiciales y reportes periodísticos, facilitaron la circulación de fondos hacia el circuito formal. En ese marco, lo que se vendió como un negocio gastronómico y de conveniencia terminó leído como una pieza más del manual del lavado: inversión visible, imagen de “vida normal”, y un flujo de dinero que, por su volumen, debería haber disparado alarmas tempranas.
En Estados Unidos, González Valencia fue perseguido por una conspiración internacional de tráfico de cocaína y por el financiamiento de operaciones de gran escala. Tras ser detenido en Uruguay en 2016, fue extraditado a territorio norteamericano en 2020. A fines de 2022, admitió su participación en una conspiración para importar y distribuir cocaína hacia el mercado estadounidense, aunque los investigadores sostuvieron que el alcance real fue mayor. En julio de 2023, un tribunal federal en Washington D.C. lo sentenció a cadena perpetua. Para las agencias norteamericanas, Los Cuinis no eran un apéndice menor: eran un engranaje decisivo para mover, transformar y “blanquear” el dinero del narco en múltiples jurisdicciones.
El capítulo argentino tuvo, además, señales concretas que asomaron antes de que el caso escalara, como informó La Nación. Un episodio fortuito —un choque, ocurrido a fines de 2008, que dejó al descubierto la presencia de ciudadanos mexicanos recién instalados en un edificio de alta gama— empujó la mirada hacia sociedades de papel, domicilios incongruentes y vehículos a nombre de terceros. Con el tiempo, la investigación apuntó a la firma Círculo Internacional S.A., vinculada a Círculo México, como parte del andamiaje societario que habría recibido fondos desde el exterior. De acuerdo con informes atribuidos a la Unidad de Información Financiera (UIF) en el marco de la causa, entre 2009 y 2011 la sociedad local recibió alrededor de US$1,8 millones desde su accionista mexicana, fondos cuyo origen fue puesto bajo sospecha por sus presuntos vínculos con el entramado delictivo.
En esa línea, la investigación judicial en la Argentina —con intervención del juez federal Néstor Barral y el fiscal Sebastián Basso, según publicaciones especializadas— identificó a operadores y presuntos cómplices, con pedidos de captura internacional que, en varios casos, no prosperaron por falta de localización. Años después, en Uruguay, el foco volvió a encenderse con la detención de Óscar Gilberto Calvete Voz de Sousa, empresario argentino señalado como una pieza clave en la operatoria de lavado vinculada al CJNG y Los Cuinis. Reportes periodísticos indicaron que fue detenido por Interpol en Punta del Este en el marco de un requerimiento argentino, y que su rol habría incluido tareas de administración, auditoría y representación de intereses societarios que excedían el funcionamiento comercial habitual.
El caso no es un hecho aislado, y ese es el punto que debería preocupar —y ocupar— a las autoridades. La experiencia regional muestra que el dinero narco busca, de manera persistente, activos que “absorban” capital: desarrollos inmobiliarios, fideicomisos, countries, emprendimientos turísticos, autos de alta gama. En la Argentina, existen antecedentes de investigaciones sobre fideicomisos y estructuras inmobiliarias en Nordelta y otros countries del partido de Tigre bajo sospecha de maniobras de lavado y fondos sin justificar. La advertencia es conocida en tribunales y organismos: cuando el ladrillo se convierte en “caja de seguridad” del delito, el riesgo no es solo económico, sino institucional, porque la inversión narco trae aparejada influencia, redes, contratación de servicios, y una silenciosa captura de espacios.
Por eso, el rastro del entorno financiero del CJNG en Puerto Madero funciona como recordatorio incómodo: la Argentina no es una isla y el “desembarco” puede ocurrir a plena luz del día, detrás de un comercio prolijo, una sociedad anónima, y un circuito de transferencias que, con control y coordinación real, debería ser detectable. Poner el foco a tiempo —en la trazabilidad del dinero, en los beneficiarios finales, en los proyectos inmobiliarios que crecen a velocidad inexplicable— no es una consigna: es una política de prevención. Porque cuando el capital ilícito se consolida como inversor, desarmarlo después cuesta infinitamente más.
