Buenos Aires, 25 de febrero de 2026-Total News Agency-TNA- La investigación judicial sobre el presunto circuito de fondos y bienes vinculados a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó en las últimas horas un dato de alto impacto: en un allanamiento realizado en la sede de Viamonte, la Justicia encontró documentación interna que acreditaría transferencias por al menos $300 millones a Real Central SRL, la sociedad que figura como titular de la mansión ubicada en el country Ayres Plaza, en Pilar. Los papeles quedaron incorporados a las actuaciones que se tramitan en distintos expedientes y refuerzan la sospecha central del caso: que una empresa bajo control formal de presuntos testaferros habría recibido pagos desde la caja de la casa madre del fútbol argentino.
De acuerdo con los comprobantes secuestrados, las transferencias se realizaron en junio de 2025 y aparecen registradas bajo el concepto “servicio de logística”. Sin embargo, uno de los documentos incorpora un detalle que elevó el nivel de alarma dentro del expediente: una referencia directa al VAR, lo que abriría interrogantes sobre el presunto vínculo entre esos desembolsos y servicios vinculados al videoarbitraje. Para los investigadores, el hallazgo en las oficinas de la AFA no solo prueba la existencia de órdenes de pago y su trazabilidad administrativa, sino también la presencia de material sensible que no suele quedar librado a registros informales.
La primera orden de pago encontrada está fechada el 19 de junio de 2025. Allí se consigna una transferencia por $231.110.000, con número de orden 267894, en estado “pagado”, nuevamente bajo el rótulo “servicio de logística”. El comprobante incluye en el concepto una mención específica al VAR, un elemento que la Justicia ahora busca contextualizar: si se trató de un servicio efectivamente prestado, quién lo contrató, con qué alcance y bajo qué parámetros de auditoría interna, o si la etiqueta funcionó como cobertura para justificar movimientos de dinero hacia una firma bajo sospecha.
La segunda orden de pago es del 2 de junio de 2025 y detalla un giro por $70.400.000 con número de orden 267372, también imputado a “servicio de logística”. En ese documento aparece la firma de Luciano Pantano con la leyenda “P/Real Central SRL”, un dato que para la investigación es clave: la rúbrica lo mostraría actuando como representante del proveedor ante la AFA. En el expediente, Pantano y su madre, la jubilada Ana Lucía Conte, figuran como titulares formales de la sociedad, pero son señalados como presuntos testaferros en el marco de la causa que analiza la operatoria patrimonial asociada a la mansión de Pilar y otros bienes.
Los investigadores, además, detectaron un elemento adicional que podría servir como patrón de validación de firmas y circuitos administrativos: entre los papeles aparece Pantano como receptor en un comprobante de pago por $600.000.000 realizado por Argentinos Juniors a la AFA. La coincidencia de la firma en documentos de naturaleza distinta —por un lado órdenes de pago a Real Central SRL y por otro una constancia vinculada a ingresos de un club hacia la asociación— quedó bajo análisis pericial para determinar el alcance real de sus funciones y el modo en que se integraba en la operatoria cotidiana.
El hallazgo surgió dentro de un operativo ordenado por el juez federal Luis Armella, que incluyó procedimientos simultáneos en distintas sedes de la AFA y en el domicilio del empresario Javier Faroni. El objetivo principal, según se desprende de la pesquisa, era reunir documentación relacionada con TourProdEnter, firma investigada por haber administrado fondos en el exterior asociados a contratos y movimientos vinculados a la AFA. Pero entre cajas con documentación y soportes digitales también apareció material que remite directamente a Real Central SRL, incorporado ahora como pieza relevante dentro del rompecabezas judicial.
La mansión de Ayres Plaza está valuada en alrededor de US$17 millones según una pericia incorporada a la causa. La historia registral del inmueble también forma parte de la trama: el primer dueño fue el exfutbolista Carlos Tévez (julio de 2017), luego pasó a Malte SRL (28 de junio de 2023) y finalmente quedó registrada a nombre de Real Central SRL (30 de mayo de 2024). En el expediente figura que la compra se declaró por US$1.800.000, diferencia que, junto con otras inconsistencias bajo revisión, impulsó nuevas medidas de prueba en el expediente específico sobre la propiedad, actualmente bajo la órbita del juez Adrián González Charvay.
En paralelo, Conte y Pantano mantienen restricciones judiciales: prohibición de salida del país, bienes inhibidos y cuentas congeladas. La sociedad Real Central SRL, además, figura como titular de decenas de vehículos de alta gama, un componente patrimonial que la Justicia considera relevante para evaluar capacidad económica, origen de fondos y consistencia fiscal.
Mientras tanto, la causa madre que mira el flujo internacional de dinero —con eje en TourProdEnter— sigue su curso. En ese tramo, se investiga la administración de aproximadamente US$260 millones y el presunto desvío de al menos US$42 millones hacia un entramado de firmas bajo sospecha. Con el nuevo hallazgo en Viamonte, la pesquisa suma un capítulo local que vuelve a colocar el foco sobre la necesidad de controles internos y rendición de cuentas en la conducción del fútbol argentino.
