La Plata – 16 junio 2026 – Total News Agency – TNA-. El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires aprobó la rendición correspondiente al ejercicio 2024 del Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, pero dejó asentada una observación de alto voltaje político: apenas diez beneficiarios concentraron el 65,07 por ciento del gasto analizado en publicidad y propaganda oficial, por un total de 16.205.992.274 pesos.
El dato impacta de lleno sobre la administración de Axel Kicillof, que mientras cuestiona diariamente el ajuste nacional y denuncia falta de recursos, destinó una masa millonaria de fondos públicos a un esquema de pauta oficial con fuerte concentración en pocas empresas, productoras y medios. La cartera responsable está a cargo de Jesica Rey, ministra de Comunicación Pública y una de las funcionarias de mayor confianza del gobernador.
Según el cuadro incorporado en el fallo, los diez principales beneficiarios fueron Prador Diez SA, con 4.237.039.695 pesos, equivalente al 17,01 por ciento; Sentidos SA, con 3.118.734.449 pesos, el 12,52 por ciento; Alta Densidad SA, con 2.465.319.842 pesos, el 9,90 por ciento; THA Medios SA, con 1.783.251.845 pesos, el 7,16 por ciento; y Taller Producciones SA, con 1.218.283.500 pesos, el 4,89 por ciento.
La nómina continúa con El Destape Radio SA, que recibió 733.850.874 pesos, equivalente al 2,95 por ciento; Televisión Federal SA, con 727.826.571 pesos, el 2,92 por ciento; La Corte SA, con 667.680.177 pesos, el 2,68 por ciento; La Brújula Televisión SRL, con 656.800.000 pesos, el 2,64 por ciento; y Comercial Medios SA, con 597.205.219 pesos, el 2,40 por ciento.
Detrás de esas razones sociales aparecen actores centrales del sistema de medios. Parador Diez SA aparece vinculada al Grupo Indalo, conglomerado empresario asociado a Cristóbal López y Fabián De Sousa, que controla C5N y emisoras como Radio 10, Pop, Mega, Vale y One. La Corte SA también aparece asociada a ese universo empresario, como productora audiovisual. En tanto, El Destape Radio SA forma parte del grupo periodístico encabezado por Roberto Navarro, uno de los espacios mediáticos más identificados con el oficialismo kirchnerista.
El dato central es que el grueso de la pauta no quedó distribuido entre pequeños medios locales, comunitarios o del interior profundo bonaerense, sino concentrado en conglomerados de alcance nacional, señales televisivas, radios, portales digitales y estructuras comerciales con peso propio dentro del ecosistema comunicacional argentino.
El fallo también incluyó un segundo cuadro con los principales medios receptores. Allí aparece C5N en primer lugar, con 2.456.893.066 pesos, equivalente al 9,90 por ciento del total y Crónica TV, con 1.088.953.078 pesos, el 4,37 por ciento.
Luego figuran el Destapeweb, con 920.252.400 pesos, el 3,69 por ciento; El destaperadio, con 733.850.874 pesos, el 2,95 por ciento; LS84 TV Canal 11 – Telefe, con 727.826.571 pesos, el 2,92 por ciento; La Corte, con 667.680.177 pesos, el 2,68 por ciento; La Brújula Televisión SRL, con 656.800.000 pesos, el 2,64 por ciento; Crónica, con 544.622.737 pesos, el 2,19 por ciento; y LRL 204 FM 101.5 MHz Radio Pop, con 429.876.942 pesos, el 1,73 por ciento.
El subtotal de esos diez medios alcanza los 10.020.007.791 pesos, equivalente al 40,23 por ciento. Es decir, cuatro de cada diez pesos del universo analizado terminaron en una decena de bocas de expendio comunicacional.
La observación más sensible del Tribunal de Cuentas apunta a la dificultad para identificar criterios claros de distribución. En términos políticos, el organismo dejó constancia de que el reparto de la publicidad oficial no permite advertir con nitidez cuáles fueron los parámetros objetivos utilizados por el ministerio de Jesica Rey para asignar semejante volumen de recursos.
El señalamiento es especialmente delicado porque la publicidad oficial debe responder a criterios de interés público, alcance, necesidad comunicacional, territorialidad, audiencia, pluralidad y transparencia. Cuando esos criterios no aparecen con claridad, la pauta deja de ser una herramienta de información institucional y pasa a ser leída como una caja política de disciplinamiento, premio o afinidad editorial.
El Tribunal también marcó otra inconsistencia relevante: el gasto devengado en publicidad oficial alcanzó los 20.204 millones de pesos, frente a una previsión original de apenas 202 millones. La diferencia representa un incremento del 10.002 por ciento, un salto presupuestario que el organismo vinculó con una deficiente planificación y con la falta de coordinación entre el ministerio y los organismos de la administración pública que utilizan campañas de comunicación.
Dicho de otro modo: el gobierno bonaerense no sólo concentró una parte sustancial de la pauta en pocos beneficiarios, sino que además lo hizo sobre una estructura presupuestaria que el propio órgano de control consideró mal estimada.
La responsabilidad política y administrativa recae sobre Jesica Rey, titular del área durante el período bajo análisis. El expediente también identifica a Gerardo Daniel René Jacoby como tesorero general y a Carlos Guillermo Lunghi como contador general.
En los pasillos del poder bonaerense también aparece mencionado Néstor Fabián “Conu” Rodríguez, referente vinculado a La Cámpora y ex presidente de Télam, investigado en una causa por presunto espionaje ilegal a jueces y dirigentes. Según versiones políticas recogidas en la gobernación, Rodríguez tendría influencia en el manejo de la pauta provincial y se lo vincula con Sentidos SA, una de las empresas más beneficiadas por el reparto publicitario de la gestión Kicillof.
El expediente también incluyó observaciones sobre el área de personal. El Tribunal de Cuentas mencionó inconsistencias en procedimientos de incorporación de agentes, liquidaciones de haberes y pagos retroactivos. En ese marco, se identificaron casos de empleados que habrían percibido sumas retroactivas sin que, al momento del análisis, estuviera suficientemente acreditada la prestación efectiva de servicios previa.
Entre los funcionarios señalados en esa parte del expediente aparecen Fernando Aníbal de Vega, Ezequiel Coya y Jorge Eduardo Azaldeguy, a quienes se les requirió documentación e información. Si bien el Tribunal no formuló cargo económico ni sanción personal en ese punto, sí dejó constancia de debilidades de control interno y recomendó fortalecer los mecanismos de acreditación de la efectiva toma de posesión del cargo, los registros de asistencia y las certificaciones de servicios.
El caso se suma a cuestionamientos previos sobre el manejo de la publicidad oficial bonaerense. Investigaciones periodísticas recientes ya habían señalado que grandes grupos de medios recibieron montos relevantes de pauta provincial, con fuerte presencia de Grupo Indalo, Grupo Olmos, Grupo América, Grupo Clarín y El Destape. También se había advertido que, durante 2025, el gasto publicitario bonaerense volvió a crecer de manera significativa.
La foto que deja el fallo es incómoda para Axel Kicillof: una provincia que se presenta como víctima permanente de la motosierra nacional, pero que mantiene una caja publicitaria multimillonaria, concentrada y con criterios que el órgano de control no logró ver con claridad. En tiempos de salarios deteriorados, escuelas con problemas de infraestructura, hospitales bajo presión y municipios reclamando fondos, el reparto de más de 16.205 millones de pesos entre apenas diez beneficiarios expone una prioridad política difícil de explicar.
