Washington-27 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este viernes con una declaración de alto voltaje político al afirmar que su administración analiza una posible “toma de control amistosa” de Cuba, en un contexto de máxima tensión bilateral por el endurecimiento de sanciones, el impacto del bloqueo energético sobre la isla y un reciente enfrentamiento armado en aguas cubanas que dejó cuatro muertos. “El gobierno cubano está hablando con nosotros” y “quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba”, dijo el mandatario ante la prensa antes de abordar el Air Force One para viajar a Texas, y agregó que el secretario de Estado, Marco Rubio, está “gestionándolo” “a muy alto nivel”.
El mensaje, enigmático y poco habitual en términos diplomáticos, llegó apenas días después de un incidente marítimo que reactivó alarmas en La Habana, en Washington y en el sur de Florida. Según la versión oficial cubana, una lancha rápida registrada en Florida con diez ocupantes armados ingresó en aguas territoriales de la isla, abrió fuego contra una unidad de Tropas Guardafronteras y desencadenó un intercambio de disparos. El saldo, siempre de acuerdo con el relato cubano, fue de cuatro atacantes abatidos, varios heridos —incluido un oficial cubano— y detenciones entre los sobrevivientes. Cuba sostiene que se trataba de exiliados que planeaban acciones violentas en el país, una acusación que, de confirmarse, reavivaría un trauma histórico para el régimen: el temor a incursiones desde el exterior en momentos de fragilidad interna.
En paralelo, el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío afirmó que las autoridades cubanas mantuvieron comunicación con contrapartes estadounidenses desde el inicio del episodio, incluyendo instancias del Departamento de Estado y del Servicio de Guardacostas. El funcionario aseguró que está en marcha un proceso investigativo “riguroso” para establecer con precisión cómo ocurrió la secuencia, y adelantó que se solicitará información sobre los implicados, el medio utilizado y otros detalles mediante los mecanismos de contacto vigentes entre ambos países. El dato es relevante: aun con discursos duros, las dos capitales preservan canales técnicos para evitar que un incidente puntual se convierta en una crisis mayor.
El marco de fondo es un asedio económico que se intensificó a fines de enero, cuando Trump firmó una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional vinculada a Cuba y habilitó un mecanismo para imponer aranceles adicionales a importaciones desde terceros países que “directa o indirectamente” suministren petróleo a la isla. Aunque el esquema aún atraviesa discusiones políticas y técnicas, su efecto disuasivo es inmediato: proveedores y navieras sienten el riesgo comercial y legal, y el abastecimiento de combustibles se vuelve más incierto. En una economía ya golpeada por falta de divisas, deterioro productivo y crisis energética, cualquier restricción adicional se traduce en apagones, transporte limitado y dificultades para sostener servicios básicos.
Desde la diplomacia estadounidense, Marco Rubio viene endureciendo el tono. En presentaciones recientes ante líderes de la región del Caribe, habló de la necesidad de un “cambio radical” en Cuba y vinculó la presión económica con el objetivo de forzar transformaciones internas. La lectura del Gobierno de Estados Unidos es que el régimen cubano atraviesa una vulnerabilidad excepcional y que, con el “cerco” energético y financiero, se abre una oportunidad para redefinir la relación bajo condiciones nuevas. Del lado cubano, la narrativa es opuesta: denuncia un castigo colectivo, lo enmarca como una agresión externa y advierte sobre el riesgo de que la desesperación económica se combine con acciones violentas promovidas desde el exilio.
En ese terreno, la frase “toma de control amistosa” agrega combustible a una historia cargada de simbolismos. En el lenguaje habitual de Estados Unidos, “friendly takeover” es un término del mundo corporativo; aplicado a un país soberano, sugiere un abanico de interpretaciones: desde una provocación retórica y electoral —muy dirigida al electorado cubanoamericano— hasta una insinuación de negociación política de alto nivel con sectores del poder en La Habana. El propio Gobierno cubano ya dejó entrever escepticismo sobre la existencia de contactos “de alto nivel” y, al mismo tiempo, se multiplicaron versiones sobre reuniones informales en los márgenes de encuentros regionales del Caribe con interlocutores no oficiales pero influyentes.
La tensión crece, además, porque el incidente de la lancha abre otra pregunta sensible: la identidad y nacionalidad de los involucrados. En Estados Unidos circuló la versión de que al menos uno de los ocupantes podría tener ciudadanía estadounidense. Si eso se confirma, la presión política sobre la Casa Blanca aumentará en dos direcciones opuestas: por un lado, pedidos de explicaciones y protección consular; por el otro, exigencias para profundizar la línea dura si se concluye que el grupo buscó ejecutar ataques en la isla.
En el corto plazo, el tablero se juega en tres frentes que avanzan en paralelo: la investigación del tiroteo en el mar, la efectividad real del cerco energético y la posible existencia —o no— de conversaciones políticas capaces de sostener el tono de Trump. Mientras tanto, en el centro de la escena quedan los civiles: los cubanos que atraviesan apagones y escasez, las familias en el exilio que siguen cada gesto de Washington, y una región caribeña que observa con preocupación cómo un conflicto bilateral puede desestabilizar rutas migratorias, seguridad marítima y equilibrios diplomáticos.
