La plata-11 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA- La crisis cloacal de la región capital bonaerense sumó un nuevo capítulo de enorme gravedad institucional y ambiental. La Justicia federal dispuso embargar a la Provincia de Buenos Aires por $157.164.287.201 para garantizar el inicio de obras de tratamiento y disposición final de líquidos cloacales en La Plata, Berisso y Ensenada, luego de considerar acreditado un prolongado incumplimiento estatal frente a un problema que arrastra más de veinte años.
La resolución fue firmada por el juez federal Alberto Recondo, a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 4 de La Plata, quien ordenó inmovilizar esa suma en una cuenta judicial hasta que el gobierno bonaerense demuestre el comienzo de la primera etapa del proyecto de saneamiento. El dinero, según dispuso el magistrado, deberá permanecer colocado en un plazo fijo con renovación automática cada 30 días hasta que se verifique el inicio efectivo de las obras comprometidas.
La decisión judicial no surgió de un episodio aislado, sino del agravamiento de una causa iniciada en 2020 por daños ambientales, dentro de un expediente en el que ya se venían dictando medidas cautelares desde 2022. En ese marco, el juez había advertido reiteradamente sobre el deterioro del sistema hídrico integrado por el arroyo El Gato, el Río Santiago y el Río de la Plata, afectado por descargas cloacales y residuos urbanos que, según distintos informes incorporados a la causa, comprometen de manera severa tanto el ambiente como la salud pública.
Uno de los elementos más contundentes del expediente fue un informe pericial elaborado por especialistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que describió un cuadro de “contaminación aberrante” en todo el sistema analizado. Según esa pericia, la zona se convirtió en un verdadero sumidero de aportes cloacales y residuos, reflejo de una infraestructura sanitaria claramente insuficiente para el volumen de efluentes generado por las tres ciudades.
En su resolución, Recondo sostuvo que la incapacidad para tratar de manera adecuada los residuos cloacales no es nueva ni coyuntural, sino la expresión de una omisión persistente del Estado provincial en la puesta en marcha de una política sanitaria y ambiental eficaz. El punto no es menor: la propia Justicia ya había ordenado en 2022 que la Provincia incorporara en su presupuesto los recursos necesarios para iniciar la obra propuesta por la misma administración bonaerense. Sin embargo, esa orden, según remarcó el magistrado, no fue cumplida.
Ese incumplimiento fue uno de los fundamentos centrales del embargo. El juez entendió que, ante la falta de avances concretos y frente a la continuidad del daño ambiental, resultaba necesario asegurar por vía judicial el financiamiento inicial del proyecto. También desestimó el argumento habitual de la escasez de recursos. En resoluciones anteriores ya había señalado que el costo de la obra representaba apenas el 0,67 por ciento del presupuesto provincial, de modo que la demora no podía explicarse seriamente por falta de fondos, sino por prioridades de gestión.
La medida fue adoptada además luego de una inspección ocular realizada por el propio magistrado en las márgenes del arroyo El Gato y en sectores cercanos a su desembocadura en el Río de la Plata. Allí volvió a constatarse, según quedó asentado en actas y registros fotográficos, que las tareas ordenadas no habían sido ejecutadas conforme a lo dispuesto por la Justicia.
A la par del embargo, el fallo ordenó requerir asistencia técnica a la Facultad de Ingeniería de la UNLP para evaluar cómo debería implementarse un sistema mecanizado eficiente de retiro de residuos sólidos del arroyo y de sus márgenes, y eventualmente controlar su correcta aplicación. Es decir, la respuesta judicial no se limitó al aspecto financiero, sino que también buscó respaldo técnico para una solución integral.
El cuadro se vuelve todavía más delicado al sumar las advertencias científicas recientes. Un informe de la Red de Seguridad Alimentaria del Conicet describió una “alarmante situación ambiental y sanitaria” en las playas de Berisso, donde los vertidos sin tratamiento transformaron áreas recreativas en zonas de riesgo para la salud. Los análisis microbiológicos fueron estremecedores: mientras la normativa fija un máximo de 2.000 bacterias coliformes fecales por cada 100 mililitros para el vuelco en cursos de agua, en la descarga cloacal se detectaron valores promedio cercanos a 7,1 millones.
En paralelo, la organización ambiental Nuevo Ambiente pidió que no se aplique el aumento tarifario de Aguas Bonaerenses, al sostener que el sistema cloacal regional funciona de manera incompleta y que la planta de pretratamiento ubicada en Berisso no alcanza para procesar el volumen de efluentes generado por La Plata, Berisso y Ensenada. El embargo judicial, en ese contexto, no solo pone una cifra récord sobre la mesa: también deja expuesta una postergación estructural que ya no admite más excusas.
