Por Dario Rosatti
Nueva York, 29 de abril-Total News Agency-TNA- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos delitos de narcotráfico y armas, en una acusación que sacude a México, golpea de lleno al poder territorial de Morena y vuelve a exponer la penetración del Cártel de Sinaloa en estructuras políticas y de seguridad.
La acusación fue revelada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, que imputó a los señalados por conspiración para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, además de delitos vinculados con ametralladoras, dispositivos destructivos y protección armada a operaciones criminales. La causa quedó asignada a la jueza federal Katherine Polk Failla.
Según la fiscalía estadounidense, Rocha Moya y otros altos cargos de Sinaloa habrían actuado como brazo político, policial e institucional del Cártel de Sinaloa, especialmente de la facción conocida como Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La acusación sostiene que el grupo criminal ayudó al gobernador a llegar al poder en 2021 mediante intimidaciones, secuestros y presión sobre rivales políticos, y que luego recibió protección para operar con impunidad.
Entre los acusados también figura Enrique Inzunza Cázarez, actual senador mexicano y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. La lista incluye además a exfuncionarios de seguridad, jefes policiales, integrantes de la fiscalía estatal y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Para Washington, no se trata solo de una red criminal, sino de un entramado de poder que habría usado cargos públicos para proteger cargamentos de droga, filtrar información sensible y permitir la expansión del cartel.
El comunicado oficial del Departamento de Justicia afirma que los acusados habrían ordenado a la Policía Estatal de Sinaloa, a la Policía Investigadora y a la Policía Municipal de Culiacán proteger cargamentos almacenados o en tránsito hacia Estados Unidos. También sostiene que algunos funcionarios recibían pagos mensuales del cartel y que al menos uno de los acusados habría participado en el secuestro de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar, posteriormente torturados y asesinados.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, calificó al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista que combina drogas, corrupción, sobornos y violencia para sostener su poder. La frase central del mensaje estadounidense fue inequívoca: nadie está por encima de la ley, sin importar el cargo político que ocupe.
Rocha Moya rechazó las imputaciones y las calificó como falsas, mientras el Gobierno mexicano adoptó una postura cautelosa y pidió conocer las pruebas antes de avanzar en cualquier decisión. La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta ahora una crisis institucional de enorme magnitud: un gobernador de su propio espacio político queda señalado por la justicia estadounidense como presunto aliado de una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo.
El caso también impacta en la relación bilateral. Estados Unidos ya venía endureciendo su postura contra funcionarios mexicanos sospechados de vínculos con el crimen organizado, incluso con revocaciones de visas. La acusación contra Rocha Moya eleva esa estrategia a otro nivel: ya no se trata de sanciones administrativas, sino de una causa penal federal que podría derivar en pedidos de extradición y en un conflicto diplomático mayor.
La lectura política es inevitable. El golpe judicial llega al corazón simbólico de la Cuarta Transformación, que durante años sostuvo una narrativa de combate a la corrupción mientras en territorios clave crecían las sospechas sobre pactos locales con organizaciones criminales. Para la oposición mexicana, la causa abierta en Nueva York expone lo que el oficialismo buscó negar: que el narcotráfico no solo compra protección, sino que también puede condicionar elecciones, policías, fiscalías y gobiernos.
Todos los nombres:
Enrique Inzunza Cázarez, actual senador y exsecretario general de Gobierno de SinaloaJuan de Dios Gámez Mendívil, intendente de CuliacánJesús Estrada Ferreiro, exintendente de CuliacánGerardo Vargas Landeros, exalcalde de AhomeCristóbal Castañeda Camarillo, exsecretario de Seguridad Pública de SinaloaSara Bruna Quiñónez Estrada, exfiscal general del Estado Óscar Fidel González Mendívil, exsubsecretario de Seguridad Julio César Romanillo Montoya, exdirector de la Policía Investigadora Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, exjefe policial conocido como “Chuy Toño”
La acusación, por ahora, contiene imputaciones que deberán probarse ante la Justicia. Pero el mensaje de Washington ya quedó instalado: el crimen organizado mexicano no será tratado únicamente como un problema policial, sino como una amenaza transnacional apoyada por redes políticas. En ese tablero, Sinaloa vuelve a ocupar el centro de la escena y Rocha Moya queda frente al caso más grave de su carrera política.
