Buenos Aires-12 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA- El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de una fuerte controversia política y pública tras conocerse detalles de un viaje realizado en febrero a Punta del Este en un avión privado, acompañado por su esposa, dos familiares menores de edad y el periodista Marcelo Grandio, conductor de la TV Pública y amigo personal del funcionario. El episodio se sumó, además, al reciente revuelo por el traslado de su pareja, Bettina Angeletti, en el avión presidencial durante la gira oficial a Nueva York, una situación que ya derivó en pedidos de explicaciones, cuestionamientos opositores y denuncias.
Según la información difundida en las últimas horas, Adorni viajó a Uruguay entre el 12 y el 17 de febrero en un Honda Jet matrícula LV-HWA, operado por la firma Alpha Centauri. El vuelo partió desde el aeropuerto de San Fernando y aterrizó en Laguna del Sauce, en Punta del Este, para luego regresar días después en la misma aeronave, aunque en el tramo de vuelta ya no habría viajado Grandio. La principal incógnita sigue siendo quién abonó efectivamente el costo del traslado y en qué condiciones se realizó esa contratación.
El propio Marcelo Grandio habló públicamente del tema y dejó una secuencia de explicaciones que, lejos de despejar las dudas, agregaron más ruido. En una primera intervención televisiva sostuvo que el viaje lo había pagado Adorni, pero luego introdujo una versión distinta y afirmó que cada pasajero cubrió su parte. Esa contradicción alimentó las sospechas en torno a un desplazamiento privado cuyo costo fue estimado de distintas maneras: mientras algunas versiones hablaron de unos 10.000 dólares por el operativo completo, el periodista mencionó una cifra bastante menor, cercana a los 3.600 dólares, aludiendo a una modalidad comercial especial para uno de los tramos.
La polémica no termina allí. La información periodística también señaló que, al regresar al país, Adorni habría solicitado realizar los trámites migratorios dentro de un hangar privado en San Fernando, evitando así el paso por las áreas comunes del aeropuerto. Ese detalle, aparentemente menor, terminó reforzando la percepción de que el funcionario procuró manejar el viaje con una reserva poco compatible con la exposición pública que exige un cargo de su jerarquía.
Consultado por el tema, Adorni evitó dar mayores precisiones y lo encuadró dentro de su vida privada. Sin embargo, la controversia cobró otra dimensión porque el vuelo a Punta del Este quedó inmediatamente asociado al episodio todavía más delicado del viaje oficial a Estados Unidos, donde su esposa integró la comitiva que se trasladó a bordo del avión presidencial en el marco de la Argentina Week.
En una entrevista televisiva, el jefe de Gabinete reconoció que Bettina Angeletti viajó con él y argumentó que era su deseo personal que lo acompañara. Incluso afirmó que Presidencia la invitó a subir al avión y negó que ello hubiera generado un costo adicional para el Estado. Esa explicación, lejos de cerrar el tema, multiplicó las críticas porque fue el propio oficialismo el que había impulsado normas y mensajes públicos orientados a exhibir austeridad, recorte de privilegios y control estricto sobre el uso de bienes estatales.
La oposición aprovechó esa contradicción. El diputado nacional Esteban Paulón cuestionó con dureza el viaje de la esposa del funcionario y sostuvo que el caso podría configurar faltas graves vinculadas al uso de recursos públicos. A la vez, recordó que el Decreto 712/2024, firmado por el presidente Javier Milei, establece que las aeronaves públicas no pueden utilizarse para actividades ajenas al servicio del poder público. Bajo esa lógica, el debate ya no pasa solo por una cuestión de imagen, sino también por la eventual compatibilidad de esas decisiones con la normativa vigente.
El caso impacta de lleno en un Gobierno que hizo de la crítica a la “casta” y a los privilegios una de sus principales banderas discursivas. Y por eso la situación de Adorni resulta especialmente incómoda: no se trata únicamente de un viaje privado o de una compañía familiar, sino de la brecha entre el discurso de austeridad y ciertas prácticas que, al menos en apariencia, se le parecen demasiado a aquellas que el propio oficialismo prometió desterrar.
Mientras persisten las dudas sobre quién pagó realmente el vuelo a Punta del Este, bajo qué criterio se autorizó la presencia de la esposa del funcionario en el avión presidencial y si hubo o no un uso impropio de recursos o influencias, lo que queda expuesto es un problema político más amplio. Cuando el ajuste se predica hacia afuera pero la explicación se vuelve difusa puertas adentro, la credibilidad empieza a pagar un costo que ningún decreto alcanza para cubrir.
