Buenos Aires, 22 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA- El Gobierno nacional se prepara para avanzar en los próximos días con una nueva ola de recortes en el empleo público que, en una primera etapa, apunta a eliminar entre 5.000 y 6.000 puestos y que, a lo largo de 2026, buscaría reducir en torno del 10% la planta total de la administración nacional, empresas y sociedades estatales. Si ese objetivo se concreta, el ajuste alcanzaría a más de 27.000 cargos. La decisión confirma que la motosierra sobre el aparato estatal no entró en una fase de repliegue, sino que acaba de ingresar en una segunda etapa más profunda y más sensible.
La novedad es que, a diferencia de los primeros dos años de gestión, cuando el achique se concentró sobre todo en la administración central, ahora el foco se desplaza hacia los organismos descentralizados. En la Casa Rosada sostienen que muchas de las bajas surgirán de contratos anuales que no serán renovados, a lo que se sumarán retiros voluntarios y el cierre o fusión de áreas consideradas duplicadas, superpuestas u obsoletas. Esa lógica ya empezó a bajar a expedientes concretos. En marzo, la ANSES aprobó un régimen de retiro por “voluntad recíproca”, y a fines de enero la Dirección Nacional de Vialidad hizo lo propio con su sistema de retiro voluntario.
Los números oficiales muestran que el ajuste ya viene siendo fuerte. El informe mensual del INDEC sobre dotación de personal del sector público registró para enero de 2026 un total de 278.705 empleados en la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado. Ese nivel implica una caída de 16,5% interanual y una reducción de 1.415 puestos sólo respecto de diciembre. Si se compara con diciembre de 2023, cuando la planta era de 341.473 personas, la contracción acumulada supera los 62.000 cargos. En paralelo, un informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado contabilizó 60.494 puestos menos entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025, con un ahorro estimado por el propio Gobierno de 2.444 millones de dólares.
Ese recorte se produce, además, en un momento más delicado para el mercado laboral. El INDEC informó esta semana que la desocupación llegó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, contra el 6,4% de un año antes. Es decir, el Gobierno profundiza la poda del empleo estatal justo cuando el desempleo volvió a subir y cuando la economía, aunque cerró 2025 con crecimiento, todavía muestra señales de fragilidad en el empleo y en la actividad. El contexto vuelve más áspera la discusión política: para el oficialismo, el ajuste es un paso inevitable para hacer más eficiente al Estado; para sus críticos, implica achicar estructuras públicas en un momento de mayor vulnerabilidad social.
La administración de Javier Milei ya dio otras señales en esa dirección. En enero endureció las condiciones para nuevas contrataciones y cobertura de vacantes mediante la Decisión Administrativa 1/2026, y en febrero la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública fijó rangos de dotación para limitar la expansión de personal político y contratado. La idea de fondo es clara: no sólo despedir o no renovar, sino también bloquear la reposición de cargos para que el ajuste sea permanente y no reversible por simple inercia burocrática.
En términos políticos, el Gobierno intenta presentar esta nueva etapa como una depuración necesaria. Federico Sturzenegger y su ministerio vienen sosteniendo que el objetivo es reducir gasto, eliminar ineficiencias y concentrar al Estado en funciones esenciales. Pero en la práctica, la nueva ola de bajas amenaza con abrir un frente más conflictivo, porque ya no se limita a oficinas centrales de bajo perfil sino que toca áreas descentralizadas que impactan de manera más visible sobre la vida cotidiana, desde seguridad social e infraestructura hasta regulación, ciencia, tecnología y servicios públicos. Ahí es donde la motosierra deja de ser una bandera abstracta de austeridad para convertirse en un debate concreto sobre capacidad estatal.
La magnitud del recorte proyectado para 2026 confirma, en definitiva, que el Gobierno no considera cumplida su misión de achicamiento. Con más de 62.000 puestos ya recortados desde el inicio de la gestión y un nuevo objetivo de hasta 27.000 bajas adicionales, el mileísmo busca dejar una marca estructural sobre el tamaño del Estado argentino. Lo que está por verse es si ese ajuste logra consolidarse como mejora de eficiencia, como promete el oficialismo, o si termina profundizando tensiones laborales, debilitando áreas sensibles y sumando más ruido a una economía que todavía no ofrece margen político ilimitado para seguir recortando.
