Río de Janeiro, 25 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA-. El caso de la abogada argentina Agostina Páez, que desde enero permanece sometida al proceso penal en Brasil por injuria racial, entró en una etapa decisiva tras la audiencia realizada en la 37ª Vara Criminal de Río de Janeiro, a cargo del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte. La jornada dejó una señal favorable para la defensa, porque la acusación quedó encaminada hacia una respuesta penal más baja que la inicialmente temida, pero al mismo tiempo expuso que la salida todavía no está jurídicamente cerrada: el Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro sostuvo que el pedido para que la imputada espere la sentencia en la Argentina todavía no fue aceptado por el tribunal y que faltan garantías sobre la reparación económica a las víctimas.
La audiencia del martes consolidó, en los hechos, un giro importante en la causa. Según la reconstrucción coincidente de medios argentinos, brasileños y españoles, la imputación que había sido presentada como tres episodios de injuria racial fue reconducida durante el debate hacia un único hecho continuado, lo que reduce de manera sensible la expectativa de pena. Esa modificación es central porque, bajo la legislación brasileña vigente desde 2023, la injuria racial fue equiparada al crimen de racismo y prevé penas de dos a cinco años de prisión y multa; en ese marco, una acusación multiplicada por tres exponía a Páez a un escenario mucho más gravoso que el que ahora se perfila.
El episodio que dio origen al expediente ocurrió el 14 de enero en un bar de Ipanema, cuando, de acuerdo con la acusación, la joven discutió por el importe de una cuenta y luego dirigió expresiones ofensivas a empleados del local. La denuncia del MPRJ sostiene que llamó “negro” de manera despectiva a uno de los trabajadores, utilizó la palabra “mono” contra una empleada de caja y repitió gestos que simulaban un mono frente a otros integrantes del personal. El caso fue filmado, se viralizó rápidamente y derivó en una fuerte exposición pública, además de medidas cautelares como la retención del pasaporte, la prohibición de salir del país y el uso de tobillera electrónica.
En la audiencia, Páez pidió disculpas, dijo estar arrepentida y manifestó su deseo de volver cuanto antes a su provincia de Santiago del Estero. La defensa interpretó esa postura como un elemento decisivo para destrabar una salida negociada y aseguró que la acusada podría cumplir en la Argentina una pena alternativa basada en tareas comunitarias, además de una reparación económica. Distintas coberturas señalaron incluso que las disculpas personales fueron bien recibidas y que el regreso al país podría resolverse en cuestión de días. Sin embargo, la nota oficial divulgada por el Ministerio Público fue más prudente: confirmó que requirió la condena de la acusada y que se opuso a su retorno sin garantías suficientes para asegurar el eventual pago de la reparación. En otras palabras, la puerta quedó entreabierta, pero la llave todavía la tiene el juez.
Ese matiz explica por qué, pese al alivio visible de la defensa y del entorno familiar de la joven, en Río de Janeiro nadie da aún el desenlace por cerrado. El tribunal debe homologar lo actuado y emitir una resolución en los próximos días. Hasta entonces, seguirán vigentes las cautelares y la situación procesal de Páez continuará bajo el control de la Justicia brasileña. El consulado argentino en Río siguió el expediente y tuvo representación en la audiencia, en un proceso que además continúa bajo secreto de sumario, un dato que limita la información oficial disponible y obliga a leer con cautela las versiones triunfalistas surgidas tras la primera jornada. El cuadro general, de todos modos, parece haber cambiado: de una causa que amenazaba con una condena muy severa, el expediente pasó a una instancia donde una pena mínima, tareas comunitarias y una reparación económica aparecen hoy como la salida más probable, siempre a la espera del fallo.
