Buenos Aires, 26 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA- El fiscal general Diego Luciani, junto a su colega Sergio Mola, pidió al Tribunal Oral Federal N°2 que intime a Cristina Fernández de Kirchner a adoptar conductas que eviten nuevas alteraciones del orden público y de la seguridad en torno a su domicilio de la calle San José 1111, donde cumple arresto domiciliario por la condena firme en la causa Vialidad. El planteo de la fiscalía apunta directamente a lo ocurrido durante la movilización del 24 de marzo, cuando militantes y simpatizantes se concentraron frente a la vivienda y la ex presidenta salió al balcón a saludar, una escena que para el Ministerio Público entró en tensión con las reglas impuestas para sostener el beneficio.
La ofensiva de Luciani y Mola no es un gesto menor ni un simple recordatorio formal. En el escrito presentado ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, los fiscales reclamaron que se exhorte a la condenada “bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio concedido”, una fórmula que en la práctica coloca a Cristina Kirchner ante una advertencia procesal concreta. La fiscalía entiende que los episodios registrados en las inmediaciones de la vivienda no se ajustan al marco de tranquilidad vecinal y convivencia pacífica que el tribunal fijó cuando le concedió el régimen domiciliario.
El punto central del planteo es que la prisión domiciliaria no fue otorgada como una situación abierta o políticamente flexible, sino como una modalidad excepcional de cumplimiento de pena con condiciones precisas. Cuando el TOF 2 le concedió ese beneficio el 17 de junio de 2025, lo hizo luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La resolución incluyó tobillera electrónica, limitaciones de visitas y la obligación de permanecer en el domicilio salvo excepciones autorizadas o justificadas.
Sobre esa base, la fiscalía considera que lo ocurrido el 24 de marzo no puede ser leído como un hecho aislado o espontáneo. Según el escrito difundido por distintos medios, Luciani y Mola sostuvieron que las concentraciones frente a la vivienda y la exposición pública desde el balcón contradicen el núcleo de las resoluciones que hicieron viable la morigeración de la pena. Además, remarcaron que las convocatorias habrían sido impulsadas, al menos en parte, a través de redes sociales y estructuras militantes, lo que a su juicio agrava la situación porque transforma una detención domiciliaria en una escena con impacto sobre la circulación, la seguridad y la rutina del barrio.
La discusión no se limita a la jornada del 24 de marzo. El trasfondo es más amplio y toca un punto especialmente sensible: desde que comenzó a cumplir la condena en su departamento, el balcón de Cristina Kirchner se convirtió en una plataforma política y simbólica de fuerte centralidad para su militancia. Ya en junio de 2025, miles de personas se habían movilizado a su domicilio y ese punto del edificio pasó a funcionar como lugar de contacto visual y político con sus seguidores. Ese antecedente explica por qué el Ministerio Público ahora busca frenar nuevas escenas de concentración masiva antes de que terminen naturalizándose como parte del régimen de detención.
Por el momento, el TOF 2 no resolvió el pedido de la fiscalía. Pero el movimiento de Luciani y Mola vuelve a tensar la ejecución de una condena que nunca dejó de tener alto voltaje político y judicial. Si el tribunal hace lugar al planteo, Cristina Kirchner quedará formalmente advertida de que no puede permitir ni protagonizar situaciones que vuelvan a alterar el entorno de su domicilio. Y si esos episodios se repiten, la discusión podría escalar a un terreno mucho más delicado: el de una eventual revisión del beneficio que hoy le permite cumplir la pena fuera de una unidad penitenciaria.
