Buenos Aires, 27 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA-La causa que investiga el viaje en avión privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este sumó este viernes un episodio tan insólito como comprometedor: mientras declaraba ante el juez Ariel Lijo, la testigo Vanesa Tossi recibió un llamado y mensajes de Marcelo Grandío, el periodista amigo del funcionario señalado por haber pagado el vuelo. El contacto, que según distintas reconstrucciones incluyó un mensaje breve para intentar hablar con ella en ese mismo momento, quedó expuesto ante el magistrado y el fiscal Gerardo Pollicita, y terminó de instalar en el expediente una imagen de fuerte nerviosismo alrededor de uno de los protagonistas centrales del caso.
La escena no fue un detalle menor ni un incidente lateral. Ocurrió mientras Tossi, empleada del circuito comercial que intervino en la operación aérea, ratificaba bajo juramento que el traslado de Adorni y su familia fue abonado por Grandío y no por el propio funcionario, como éste había sostenido públicamente. El episodio del llamado, lejos de aliviar la situación, acentuó la impresión de una maniobra desesperada en medio de una declaración que ya venía complicando la defensa política y judicial del jefe de Gabinete. La secuencia, según coincidieron varios reportes periodísticos publicados este viernes, quedó asentada en el expediente y fue observada en tiempo real por las autoridades judiciales.
El testimonio de Tossi profundizó además la contradicción entre la versión oficial de Adorni y los datos que viene recogiendo la causa. La testigo sostuvo que el contacto comercial fue siempre con Grandío, que fue él quien pidió cotización, que presentó el viaje como una invitación para una “familia amiga” a su casa de Punta del Este y que insistió con abaratar costos porque se trataba de una invitación personal. Según esa declaración, la identidad de esa familia —la de Adorni— se conoció una vez que la operación ya estaba encaminada. La testigo también afirmó que se solicitó evitar la facturación, un punto particularmente delicado porque va al corazón de la trazabilidad del gasto y de la consistencia de la defensa pública construida después por el funcionario.
Ese cuadro deja particularmente expuesto a Adorni, que había intentado cerrar la polémica con una frase tajante: aseguró que el viaje se lo había pagado “de punta a punta” y que contaba con las facturas correspondientes. Pero el expediente comenzó a tomar una dirección muy distinta. Primero declaró Agustín Issin, el broker vinculado a la operación, y dijo que tanto la ida como la vuelta habían sido pagadas por Grandío. Ahora, Tossi ratificó esa línea y sumó detalles operativos que vuelven más difícil sostener la explicación del jefe de Gabinete. La contradicción ya no aparece como una simple diferencia de relatos: empieza a perfilarse como un choque frontal entre lo dicho por el funcionario y lo que reconstruyen quienes participaron en la contratación del servicio.
Otro elemento que agravó el cuadro fue la aparición de una carta documento enviada por Grandío cuando el caso ya había tomado estado público. Según declaró la testigo, el periodista desconoció allí la factura y el pago vinculados al vuelo de regreso y pidió, en los hechos, desarmar esa trazabilidad comercial. El dato es relevante porque se combina con otro aspecto que Tossi también relató: dijo que, una vez estallado el escándalo, comenzó a recibir llamados insistentes y en tono alterado de Grandío, a los que optó por no responder. El llamado en plena audiencia, visto bajo esa luz, dejó de parecer un hecho aislado y pasó a insertarse en un cuadro de presiones o al menos de intentos de contacto en un momento procesal extremadamente sensible.
La investigación, mientras tanto, avanzó sobre otra arista delicada: la eventual relación entre el financiamiento del viaje y los vínculos contractuales de Grandío con el Estado. Por orden de Lijo, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentaron en la TV Pública para requerir documentación sobre los contratos de Imhouse, la productora atribuida al periodista. El objetivo es reconstruir si existió un circuito de favores incompatible con la función pública, hipótesis que la fiscalía analiza bajo posibles figuras de dádivas o negociaciones incompatibles. La búsqueda de esa documentación revela que la causa ya dejó de girar sólo en torno a quién pagó el vuelo y pasó a preguntarse por qué lo pagó y qué relación podía existir entre ese beneficio y eventuales negocios con el Estado.
En paralelo, la Justicia también espera respuestas oficiales sobre otras contrataciones y sobre la situación fiscal de los involucrados. En ese escenario, el expediente empieza a rodear no sólo a Grandío, sino también al propio Adorni, porque lo que está en discusión ya no es únicamente la prolijidad de una explicación mediática, sino la posible recepción de un beneficio costoso por parte de un tercero con intereses en la órbita estatal. El viaje a Punta del Este, que en un principio parecía un problema de imagen, mutó así en una investigación judicial con derivaciones patrimoniales, contractuales y penales.
El episodio de este viernes dejó una postal difícil de revertir para el Gobierno. Mientras una testigo clave declaraba ante Lijo, el supuesto pagador del viaje intentó contactarla en ese mismo instante. Y mientras eso ocurría, la versión pública de Adorni se deterioraba todavía más bajo el peso de testimonios coincidentes, documentación aportada a la causa y nuevas medidas de prueba. En términos políticos, el impacto es evidente: el jefe de Gabinete quedó otra vez en evidencia. En términos judiciales, la señal es todavía más inquietante para el oficialismo: el expediente no se enfrió, sino que se profundizó.
