Buenos Aires, 28 de marzo de 2026 – Total News Agency-TNA-. El presidente Javier Milei aprovechó el alivio judicial que recibió la Argentina en el caso YPF para convertirlo en un mensaje político de alto voltaje contra el kirchnerismo y, en particular, contra Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, a quienes responsabilizó por haber empujado al país a una “aventura suicida” con la expropiación de la petrolera en 2012. En una cadena nacional emitida desde la Casa Rosada, el mandatario presentó el revés judicial para los demandantes como una “sentencia histórica” y sostuvo que el Gobierno logró torcer un desenlace que parecía virtualmente imposible.
La decisión que celebró la administración libertaria fue dictada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que dejó sin efecto la condena de primera instancia por 16.100 millones de dólares dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska. Según el fallo, los reclamos por incumplimiento contractual de los demandantes no prosperan bajo el derecho argentino, criterio que dio vuelta un expediente que se había convertido en una amenaza mayúscula para las cuentas públicas. De acuerdo con la reconstrucción judicial y financiera, el monto en disputa ya se acercaba a los 18.000 millones de dólares con intereses, además de haber quedado también sin efecto la orden posterior que obligaba a entregar acciones de YPF para intentar cubrir parte de la condena.
Sobre ese telón de fondo, Milei buscó apropiarse del resultado con un discurso orientado tanto al frente externo como al doméstico. Dijo que el país se sacó de encima una “espada de Damocles” y atribuyó el resultado a la “pericia jurídica, política y diplomática” de su equipo. Pero el punto central de su mensaje estuvo en la carga contra quienes impulsaron la estatización. “Estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida”, afirmó al nombrar explícitamente a Cristina Fernández de Kirchner y a Axel Kicillof, y sostuvo que un revés le habría costado al país una suma imposible de absorber en plena etapa de recuperación económica.
El Presidente insistió además en una idea de fuerte contenido ideológico: “expropiar está mal, porque robar está mal”. A partir de esa definición, sostuvo que la pelea judicial y la señal que dejó la expropiación implicaron para la Argentina una pérdida de al menos 12 años de inversiones, con impacto sobre el crecimiento, el empleo y la pobreza. El mensaje oficial apuntó así a reordenar el caso dentro de la narrativa libertaria clásica: seguridad jurídica, defensa irrestricta de la propiedad privada y cuestionamiento frontal a cualquier intervención estatal que, según la visión presidencial, altere las reglas de mercado y ahuyente capitales.
La puesta en escena también tuvo lectura política. Milei apareció en el mensaje acompañado por Karina Milei, Manuel Adorni y parte del equipo económico y jurídico que intervino en la estrategia del caso. En el discurso oficial reconoció especialmente a María Ibarzabal Murphy, Sebastián Amerio, Santiago Castro Videla, Julio Pablo Comadira, Juan Ignacio Stampalija, Luis Caputo, Pablo Quirno y al embajador Alec Oxenford, a quienes adjudicó una tarea decisiva en la obtención del fallo. Antes de la grabación, además, distintos reportes periodísticos dieron cuenta de un brindis en dependencias de la Casa Rosada, en una señal de triunfo que el oficialismo no quiso disimular.
La decisión judicial, sin embargo, no clausura por completo la controversia política. Desde el universo kirchnerista, Kicillof salió a discutir la apropiación oficial del triunfo y sostuvo que el fallo convalidó, precisamente, argumentos que su espacio venía defendiendo desde hace años sobre la legalidad de la expropiación y sobre la improcedencia del reclamo tal como había sido aceptado en primera instancia. Ese contrapunto expone que, aun con el alivio económico inmediato que implica haber neutralizado una condena multimillonaria, la disputa por la interpretación política del caso recién empieza.
En ese contexto, Milei avanzó un paso más y anunció que ya envió al Congreso un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, con la intención declarada de evitar que una decisión similar vuelva a colocar al país frente a una década de litigios y riesgo patrimonial. Con esa definición, el Gobierno procuró cerrar el episodio no solo como una victoria judicial, sino también como una validación política de su programa económico y de su crítica al ciclo kirchnerista. La señal buscó ser doble: celebrar que la Argentina evitó una condena de magnitud extraordinaria y, al mismo tiempo, usar ese alivio para reafirmar que el costo de aquella expropiación, según la lectura oficial, todavía sigue proyectando sombra sobre el presente.
