Buenos Aires, 28 de marzo de 2026 – Total News Agency-TNA-. La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entró en una fase más delicada dentro de la Casa Rosada. El problema ya no pasa solo por el ruido político que provocaron sus viajes, sus gastos y las dudas sobre su patrimonio, sino por la acumulación de elementos judiciales y documentales que empezaron a complicar su defensa pública. En paralelo al operativo oficial para mostrarlo activo, respaldado y todavía sostenido por Javier Milei y Karina Milei, en el Gobierno crece la incomodidad por el desgaste que arrastra el funcionario y por el costo de seguir atado a una crisis que no encuentra cierre. Medios con llegada al oficialismo y a la oposición coinciden en un punto: aunque la versión formal sigue siendo sostenerlo, en la conversación política ya quedó abierta la pregunta sobre cuánto tiempo más podrá continuar en el cargo.
El propio Adorni intentó recuperar aire esta semana en una conferencia de prensa desde la Casa Rosada, donde aseguró que “no tiene nada que esconder” y que su patrimonio fue construido antes de llegar al Gobierno. Sin embargo, en ese mismo movimiento dejó expuesta una debilidad central de su posición: se negó a dar precisiones concretas sobre aspectos sensibles de su situación patrimonial y del viaje a Punta del Este, bajo el argumento de que existe una investigación judicial en curso y que responder podría “entorpecer la causa”. Esa respuesta, que buscó funcionar como escudo, terminó alimentando el problema político, porque el Gobierno intentó mostrar cierre allí donde todavía siguen abiertas demasiadas preguntas.
Mientras esa defensa se desplegaba en público, la causa judicial avanzó por otro carril. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita profundizaron las medidas para determinar si existieron presuntas dádivas, negociaciones incompatibles con la función pública y un eventual enriquecimiento ilícito. La PSA se presentó en la TV Pública para requerir información sobre contratos y condiciones de vinculación de la productora de Marcelo Grandío con la emisora estatal, un punto especialmente sensible porque el periodista es señalado como la persona que habría afrontado el costo del vuelo usado por Adorni y su familia. En paralelo, la fiscalía pidió oficios a registros de propiedad, vehículos, movimientos financieros, legajos laborales, viajes al exterior y documentación sobre inmuebles y expensas vinculadas al country Indio Cuá, con el objetivo de identificar posibles activos no declarados del funcionario y de su esposa.
El frente más incómodo para Adorni se abrió, sin embargo, con las últimas declaraciones judiciales y los chats incorporados al expediente. Vanesa Tossi, secretaria del piloto Agustín Issin Hansen, ratificó ante la Justicia que el vuelo de regreso desde Punta del Este fue abonado por Marcelo Grandío, y sostuvo que el periodista presentó el viaje como una “invitación” para Adorni y su familia. Según su declaración, Grandío pidió que el vuelo no se facturara, luego envió una carta documento desconociendo esa factura y hasta la contactó durante su propia testimonial. La Nación y TN reportaron además que la testigo aportó chats, que el episodio quedó registrado en la causa y que los pagos del regreso aparecen documentados a nombre del periodista o de su entorno, no del jefe de Gabinete. Todo eso golpea de frente la versión pública de Adorni, que había dicho haberse hecho cargo de sus gastos.
A esa secuencia se sumó otro dato que agravó la lectura política del caso. Según TN, el broker que intervino en la operación entregó mensajes de WhatsApp con pedidos concretos sobre el vuelo atribuidos al entorno de “Manu”, y esos intercambios ya son observados como parte del material que contradice la idea de un traslado privado resuelto y pagado sin terceros. La relevancia de esos chats no está solo en su contenido puntual, sino en que se agregan a una cadena de inconsistencias entre lo dicho por Adorni, lo declarado por el piloto, lo aportado por la secretaria y la documentación que la Justicia sigue reuniendo. En el corazón del problema aparece, cada vez más nítido, el eventual encuadre del caso bajo la figura de presuntas dádivas a un funcionario público de primer nivel.
La presión no termina allí. Sobre el jefe de Gabinete también volvió a proyectarse la sombra del caso $LIBRA y del universo de negocios y contactos que rodearon a Mauricio Novelli. Revelaciones periodísticas basadas en chats peritados y material recuperado del celular del empresario indicaron que Adorni iba a ser figura central del Tech Forum 2025 como orador principal, pese a que en su momento lo había negado en términos tajantes. Esa línea fue reforzada por antecedentes verificables: un artículo de iProUP de febrero de 2025 ya había documentado, con respaldo de capturas y archivos del sitio, que el nombre de Adorni figuraba como speaker confirmado antes de ser removido de la web del evento. Ese frente no prueba por sí solo un delito, pero vuelve a dañar la credibilidad de sus desmentidas y lo conecta, al menos políticamente, con otro expediente incómodo para el mileísmo.
En la superficie, el Gobierno respondió con una demostración de apoyo. Infobae reportó que más de medio gabinete se alineó detrás de Adorni, que la conferencia fue preparada con Santiago Caputo y que en Balcarce 50 intentaron instalar la idea de que el episodio estaba “terminado”. Pero esa puesta en escena, lejos de cerrar el caso, también dejó al descubierto la magnitud del problema: cuando un funcionario necesita exhibir respaldo tan explícito, la crisis ya dejó de ser personal para convertirse en un tema de administración. Incluso dentro de los análisis periodísticos cercanos al poder empezó a filtrarse la misma preocupación: sostenerlo puede ser más costoso que reemplazarlo, aunque todavía no haya una decisión formal de soltarle la mano.
Con ese cuadro, la continuidad de Adorni dejó de depender solo de su voluntad o del reflejo defensivo del Presidente. Hoy está atada a algo más difícil: la capacidad de producir una explicación creíble y documentada frente a una causa que sigue sumando testimonios, chats, pedidos de prueba y derivaciones patrimoniales. En política, muchas veces un funcionario cae cuando se quiebra la confianza en que podrá contener el daño. Ese umbral, en el caso del jefe de Gabinete, parece estar cada vez más cerca. Por ahora, el oficialismo lo sostiene. Pero las últimas declaraciones ante la Justicia y el material que emerge de distintos chats ya no solo complican su situación judicial y política: también empezaron a poner seriamente en cuestión su permanencia dentro del gabinete nacional.
