Por Daniel Romero
Buenos Aires, 28 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La violencia narco en Michoacán entró en una fase todavía más inquietante: autoridades estatales y fuentes de seguridad mexicanas denunciaron la presencia de presuntos paramilitares colombianos operando al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Meseta Purépecha, una región indígena estratégica por sus rutas, recursos naturales, huertas, bosques y condiciones para instalar laboratorios clandestinos.
El foco de la tensión se ubica en comunidades como Sevina, en el municipio de Nahuatzen, donde integrantes del CJNG atacaron a la Ronda Comunitaria y asesinaron a dos de sus miembros. El ataque obligó a la comunidad indígena a reforzar barricadas, establecer restricciones de ingreso y salida, suspender actividades públicas y exigir una respuesta más firme de las autoridades.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que la zona de la Meseta Purépecha está siendo asediada por grupos de la delincuencia organizada y señaló la presencia significativa de extranjeros, especialmente colombianos, dentro de esas células armadas. La denuncia fue acompañada por el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, quien admitió que se detectó un grupo numeroso de sudamericanos operando en corredores clave de la región.
La presencia de estos grupos marca un salto cualitativo en la dinámica del narco mexicano. Ya no se trata únicamente de sicarios locales, halcones o células tradicionales de plaza. La denuncia apunta a hombres con entrenamiento militar, capacidad de desplazamiento táctico, uso de armas largas, disciplina operativa y conocimiento de combate irregular, una lógica más cercana a estructuras paramilitares que a bandas criminales convencionales.
Según reportes de seguridad, esos grupos estarían vinculados a las llamadas Fuerzas Especiales del Tío Lako, identificadas con Heraclio Guerrero Martínez, alias El Tío Lako, jefe de plaza del CJNG en Tanhuato, Michoacán, y operador cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Esa estructura buscaría expandir su dominio hacia la Cañada de los Once Pueblos y consolidar control sobre la Meseta Purépecha.
Las imágenes difundidas desde drones por pobladores de Carapan, en Chilchota, muestran a hombres con vestimenta tipo militar, armas de grueso calibre y movimientos coordinados entre huertas de aguacate. En algunos videos se observan individuos ocultos entre árboles, otros desplazándose en pequeños grupos y al menos un presunto armado que dispara contra el dron al advertir su presencia.
La escena resume la nueva realidad de Michoacán: comunidades indígenas que usan tecnología básica de vigilancia para detectar columnas armadas, mientras grupos criminales con entrenamiento táctico avanzan entre cultivos, caminos rurales y zonas boscosas. El narco ya no sólo disputa rutas de droga; también busca controlar territorios productivos, corredores logísticos y comunidades enteras.
El interés del CJNG por la Meseta Purépecha no es casual. La región conecta con zonas clave como Uruapan, la región lacustre y corredores hacia otros municipios estratégicos. Además, posee bosques con maderas finas, zonas de aguacate, caminos rurales difíciles de controlar y condiciones útiles para la instalación de laboratorios clandestinos destinados a la producción de drogas sintéticas.
La disputa también tiene una dimensión económica. Quien controla la región puede presionar a productores, dominar rutas, imponer extorsiones, mover armas, trasladar químicos, proteger narcolaboratorios y utilizar zonas montañosas o de difícil acceso como refugio operativo. En ese esquema, los paramilitares colombianos funcionarían como fuerza de choque, entrenamiento y consolidación territorial.
El fenómeno no surgió de un día para otro. En Michoacán ya había antecedentes de presencia de ciudadanos colombianos vinculados a grupos criminales. En 2025, autoridades mexicanas detuvieron a varios colombianos, algunos señalados como exmilitares, relacionados con hechos violentos y ataques contra fuerzas federales. Para las autoridades, el patrón revela una estrategia de reclutamiento transnacional por parte del crimen organizado mexicano.
El modelo recuerda una vieja lógica del narcotráfico regional: el intercambio de experiencia criminal entre organizaciones de distintos países. En Colombia, décadas de conflicto armado, guerrilla, paramilitarismo y narcotráfico produjeron perfiles con entrenamiento en combate, emboscadas, explosivos, disciplina de patrulla y control territorial. En México, los cárteles encontraron en esos perfiles una mano de obra especializada para tareas que exceden al sicariato común.
La utilización de extranjeros también ofrece ventajas operativas para las organizaciones criminales. Pueden reclutarlos con promesas de trabajos de seguridad, pagarles más que a sicarios locales, moverlos entre zonas donde no tienen arraigo comunitario y utilizarlos en operaciones de mayor violencia sin comprometer directamente a estructuras locales conocidas. Esa lógica aumenta el peligro para comunidades indígenas, policías municipales y fuerzas estatales.
El fiscal Carlos Torres Piña reconoció que las autoridades detectaron caravanas de entre ocho y diez camionetas con hombres armados en la zona. Los operativos interinstitucionales se intensificaron en municipios como Tangancícuaro, Chilchota, Zacapu, Nahuatzen y Charapan, donde se ubica parte del corredor que el CJNG intenta consolidar.
El corredor parte desde la cabecera municipal de Chilchota y pasa por comunidades como Carapan, Tacuro, Ichán, Huáncito, Zopoco, Santo Tomás, Acachuén, Tanaquillo, Urén y Etúcuaro. Se trata de una franja sensible para la vida indígena purépecha, pero también para la expansión criminal hacia rutas comerciales y zonas productivas.
La ofensiva no sólo apunta a controlar caminos. En comunidades como Nahuatzen, las células criminales habrían intentado apropiarse de la cabecera municipal para organizar desde allí incursiones hacia localidades vecinas como Cherán, símbolo de autodefensa indígena y resistencia comunitaria frente al crimen organizado y la tala ilegal.
La comunidad de Sevina, que desde 2019 se rige bajo la figura de autogobierno, quedó en el centro de esta presión. El ataque contra su Ronda Comunitaria tuvo un mensaje claro: quebrar la defensa local y abrir paso al control criminal. La respuesta de los pobladores fue cerrar filas, reforzar vigilancia y exigir presencia terrestre y aérea del Estado.
El uso de drones por ambos lados agrega otro elemento al conflicto. Los pobladores los utilizan para detectar movimientos armados, pero también denunciaron sobrevuelos sobre su comunidad. En otras zonas de Michoacán, grupos criminales ya usaron drones con explosivos, lo que confirma una escalada tecnológica en la violencia narco.
La presencia de paramilitares colombianos expone además un problema regional. El narcotráfico mexicano ya no opera como una estructura cerrada dentro de sus fronteras. Sus redes compran armas en Estados Unidos, trafican químicos desde Asia, producen drogas sintéticas para mercados globales, lavan dinero en múltiples países y ahora incorporan experiencia militar extranjera para sus guerras territoriales.
Para México, esto representa un desafío de seguridad nacional. La frontera entre crimen organizado, terrorismo criminal, insurgencia territorial y paramilitarismo se vuelve cada vez más borrosa. Cuando una organización como el CJNG puede contratar o integrar combatientes extranjeros, utilizar drones, desplegar caravanas armadas, controlar comunidades y disputar regiones productivas, el problema supera la lógica policial tradicional.
La situación también golpea a las comunidades indígenas, que quedan atrapadas entre la presión del narco y la insuficiencia del Estado. Sevina, Carapan, Acachuén, Cherán y otras localidades purépechas no sólo defienden su seguridad; defienden su autonomía, sus bosques, sus tierras y su forma de vida frente a organizaciones que ven el territorio como un activo criminal.
El Gobierno de Michoacán sostiene que mantiene operativos con fuerzas estatales y federales, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero el reclamo comunitario es más profundo: presencia permanente, inteligencia, control territorial, protección aérea, investigación financiera y desarticulación de las redes que reclutan, pagan y desplazan a estos grupos armados.
El rol de los paramilitares colombianos en el narco mexicano muestra una mutación peligrosa. El CJNG no sólo busca hombres armados; busca capacidades. Busca experiencia militar, disciplina, conocimiento de emboscadas, manejo de armas largas y capacidad de penetrar comunidades resistentes. En la Meseta Purépecha, esa estrategia ya dejó muertos, miedo y una advertencia regional.
La batalla por Michoacán vuelve a demostrar que el crimen organizado no es sólo un problema de drogas. Es una disputa por territorio, producción, comunidades, recursos naturales y soberanía interna. Y cuando el narco importa paramilitares, el mensaje es claro: está dispuesto a elevar el nivel de violencia para controlar lo que considera estratégico.
