Buenos Aires, 30 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA- En la Casa Rosada susurran que el caso de Manuel Adorni ya habría atravesado su momento de mayor exposición y que, sin nuevos episodios resonantes, el desgaste tenderá a apagarse. Pero esa lectura optimista empezó a quedar desmentida por el propio movimiento del expediente judicial, por las declaraciones de testigos y por documentos que no cierran con la defensa política ensayada desde el Gobierno, sin que Adorni de explicaciones. Mientras en Balcarce 50 apuestan a una nueva conferencia y a la presentación de la próxima declaración jurada para “ordenar” el panorama, en Comodoro Py la situación muestra otra dinámica: la investigación no se frenó, se amplió.
El eje más delicado pasa por las actuaciones impulsadas por el fiscal Gerardo Pollicita. El funcionario judicial promovió formalmente la pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito y le pidió al juez Ariel Lijo doce medidas de prueba sobre el patrimonio del jefe de Gabinete. Entre ellas figuran requerimientos de declaraciones juradas públicas y reservadas desde 2022, informes sobre viajes al exterior y oficios a registros de propiedad para determinar la titularidad de inmuebles vinculados a Adorni, a su esposa Bettina Angeletti y a personas de su círculo familiar mencionadas en la documentación del caso. Lejos de una causa ornamental, el expediente empezó a tomar volumen sobre bienes, movimientos y consistencia patrimonial.
A eso se sumó la decisión de Lijo de concentrar bajo su órbita distintas derivaciones del caso. Según lo conocido en tribunales, el magistrado pidió documentación comercial, contable, bancaria y operativa a la firma aérea Alpha Centauri S.A. por el vuelo privado entre San Fernando y Punta del Este, y además reclamó contratos vinculados con la relación entre Grandio, su productora y la TV Pública. Incluso la jueza María Servini se declaró incompetente en una causa paralela sobre el patrimonio de Adorni y la remitió a Lijo, mientras persiste otro expediente a cargo del juez Daniel Rafecas, delegado en la fiscal Alejandra Mangano, por el viaje con su esposa en el avión presidencial a Nueva York. Es decir: no hay un cierre, hay una ramificación judicial en varios frentes.
El punto que más complica al relato oficial sigue siendo el viaje a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval. Adorni sostuvo públicamente que pagó de su bolsillo, pero la causa empezó a poblarse de elementos que tensionan esa versión. Las actuaciones judiciales ya habían avanzado sobre quién abonó el vuelo y si existió o no una justificación oficial para el desplazamiento. Después llegaron las facturas, los registros y los testimonios. En ese cuadro, la afirmación del oficialismo según la cual “ya no hay mucho más” empezó a chocar con un problema clásico de toda crisis política: cuando aparecen papeles y declaraciones convergentes, la explicación defensiva pierde aire.
La declaración de Vanesa Tossi, secretaria de la empresa que intervino en la operatoria del vuelo, agravó esa tensión. Ante la Justicia sostuvo que el viaje de regreso fue abonado por Marcelo Grandio y que se intentó evitar la facturación, algo que, según su relato, la empresa rechazó. También aportó conversaciones e imágenes vinculadas a esas gestiones. Durante su propia declaración, además, recibió un llamado y un mensaje de Grandio —“Vane, ¿podés hablar?”—, episodio que quedó incorporado en la causa y reforzó su denuncia de presiones. A partir de ese cuadro, Pollicita promovió una actuación por presunto hostigamiento y Lijo ordenó medidas de protección para la testigo, prohibiendo contactos, acercamientos e intimidaciones. Ese dato judicial, por sí solo, desmiente la idea de un asunto ya políticamente amortizado.
En paralelo, el frente patrimonial siguió abriendo interrogantes. La pesquisa judicial y la documentación periodística conocida en los últimos días ubican en el centro dos adquisiciones sensibles: la propiedad del country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, a nombre de Angeletti, y el departamento de Caballito donde hoy vive el funcionario junto a su familia. La cuestión no es sólo política sino temporal y declarativa: parte de la discusión pasa por si esos bienes debieron haber sido informados antes y por qué, si el Gobierno sostiene que todo está en regla, no exhibió todavía los comprobantes y respaldos que podrían haber desactivado gran parte de la controversia.
La defensa pública de Adorni tampoco ayudó a cerrar el episodio. El jefe de Gabinete dijo que no tiene “nada que esconder” y que no dará más detalles porque existen denuncias penales en curso, mientras en su entorno aseguran que la próxima declaración jurada aclarará la compra del departamento en Caballito y la situación de la casa de Indio Cua. En la Casa Rosada repiten que el 30 de mayo, cuando venza el plazo de presentación patrimonial, “va a quedar todo aclarado”. Sin embargo, esa apuesta convive con una evidencia incómoda: el expediente judicial ya está en marcha, las medidas de prueba ya fueron pedidas y los testimonios conocidos hasta ahora no consolidan la versión oficial, sino que la erosionan.
Por eso, el problema político del Gobierno no parece ser sólo el impacto en encuestas o la necesidad de arropar a Adorni con ministros, conferencias y foto institucional. El problema es más profundo: mientras el oficialismo intenta instalar que el caso habría tocado techo, la secuencia de actuaciones judiciales, declaraciones testimoniales, facturas y chats muestra exactamente lo contrario. En vez de un escándalo agotado, lo que asoma es una causa todavía abierta, con zonas sin explicar y con una administración que, hasta ahora, respondió más con optimismo declamado que con documentación concluyente.
