Buenos Aires, 31 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA-. La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó este martes un movimiento que cambió el tono del expediente: lo que había empezado como una ampliación de denuncia impulsada por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro derivó rápidamente en una medida concreta de la fiscalía, que citó como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, la profesional que intervino en la compra del departamento de Caballito y que, según reconstrucciones judiciales, también habría participado en la operación vinculada a la propiedad de Indio Cuá registrada a nombre de Bettina Angeletti. La declaración fue fijada para el 8 de abril y, en los hechos, marca que la causa dejó de girar sólo en torno a denuncias políticas para empezar a meterse de lleno en la mecánica documental de las operaciones inmobiliarias bajo sospecha.
El punto que empujó esta nueva etapa fue la compra del inmueble de la calle Miró, en una de las zonas más cotizadas de Caballito. La escritura quedó registrada por USD 230.000, pese a que se trata de una unidad de casi 200 metros cuadrados con cochera, y la mayor parte de la operación fue financiada con una hipoteca privada de USD 200.000. En esa documentación figuran como acreedoras Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, dos mujeres que aparecieron como prestamistas en partes iguales. El dato que terminó de encender las alarmas fue que ambas, al ser consultadas públicamente, negaron conocer al jefe de Gabinete o tener presente una operatoria de ese tipo. Esa combinación —precio bajo, financiamiento atípico y prestamistas que dicen no conocer al comprador— es la que ahora empieza a quedar bajo una observación judicial mucho más seria.
La escribana quedó en el centro porque no sólo certificó la compraventa del departamento, sino que también aparece ligada a la escritura de la casa de Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz qué Total News revelo en excliva el 15 de Marzo y que figura a nombre de la esposa de Adorni desde noviembre de 2024. Ese cruce entre ambas operaciones es uno de los puntos que quieren aclarar los denunciantes y que ahora la fiscalía también mira con atención. Según la información incorporada al expediente, en la causa se busca precisar cómo se estructuraron ambas adquisiciones, por qué una propiedad fue inscripta sólo a nombre de Angeletti y si existieron fondos, vínculos o mecanismos de financiamiento que no quedaron debidamente explicados en las declaraciones patrimoniales conocidas hasta ahora.
La causa está en manos del juez Ariel Lijo con impulso del fiscal Gerardo Pollicita, que ya había pedido una batería amplia de medidas de prueba antes de esta citación. Entre ellas figuran oficios a registros de propiedad, pedidos sobre vehículos, aeronaves y embarcaciones, reportes bancarios, la revisión de las declaraciones juradas de Adorni desde 2022, el análisis de su legajo laboral en la función pública y la verificación de ingresos y situación patrimonial de las personas que aparecen como prestamistas. También se pidió información a la administración de Indio Cuá y a la municipalidad de Exaltación de la Cruz para determinar quién paga expensas, si hubo permisos de obra y si existen mejoras o construcciones vinculadas al matrimonio. Todo eso muestra que la fiscalía no está mirando un hecho aislado, sino una posible evolución patrimonial completa.
Otro punto que complica al funcionario es la distancia entre el valor escriturado y las referencias privadas de mercado para una propiedad similar en esa zona. Comparaciones publicadas este martes con unidades del mismo corredor de Caballito Sur y estimaciones de operadores inmobiliarios ubican inmuebles equivalentes en una franja bastante superior, con valuaciones cercanas a USD 360.000, USD 375.000 e incluso USD 450.000, según metraje, estado y cochera. Eso no prueba por sí solo una irregularidad, pero sí refuerza la sospecha de que la operación merece ser revisada con detalle, sobre todo cuando fue cerrada apenas dos semanas después del ascenso de Adorni a la Jefatura de Gabinete.
En Balcarce 50 insisten en que no existe ninguna irregularidad y que toda la documentación está a disposición de la Justicia. El propio Adorni sostuvo en sus últimas intervenciones públicas que construyó su patrimonio durante 25 años de actividad privada y que los bienes que todavía no aparecen en sus declaraciones serán incorporados cuando corresponda por cierre de período. Pero la dinámica que tomó el expediente empieza a correr por otro carril. Ya no se trata solamente de responder con una conferencia de prensa o con una explicación general sobre ingresos previos al Estado. Con la escribana llamada a declarar y con la fiscalía tirando del hilo sobre inmuebles, viajes, vehículos, ingresos y prestamistas, la causa comenzó a entrar en una zona bastante más incómoda para el jefe de Gabinete.
