Buenos Aires-6 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- El ministro de Economía, Luis Caputo, eligió este domingo un doble frente de defensa política: por un lado, justificó sin matices que funcionarios y legisladores oficialistas hayan accedido a créditos hipotecarios millonarios del Banco Nación; por otro, respaldó abiertamente a Manuel Adorni, hoy cercado por una investigación patrimonial por presunto enriquecimiento ilícito. En una entrevista televisiva, Caputo sostuvo que no hay “nada ilegal y mucho menos inmoral” en que cuadros del Gobierno tomen esos préstamos y hasta afirmó que él mismo recomienda aprovechar esa línea de financiamiento. La señal fue transparente: la administración de Javier Milei no piensa retroceder, por ahora, ni ante el escándalo de los créditos ni ante el desgaste político que ya envuelve al jefe de Gabinete.
El argumento central del titular del Palacio de Hacienda fue que los beneficios no implican privilegios, sino una posibilidad abierta a cualquier cliente que cumpla con el análisis crediticio correspondiente. Según su explicación, el Banco Nación ya otorgó más de 27.000 créditos hipotecarios y los casos vinculados a funcionarios representan menos del 0,2% del total. Con ese dato, Caputo intentó bajar el volumen del escándalo y presentar la controversia como una operación política opositora antes que como un problema ético dentro del oficialismo. También remarcó que las tasas, plazos y montos serían iguales para todos, y que resulta lógico que muchos funcionarios recurran al banco estatal porque allí cobran sus salarios.
Sin embargo, el problema no desaparece sólo porque el ministro lo relativice. El propio debate público se intensificó porque desde 2024 existe una línea específica para empleados del sector público con condiciones más favorables, entre ellas un mayor porcentaje de financiamiento sobre el valor del inmueble. Eso abrió una discusión nada menor: si los funcionarios políticos, con cargos transitorios y alta exposición pública, deben o no ser equiparados a empleados públicos de carrera al momento de recibir ese tipo de beneficios. Sobre ese punto se montó el pedido de informes impulsado por el diputado Esteban Paulón, quien reclama precisiones sobre eventuales condiciones preferenciales, evaluaciones de riesgo y criterios utilizados para aprobar préstamos de varios cientos de millones de pesos a figuras del oficialismo.
Entre los nombres que quedaron bajo la lupa aparecen Federico Furiase, actual secretario de Finanzas, con un crédito superior a 367 millones de pesos, y Felipe Núñez, director del BICE y asesor del equipo económico, con un préstamo cercano a 373 millones. A ellos se suman otros funcionarios y legisladores libertarios que quedaron expuestos cuando se cruzaron registros públicos de la Central de Deudores del BCRA. El caso se volvió todavía más incómodo para el Gobierno luego de la salida de Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete de Sandra Pettovello, una baja que mostró que no todos en el oficialismo están dispuestos a absorber con la misma tranquilidad el costo político del asunto.
En paralelo, Caputo también buscó cerrar filas detrás de Adorni, una figura cuya continuidad ya genera ruido dentro y fuera de la Casa Rosada. “Opino bárbaro de Adorni”, dijo el ministro, en línea con la estrategia presidencial de sostenerlo mientras la Justicia avanza sobre sus viajes, propiedades y movimientos patrimoniales. La defensa no es casual: en el corazón del poder libertario entienden que una caída de Adorni no sería leída sólo como la salida de un funcionario cuestionado, sino como una grieta en el dispositivo político más cercano a los hermanos Milei. Por eso, cada gesto de respaldo cuenta. Y por eso también el Gobierno se ve obligado a blindarlo una y otra vez, aunque el costo en imagen siga acumulándose.
El problema para el oficialismo es que todo esto ocurre mientras la economía empieza a mostrar señales menos confortables en el frente social. Caputo admitió que la inflación de marzo podría ubicarse algo por encima de febrero, empujada por la suba de combustibles asociada a la guerra en Medio Oriente y por el impacto estacional de educación. Las consultoras privadas relevadas en los últimos días ubicaron sus proyecciones entre 2,7% y 3,2%, con lo cual el IPC volvería a moverse en una zona que incomoda al relato de desaceleración sostenida. A eso se suma otro dato que el propio ministro reconoció: desde el inicio de la gestión se perdieron unos 270.000 empleos formales, con efecto negativo sobre la recaudación. Es decir, mientras el Gobierno intenta presentar los créditos como algo normal y moral, el frente económico ya no ofrece el mismo colchón político de meses atrás.
Así, la defensa de Caputo buscó instalar una idea simple: no hay privilegio, no hay inmoralidad y no hay motivo para ceder ante la presión opositora o mediática. Pero la magnitud del ruido demuestra que el tema está lejos de quedar cerrado. Porque en una administración que construyó buena parte de su identidad sobre el rechazo a la casta y a los beneficios del poder, la discusión ya no pasa sólo por la legalidad formal de un crédito hipotecario. Pasa, sobre todo, por el costo político de explicarle a una sociedad exhausta que, en plena tensión económica, esos préstamos millonarios no tienen nada de extraordinario.
