Buenos Aires, 12 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- El frente más delicado del universo camionero volvió a quedar expuesto con un dato que, por volumen, oportunidad y destino, sacudió al sindicalismo y reavivó viejas sospechas sobre el manejo de la caja gremial. Entre el 5 y el 17 de septiembre de 2025, desde cuentas del Sindicato de Camioneros y de la obra social OSCHOCA se habrían girado cerca de $900 millones a fideicomisos y estructuras vinculadas al entorno empresario de Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano y figura central en la administración del holding que desde hace años orbita alrededor del gremio.
La secuencia no pasa inadvertida ni por los montos ni por el contexto. Los movimientos se habrían realizado justo cuando la obra social atravesaba una crisis financiera cada vez más visible, con demoras en pagos, deterioro de prestaciones, malestar interno y crecientes señales de agotamiento en la estructura sanitaria del gremio, segun lo informo La Nación. Es decir, mientras la caja médica mostraba síntomas de asfixia y el sistema empezaba a crujir, una porción millonaria de fondos habría salido hacia fideicomisos de reciente creación que aparecen conectados con firmas históricamente asociadas al esquema económico manejado por Zulet.
Según la reconstrucción conocida en las últimas horas, fueron cinco transferencias distribuidas en apenas doce días. Dos de ellas se habrían concretado el 5 de septiembre; otra, el 9; y las dos últimas, el 16 y 17 del mismo mes. Parte de esos fondos habrían tenido como destino los fideicomisos Thoth, Khasis y Dhanvantari, todos con nexos societarios y fiscales que remiten al entramado empresario vinculado al clan familiar. En el mismo circuito aparecen además sociedades como Iarai, Aconra y Dixey, compañías que desde hace años son señaladas como piezas centrales del modelo de negocios montado alrededor de la estructura camionera.
El punto más sensible no es solo el recorrido del dinero, sino la sospecha de que ese movimiento podría haber coincidido con un momento crítico de la obra social. OSCHOCA arrastra desde hace tiempo cuestionamientos por caída en la calidad de atención, reducción de servicios, conflictos con trabajadores y un rojo que, según distintas reconstrucciones periodísticas y fuentes sindicales, sería de enorme magnitud. En noviembre del año pasado, el conflicto escaló con protestas en sanatorios de Avellaneda, San Justo, Villa Martelli y el Sanatorio Antártida, donde empleados denunciaron atrasos salariales y apuntaron directamente contra Zulet, a quien adjudican el control operativo del sistema. A eso se sumaron testimonios de afiliados que describieron demoras, falta de especialistas, coseguros, menor cobertura de medicamentos y un progresivo deterioro administrativo.
En paralelo, el otro frente que complica al moyanismo sigue abierto en Mar del Plata. Allí avanza una investigación judicial por presuntas irregularidades en el Hotel 15 de Diciembre, donde ya fueron imputados dos ex dirigentes del gremio: Claudio Balazic y Paulo Villegas. La causa, a cargo del fiscal Carlos David Bruna, analiza una presunta estafa millonaria y mantiene bajo observación documentación contable que, de profundizarse, podría proyectar sus efectos sobre otras áreas de la estructura financiera del sindicato. Dentro del mundo camionero nadie desconoce que una pericia que salte del hotel a las cuentas centrales del gremio podría abrir un escenario mucho más incómodo para Moyano.
Por eso, lo que aparece detrás de esta nueva revelación no es apenas una operación bancaria llamativa. Lo que asoma es la postal de un poder sindical envejecido, con una sucesión en disputa, una interna familiar cada vez menos contenida y una obra social en crisis, mientras el núcleo empresarial más próximo al jefe camionero sigue ocupando posiciones clave en el manejo de fondos, servicios y sociedades proveedoras. En ese marco, la figura de Zulet volvió a quedar en el centro de todas las miradas.
El problema político para Moyano es evidente. A los 82 años, ya no enfrenta solamente cuestionamientos externos, sino también un desgaste interno que erosiona la autoridad del clan sobre uno de los gremios más poderosos del país. Si las transferencias ahora conocidas derivan en nuevas actuaciones judiciales o en pedidos de explicación más profundos, el histórico jefe camionero podría quedar otra vez bajo presión por una sospecha que lo acompaña desde hace años: que el límite entre patrimonio sindical, obra social y negocios privados habría sido demasiado difuso.
