Buenos Aires, 13 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- El régimen de Irán volvió a exhibir en 2025 uno de sus rasgos más brutales: el uso sistemático de la pena de muerte como instrumento de terror interno, disciplinamiento social y represión política. Un informe anual conjunto de Iran Human Rights y Together Against the Death Penalty sostuvo que las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 1.639 personas durante el año pasado, una cifra que implica un salto del 68% frente a las 975 registradas en 2024 y que constituye el nivel más alto documentado desde 1989. Las organizaciones advirtieron además que el número real podría ser todavía mayor, ya que centenares de casos no pudieron incorporarse por falta de doble verificación independiente.
La dimensión del dato deja al descubierto una maquinaria represiva aceitada y cada vez menos disimulada. El propio informe remarca que la pena capital sigue siendo una “herramienta central de opresión y represión política” en manos de la República Islámica, y que la escalada se produce en un contexto de deterioro generalizado del debido proceso, juicios injustos y condenas basadas en confesiones arrancadas bajo tortura. La ONU, a través de su misión internacional de investigación, ya había alertado en octubre de 2025 por el deterioro de la situación de los derechos humanos y por el extraordinario aumento de ejecuciones, mientras que Amnistía Internacional viene denunciando que Irán es el país con más ejecuciones per cápita del mundo y el segundo en términos absolutos detrás de China, aunque sobre este último no existen cifras confiables.
El dato más revelador sobre la brutalidad del régimen no pasa sólo por la cantidad, sino por la lógica de selección de las víctimas y por la función política del castigo. De acuerdo con el reporte, 795 de los ejecutados fueron condenados por delitos vinculados con drogas, 747 por causas de “qisas” ligadas a homicidios, 57 por cargos de seguridad y 37 por violación. Al menos 48 mujeres fueron ejecutadas, el mayor número en más de dos décadas; hubo 11 ahorcamientos en espacios públicos, incluso con menores entre los espectadores; y 852 sentencias de muerte provinieron de los Tribunales Revolucionarios, una de las estructuras más cuestionadas del sistema judicial iraní. Ese combo describe algo más que severidad penal: retrata un Estado que convierte la muerte en espectáculo ejemplificador y en mecanismo de control.
Irán ahorca a un joven campeón de lucha libre en una ejecución colectiva por las protestas de enero
La presión represiva tampoco parece haber disminuido en 2026. Las ONG que monitorean el caso iraní advirtieron que, si el régimen logra sobrevivir a la actual crisis militar y política, existe un “grave riesgo” de que las ejecuciones se expandan todavía más como herramienta de dominación. El informe fue publicado en momentos en que los iraníes arrastran todavía el impacto de la masacre de manifestantes de enero de 2026, considerada por esas organizaciones como la mayor matanza de protestatarios en la historia de la República Islámica. La ONU señaló en febrero que miles de personas habían sido detenidas, desaparecidas o seguían sin paradero claro tras aquellas protestas, y reclamó que se detuvieran todas las sentencias de muerte relacionadas con esas manifestaciones.
En ese marco, el régimen iraní aparece cada vez más como una estructura que no sólo reprime, sino que administra el miedo con método industrial. Las organizaciones denunciaron que en marzo comenzaron a ejecutarse condenas contra detenidos en las protestas de enero luego de procesos “groseramente injustos”, y alertaron que cientos de arrestados siguen en riesgo de recibir pena capital. Human Rights Watch reforzó ese diagnóstico al denunciar ejecuciones secretas, arbitrarias y masivas contra presos políticos y disidentes, incluso mientras el país atraviesa el impacto de la guerra y de los bombardeos. La conclusión que se impone es dura, pero difícil de esquivar: la horca ya no funciona en Irán como una excepción judicial, sino como un lenguaje cotidiano del poder.
El informe también metió presión sobre las potencias occidentales en un momento de negociaciones frágiles con Teherán. Tras las conversaciones mantenidas en Islamabad entre delegaciones de Estados Unidos e Irán, que terminaron sin acuerdo, los responsables del reporte reclamaron que la abolición de la pena de muerte y la liberación de los presos políticos pasen a ocupar un lugar central en cualquier diálogo futuro. No es un planteo menor: discutir con Irán sin poner sobre la mesa la maquinaria de ejecuciones equivale, en los hechos, a tolerar que el régimen siga utilizando la soga como herramienta de supervivencia política. Ese es, precisamente, el costado más brutal del sistema iraní: no mata sólo para castigar, mata para gobernar.
